Los vecinos, vecinas y militantes de la Asamblea de Vecinos de la Sexta y la Sexta Resiste, presentaron este viernes un recurso de habeas corpus preventivo colectivo ante «los constantes y ya sistemáticos hechos de público conocimiento de represión, hostigamientos, persecución, amenazas y saturación de fuerzas policiales y de civiles». Según señalaron, los hechos denunciados ocurren desde abril y fueron «ordenados por el gobierno provincial y municipal por luchar contra los desalojos del espacio comunitario de calle Esmeralda y La Paz y de las viviendas de los vecinos que exigen que el Estado reconozca a través de la ley nacional 24.374 los derechos adquiridos sobre sus casas». El recurso fue rechazado en primera instancia por el juez en lo penal Luis María Caterina, pero la resolución fue apelada y la nueva audiencia se realizó este viernes en el Nuevo Centro de Justicia Penal.
El conflicto territorial en el barrio La Sexta ya lleva largo tiempo, pero en los últimos meses se agudizó. La provincia, la municipalidad y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) pretenden desarrollar un proyecto en parte de las tierras aledañas a la ciudad universitaria, donde desde hace años hay todo un barrio. Mientras buena parte de los vecinos –la intendencia asegura que más de 300– aceptaron la propuesta de las autoridades para reubicarlos, hay otro grupo de familias que no está de acuerdo, las cuales –según contaron a Redacción Rosario– esperan que el conflicto se resuelva por la vía negociada y no represiva, tal cual reclamaron varias veces organizaciones de derechos humanos de la ciudad. Desde la Municipalidad dicen que quienes se resisten al proyecto “son ajenos al barrio”, mientras que la Asamblea de vecinos de La Sexta denuncia que “son 1500 las familias afectadas”.
En noviembre de este año, los intentos de desalojo y la represión frente a la resistencia se hicieron sentir con fuerza y terminaron con un militante detenido por «obstrucción de la vía pública», penalizando así la protesta social. Guillermo Piccolo estuvo detenido casi 30 días hasta que finalmente fue liberado sin restricciones.
El habeas corpus preventivo que volvió a presentarse este viernes en el Centro de Justicia Penal busca evitar «que se naturalicen e institucionalicen estos gravísimos hechos represivos permitiendo su impunidad en el marco de un justo y legítimo reclamo social».
