Terminó el 2018 sin que se aprueben dos normas claves por “la presión de tres obispos”, según señaló el diputado Carlos del Frade. Por su lado, la diputada Silvia Augsburger confió en que se traten en febrero, de lo contrario sería avalar “el discurso bolsonariano”, indicó.

Concluyó el año y dos leyes clave para el ámbito educativo quedaron en capilla: la provincial de educación y la de educación sexual integral (ESI). Las iniciativas habían logrado la aprobación de Diputados pero fueron frenadas en el Senado santafesino. En charla con El Eslabón, la diputada Silvia Augsburger (Igualdad y Participación) y el diputado Carlos del Frade (Frente Social y Popular), señalaron como responsables del cajoneo a la presión de los sectores más conservadores.  

El año pasado los proyectos de ley de educación provincial y de ESI lograron la media sanción de los Diputados santafesinos. La expectativa estaba puesta en que los dos se aprobaran antes de que termine el 2018, pero ni las sesiones extraordinarias de diciembre alcanzaron para que el Senado, afín a los deseos de la derecha y la jerarquía eclesiástica, las haga efectivas. Tampoco fueron suficientes dos modificaciones introducidas a último momento a la norma de educación provincial: quitar el término “perspectiva de género” en el capítulo dedicado a la educación sexual integral y limitar el carácter de “educación laica” a las escuelas estatales.

Una batalla cultural

“En febrero tenemos que sacar la ley de educación provincial”, expresó esperanzada  Augsburber. Para la legisladora que este proyecto no salga, al igual que la ley de ESI, es por la clara incidencia que los sectores conservadores tienen sobre el Senado de la provincia. Al respecto comparó sobre cómo “el discurso bolsonariano” contra la llamada “ideología de género” pareciera extenderse sobre la Cámara Alta. Es que uno de los puntos de discordia es el capítulo dedicado a la ESI.   

La legisladora repasó aquí que la provincia, en función de que se apruebe la norma, realizó algunas modificaciones al proyecto original. Básicamente se quitó el término “con perspectiva de género” a lo que refiere a la ESI, y se pasó a considerar la laicidad de la enseñanza solo para las escuelas estatales. En tanto que las escuelas confesionales, pueden dictar clases de catequesis pero no obligar a sus alumnas y alumnos a profesar la religión que sostienen.  

A pesar de estas presiones, Augsburger confía que este proyecto sea tratado en febrero y se apruebe. “Contar con esta ley es importante como política de Estado”, apreció.

Sobre el proyecto de ley de ESI consideró que además de ser un derecho ofrecer esta enseñanza “es una imposición ante la realidad”. La describió como la posibilidad de darles pelea a los abusos, los acosos y los delitos sexuales. “Se trata de garantizar derechos”, insistió.   

Resaltó la importancia de que la provincia cuente con su propia ley de ESI  “porque garantiza equipos y presupuesto, y además es simbólico”. “Esta es una batalla cultural. Aún sin ley tenemos la responsabilidad de hablar de ESI”, subrayó al señalar que es “el tema” que sin duda ha marcado el 2018 y marca la agenda de la actualidad. Augsburger se mostró confiada en la discusión democrática que se pueda dar en la Legislatura, pero también en la fuerza del Movimiento Feminista para conseguir la aprobación de esta herramienta legal.

Presión de los obispos

“Las dos leyes están trabadas por la presión de tres obispos: el de Rosario (Eduardo Martín), el de Santa Fe (Sergio Fenoy) y el de Rafaela (Luis Fernández)”, advirtió el diputado Del Frade al referirse al cajoneo de las normas de educación y de ESI provinciales por parte de los senadores santafesinos. El legislador aseguró que el Senado tiene más oídos para estos referentes de la jerarquía eclesiástica que para lo que demanda la sociedad.

En tanto, diferenció la opinión de la cúpula de la Iglesia de la que sostienen –de manera más abiertas– muchas comunidades religiosas de base. “Es un retroceso, esto es preconciliar”, señaló al reiterar que la decisión de los senadores está más en escuchar a los sectores conservadores que en reconocer los procesos democráticos que impulsaron estos proyectos de ley.  

“Desconocen los dos años y medio de trabajo, los proyectos unificados alcanzados por acuerdo. Comenzaremos el año setenta sin tener ley provincial de educación”, se lamentó. El legislador llamó la atención también sobre las presiones ejercidas por la iglesia para que el proyecto que se apruebe ponga por encima de las obligaciones del Estado las decisiones de las familias. “La iglesia pide que sean los padres quienes decidan la educación de sus hijos, eso es preestatal, se niega un derecho que es universal. Esto representa un atraso monumental”, profundizó.

También Del Frade confía en las discusiones legislativas que se abran en febrero. “Santa Fe necesita una ley adaptada a la realidad, tanto de educación provincial como de educación sexual integral”, reflexionó además de destacar que la relevancia de contar con una norma propia de ESI tiene que ver con la oportunidad de “construir una sociedad menos violenta, más tolerante y respetuosa”.

Más sobre los proyectos

Apenas asumido como gobernador, Miguel Lifschtiz prometió que antes de finalizar su mandato la provincia de Santa Fe contaría con una ley propia de educación. De hecho, la última norma que regula en este terreno es de hace 70 años; y a pesar de varios cambios de leyes nacionales en la materia (como la federal de los 90 y la nacional del 2006) Santa Fe nunca tuvo su propia norma educativa ajustada a los tiempos que corren.

Desde los primeros meses de 2016 aparecieron las primeras iniciativas de las diputadas y los diputados provinciales para que Santa Fe tenga su ley de educación. Fueron los proyectos de Alejandro Boscarol (UCR), Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación), Carlos del Frade y Mercedes Meier (Frente Social y Popular), Verónica Benas (Pares) y el de Silvia Simoncini y Patricia Chialvo (Frente para la Victoria). Al tiempo que el Ministerio de Educación provincial iniciaba una consulta a los diferentes sectores sociales, que “logró reunir –de acuerdo con la versión oficial– la opinión de un millón de santafesinos”. El resumen de esa “gran consulta” fue el proyecto que el Ejecutivo ingresó a la Legislatura provincial en diciembre de 2017.

El año pasado los cinco proyectos legislativos se unificaron y más tarde se consensuaron con el del Ejecutivo, en lo que prometía ser la ley provincial de educación de Santa Fe. En septiembre, Diputados dio su aprobación al proyecto y las expectativas quedaron puestas en terminar el 2018 brindando con la norma aprobada. Sin embargo, la presión de los sectores más conservadores hizo lo suyo en el Senado y la provincia se quedó sin su ley. Ya en octubre el Senado había puesto el grito en el cielo con los capítulos dedicados a la ESI y a la educación privada. Y en claro apoyo a los pedidos del clero, rechazó la iniciativa.

Entre otros principios, el proyecto de ley de educación provincial establece la enseñanza “obligatoria desde los tres años y hasta terminar el secundario”, la define «pública, gratuita, laica e inclusiva».

El otro proyecto que quedó cajoneado y ahora se espera se pueda tratar en febrero para su aprobación es el de ley de educación sexual integral. También cuenta con media sanción de Diputados, en este caso desde junio del año pasado. El autor de este proyecto es el diputado Julio Garibaldi (Socialismo). Se basa en la ley nacional de ESI 26.150 y su programa de contenidos. Establece –entre otras prioridades– garantizar la ESI a las y los estudiantes santafesinos en los establecimientos a los que asisten, sean públicos o privados, y en todos los niveles, comenzando desde el jardín de infantes. Y brindarles “información confiable, precisa y científica que les permita ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos”.

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