Parecía que se había hecho Justicia. Que el tan ansiado momento había llegado y que la consigna que se repitió miles de veces en Brasil y el mundo, “Lula libre”, se convertiría, al fin, en realidad. Pero la alegría, la esperanza, y la expectativa duraron apenas cuatro horas. Y finalmente, todo quedó igual. La injusticia se restableció rápidamente. El statu quo sólo se pegó un susto. Los poderes fácticos saben defenderse. Y tienen con qué.
La libertad de Lula resultó apenas un espejismo en un país en el que dentro de pocos días comienza la era Bolsonaro. El 1º de enero asume el presidente electo, Jair Bolsonaro. Y sus designaciones, sus declaraciones y sus anuncios auguran un futuro poco auspicioso.
Para Bolsonaro, la decisión de la Justicia que disponía la libertad de Lula “ponía en riesgo el bienestar de nuestra sociedad”. El mandatario designó al juez Sergio Moro, el que condenó a Lula, “sin pruebas, pero por íntima convicción” (según dijo el magistrado), como Ministro de Justicia. De esta manera, por si hiciese falta, quedó en claro la existencia de la trama judicial-mediática que prescribió a Lula para impedir que fuera candidato.
Ante la posibilidad de que Lula saliera en libertad, el Alto Comando del Ejército realizó una reunión de urgencia “para discutir las posibles consecuencias” de la decisión de la Justicia de posibilitar la libertad del dirigente. Durante el encuentro, “los militares discutieron los posibles escenarios que se abrían a partir de esa medida, inclusive manifestaciones o disturbios en las calles”.
Según trascendió, los militares se reunieron en su carácter de “responsables de mantener el orden y el funcionamiento de las instituciones del país”.
El Alto Comando es un grupo colegiado al mando del comandante Eduardo Villas Boas, el mismo que salió a amenazar con sacar el ejército a la calle cada vez que surgía la posibilidad de que Lula dejara la cárcel.
Medida y contramedida judicial
El juez del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurelio Mello, había firmado una cautelar disponiendo la excarcelación de los presos con sentencias en segunda instancia, o sea a aquellos que les quedara alguna posibilidad de apelar sus sentencias. A Lula le quedan dos instancias de apelación.
“Todavía vivimos en un estado democrático, ¿no?”, señaló Mello ante la prensa, comentando su decisión. Pero este acto de Justicia tuvo una corta vida.
De acuerdo con la decisión de Mello, se debe respetar el artículo 283 del Código de Proceso Penal, que establece que la prisión sólo puede ocurrir después del tránsito en juzgado, es decir, cuando no caben más recursos dentro del proceso.
La decisión del magistrado se produce dos días después de que el presidente del Tribunal, Antonio Dias Toffoli, marcó para el 10 de abril de 2019 juzgar el tema.
En esa fecha serán analizados tres recursos que piden la prohibición de cárcel tras condena en segunda instancia, en virtud del principio de presunción de inocencia.
El principal argumento de esas acciones es que el artículo 5 de la Constitución brasileña define que “nadie será considerado culpable, hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria”.
Desde 2016, el Supremo Tribunal Federal entiende que la prisión es posible después de la condena en segunda instancia, aunque las acciones presentadas al Tribunal apuntan a cambiar ese entendimiento.
Pero cuatro horas después de la decisión de Mello, cuando ya se habían movilizado militantes del Partido de los Trabajadores y movimientos sociales, el presidente del mismo Supremo Tribunal Federal, Antonio Dias Toffoli, revocó la resolución que autorizaba la libertad de Lula.
El magistrado hizo lugar al recurso presentado por la Procuraduría General de la República alegando que la excarcelación de Lula y otros presos en su misma condición ponían en riesgo el “orden y la seguridad” nacionales. Un argumento idéntico al de Bolsonaro y los militares.
“Felicitaciones presidente del Supremo por derribar una cautelar que podría poner en riesgo el bienestar de nuestra sociedad”, tuiteó Bolsonaro. Y todo el establishment brasileño respiró feliz.
