La mayoría de la gente, como cualquier jornada, sube o baja apurada las escalinatas y atraviesa las puertas vidriadas, giratorias, con sus pilas de fojas cosidas, con sus documentos de vaya a saber qué contiendas o trámites. Entra o sale de esa mole cuadrada que ocupa toda la manzana, enorme, de mármol, imperturbable. Alguien levanta la vista y tal vez escucha: “Que esto no se quede así por favor, que no queden impune todas estas muertes. No nos abandonen”. La que suplica, estallada en lágrimas, mientras su tímida voz es amplificada por un potente equipo de sonido, es Liliana Mancilla, madre de Yanina García, una de las nueve personas asesinadas en la represión de 2001 en la provincia de Santa Fe. Cada 19 de diciembre, el ritual se repite. Familiares de las víctimas se juntan frente a los tribunales provinciales de Balcarce y Montevideo, y reclaman Justicia, como el primer día. “Cada vez más solos”, según Liliana.

“Diez policías participaron. Una de las balas de esos policías fue la que le quitó la vida. La causa fue cerrada. Todas las causas cerraron. La impunidad es total”, se queja la madre de Yanina García ante El Eslabón. Su hija, que el 19 de diciembre de 2001 tenía 18 años, “estaba lista, recién cambiada”, para ir al centro con su nena de dos años. Vivían en Pascual Rosas y Pasco. “Se había preparado para ir comprar un regalito para el Niño Dios. Se fue para la casa porque se había olvidado algo y una bala perdida de esos policías le pegó en el pecho y a las pocas horas falleció”, recuerda Mancilla minutos antes del inicio del acto.

María Martínez es la viuda de Rubén Pereyra, un joven de 19 años de barrio Las Flores, también asesinado por la policía el 19 de diciembre de 2001 mientras esperaba –engañado, al igual que una cola de centenares de personas– un supuesto reparto de comida acordado con el Hipermercado Libertad. Pero del camión que pensaron traía los alimentos, bajó una patota policial que disparó a discreción, hirió a decenas de vecinos y vecinas de la zona sur, y mató a Rubén. “Todas las causas, de tanta gente muerta, de tantos heridos, quedaron en la nada. La provincia no hizo nada ni en lo civil ni en lo penal”, dice Mary, mientras Liliana Leyes de ATE Rosario, abre la actividad desde el escenario improvisado sobre calle Balcarce. “Hoy, el reclamo sigue puesto en la Justicia. Queremos que haya justicia acá y a nivel nacional”, subraya.

Imagen: JEB

“También reclamamos que la provincia se haga cargo y ayude a las familias que vivieron situaciones muy feas y dolorosas. Pasaron 17 años y no tuvimos ninguna respuesta de nada”, reconoce Mary, y cuenta que “Alicia Gutiérrez y otros diputados presentaron varias veces un proyecto de pensión para los familiares, pero no avanzó”. “En ese momento, tal vez hubiera servido, cuando teníamos hijos menores de edad, ahora ya es tarde”, agrega la mujer, quien además marca que, como otros hijos e hijas de las víctimas, la suya ya tiene 19 años, la misma edad de su padre cuando fue asesinado.

El puñado de militantes de organizaciones sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos que acompañan la protesta se resguardan del solazo que asoma cada tanto entre las nubes. Unas gotas amenazan complicar el acto, pero se quedan en el amague nomás. El mate circula de mano en mano cebado por los pibes del Ludueña como Lucas o Bichito, formados en los grupos juveniles que impulsó en esa barriada popular Claudio Pocho Lepratti, el referente social cristiano asesinado sobre el techo de una escuela en Las Flores, mientras exigía a los uniformados que dejen de tirar sobre ese lugar repleto de niños y niñas.

Imagen: JEB

En el micrófono, precisamente toma la palabra Celeste, hermana de Pocho; la representante de los familiares que desde hace algunos años encarna la palabra más politizada de ese colectivo. Lepratti está a punto de culminar su mandato como concejala de Rosario por el Frente Social y Popular (FSP). La referencia a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo que se avecinan aparecen en su discurso, pero para marcar el contraste con lo que sienten cada vez que se acercan estas fechas.

“No es tiempo de fiesta para nosotros y nosotras. No esperamos un mejor año nuevo. Llega esta fecha y nos encontramos para reclamar lo mismo de siempre, como el primer día, esa justicia que no está”, arranca Celeste, quien destaca que además de estar para recordar “a nuestros seres queridos”, se hacen presentes todos los años “para seguir señalando a quienes participaron en la masacre de aquellos días, policías de la provincia y los responsables políticos”. El nombre del ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, una vez más es el blanco principal a la hora de indicar “quiénes impartieron las órdenes de la masacre”.

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Rosario con ocho muertes y la provincia con nueve, marcaron un récord dentro de la feroz represión que en el plano federal decretó, estado de sitio mediante, el eyectado por la revuelta popular presidente radical Fernando de la Rúa. Fueron 39 homicidios a nivel nacional.

Lepratti coincidió con las otras familiares –madres, parejas, hermanas, todas mujeres–, en denunciar el rol de la Justicia provincial en la investigación de los homicidios y la represión. “Trabajó para que los asesinatos queden impunes”, aseguró. “Sólo hubo una respuesta parcial en alguno casos, que se demoraron muchísimo y con condenas insatisfactorias, como en el caso de Pocho, donde Esteban Velázquez, el policía que condenaron por su asesinato, por ejemplo, que no cumplió ni la mitad de la condena y ya está en libertad, y que tuvo los privilegios que se le niegan a cualquier preso”, apuntó Celeste. Y agregó: “Peor todavía fue el caso de Graciela Acosta, su hijo aquí presente lo recuerda muy bien”.

En ese marco, Lepratti adelantó que “se está construyendo un mapa de la impunidad, con el que vamos a poder saber dónde está cada uno de los policías y los responsables políticos de la masacre”. Una suerte de escrache colectivo.

También se escuchó la palabra de algunos referentes sociales, gremiales y políticos, quienes además de hacer su lectura de lo que ocurrió en aquellas jornadas –en las que, analizaron, “explotó el modelo neoliberal” y el “pueblo echó, en la calle con piquetes y cacerolas, al gobierno de la Alianza”–, invitaron a la marcha que también se hace todos los años y que en esta oportunidad se realizó al día siguiente, el jueves 20, desde plaza San Martín hacia la ronda de las Madres de plaza de Mayo.

“Justicia por los asesinatos de diciembre de 2001”, exige una bandera colocada sobre la escalera del tribunal. Otra, que reclama “Juicio y castigo a todos los culpables”, tiene impresos los rostros de las nueve víctimas de la policía que en esos días conducía el ex corredor de Fórmula 1 y entonces gobernador. En Rosario y Santa Fe, los asesinados fueron Walter Campos, Rubén Pereyra, Yanina García, Graciela Acosta, Graciela Machado, Ricardo Villalba, Juan Delgado, Claudio Lepratti y Marcelo Pasini. Sus nombres fueron repetidos varias veces en la jornada, como un mantra, acompañados por el también ritual “presente, ahora y siempre”, heredado de las primeras organizaciones de derechos humanos. No olvidarlos, es lo más cercano a un acto de justicia que han tenido.

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