El diputado provincial Héctor Cavallero ratificó a través de un mensaje contundente las denuncia que a fines de 2018 planteó junto a su par Carlos del Frade y la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa sobre inseguridad y lavado.

Luego de aquella conferencia de prensa de los diputados provinciales y la ex número dos de Jorge Obeid, varios funcionarios  provinciales salieron a cuestionar los dichos vertidos en la oportunidad, lo cual derivó en el comunicado que Redacción Rosario reproduce completo a continuación.

“Es lamentable salir a explicar los temas que los integrantes del gobierno provincial conocen o deberían conocer.

De manual, desde hace tiempo y de forma constante niegan el crecimiento de la inseguridad utilizando frases tales como: “Todos los crímenes descubiertos y las detenciones de cargamentos de narcotráfico que antes no aparecían demuestran un cambio”. Esta afirmación fue realizada por el entonces gobernador de la Provincia, Hermes Binner en junio de 2008.

Si fuera así hoy no viviríamos la situación que se observa en todo el territorio provincial, situación que se profundizó en la década de gobierno del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS)

Es así como, lejos de haber solucionado el tema, hacia el año 2013, el entonces Gobernador Antonio Bonfatti expresaba: “Del  total de los  homicidios registrados en Santa Fe, sólo el 16%”. de ellos estaban relacionados con el narcotráfico”. Y afirmaba: “el resto se trata de homicidios entre gente que se conoce”,

Mientras tanto, casi al mismo tiempo, se hallaba inmerso en el caso Tognolli y una serie de procesamientos a oficiales y agentes de la policía  por narcotráfico. También los registros de muertes violentas ponían a la provincia triplicando la media nacional. Actualmente, al 31 de diciembre de 2018, como en años anteriores la cantidad de casos de homicidios registrados en Rosario y Santa Fe Capital triplican la media nacional que muestra los organismos nacionales en la materia.

Ahora bien, reafirmando los dichos de la  conferencia acerca de la gravedad de la situación en lo que refiere a homicidios, y observando las cifras y estadísticas que suelen solicitar los funcionarios, se debe tener en cuenta: mientras la ciudad de Rosario finalizó el 2018 con alrededor de 200 homicidios (cifra reconocida por las autoridades de seguridad de Santa Fe), por ejemplo y en comparación, el total para todo el territorio de la provincia de Córdoba en el mismo período fue de 104 homicidios, número que, por otra parte, viene descendiendo en los últimos años según informa el Observatorio sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Provincia de Córdoba.

También se encargaron de refutar nuestra afirmación, la cual ratificamos: “Rosario, es un centro de lavado de activos”, cuando la entonces Sub Secretaría de Delitos Económicos de la Provincia, reconocía en los medios a finales del año 2015: “En Santa fe, la evasión fiscal es el delito económico más frecuente”.

Tampoco quieren recordar que durante años la Unidad de Información Financiera (UIF), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha colocado a nuestra provincia entre los dos primeros puestos de operaciones sospechosas por lavado de dinero del interior del país. En definitiva, los que se ofenden por los dichos en la mencionada conferencia, nunca refutaron ni expresaron desacuerdo.

En este sentido, vale recordar al Ministro de Gobierno provincial, Pablo Farías, que declaró lo siguiente: “Espero que tenga algún dato estadístico para sostenerlo”.

Personalmente, creo que niega la realidad o posee un preocupante desconocimiento sobre el tema, ya que las estadísticas solicitadas están disponibles en los sucesivos anuarios estadísticos publicados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) perteneciente al Estado Nacional y que se hallan accesibles públicamente. Al mismo tiempo, se debe advertir al ministro que en esos registros, desde que se publican, muestran a Rosario compitiendo con Córdoba el primer puesto en lavado de dinero en el interior del país.

En similar sentido, tampoco parecen recordar que en enero de 2014, el entonces Gobernador Bonfatti  y su Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto viajaron a Washington y mantuvieron una reunión con el representante de Asuntos del Hemisferio Sur del Departamento de Estado norteamericano, William Ostick. Allí, los especialistas de esa dependencia norteamericana detallaron una serie de puntos y de características que ponían a Rosario como un “núcleo duro” del narcotráfico dentro del país.

A esta situación planteada, se suma el hecho de que según el informe provisto por los Estados Unidos, parte de la policía de Santa Fe estaba bajo sospecha por sus presuntos vínculos estrechos con el narcotráfico. Un caso como fue el procesamiento de solamente una de las bandas criminales, grafica la situación: de los 36 imputados, diez son efectivos de la policía provincial, según expresaba el citado informe entregado en la reunión.

Es más, durante 2013, funcionarios argentinos acusaron a varios miembros de las fuerzas de seguridad de estar involucrados en el tráfico de estupefacientes, en alusión a Santa Fe, donde miembros de la fuerza fueron señalados como cómplices de narcotraficantes investigados por la Justicia.

Por otra parte, el citado informe también plantea “el lavado de dinero, relacionado con el narcotráfico, la corrupción, el contrabando y la evasión de impuestos ocurre a través del sistema financiero”, lo que expone a la Argentina al “terrorismo”, y sin embargo tampoco reaccionaron desde la provincia.

Y en el mismo orden, se podría continuar con una serie de notas publicadas durante la última década en medios periodísticos del país que confirman lo dicho en nuestra  conferencia, y que nunca fueron desmentidos por los funcionarios del gobierno, los mismos que hoy quieren desacreditar y negar.

Otro argumento a favor, el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro destacó haber procesado y apartado a más de tres mil agentes de seguridad de la provincia. Esta cifra, debería preocupar, ya que se trata de alrededor del 15 % de la fuerza. Es más, estas medidas no han cambiado la opinión que posee la ciudadanía sobre  las fuerzas, lo que además se sustenta con los frecuentes casos expuestos por la prensa sobre detenciones, condenas y procesamientos a miembros policiales.

Pero en este último caso, la situación se agrava ya que la mayoría de esa fuerza que es honesta y lucha por proteger a la ciudadanía, debe lidiar a la vez con el recelo y la desconfianza que sienten los vecinos por estos grupos delictivos que aún persisten en la policía, junto con el combate a la delincuencia. Prueba de ello es la opinión generalizada de la población sobre el tema, la desconfianza, las acusaciones y separaciones de oficiales y agentes involucrados con el narcotráfico y otros delitos.

En definitiva, la solución no empieza por crear oficinas burocráticas que no llegan a nada, ni tampoco por inundar de policías las calles. La solución debe comenzar por fortalecer prioritariamente las políticas de inclusión social, la inteligencia criminal, un nuevo sistema penitenciario, incentivar la profesionalización de los miembros de la policía y de la Justicia, nuevas tecnologías y medios adecuados a la época en que vivimos junto con sueldos acordes a las tareas que realizan.

A ello se debe sumar la desburocratización del área de asunto internos de la fuerza policial, ya que actualmente solo sirve para que “duerman” muchos casos de corrupción mezclados con faltas leves de agentes que deberían tener resolución pronta. Y en consonancia con estas medidas, implementar el funcionamiento adecuado y efectivo de un área de delitos complejos, que si bien existe, su funcionamiento ha sido casi desconocido en la prevención y solo se ha limitado a verificar algunos casos.

Retomando las afirmaciones de los funcionarios provinciales quienes solicitaron las debidas denuncias basadas en los dichos de quienes participamos de la conferencia, algunos saben, y otros deberían saber, que quienes integraron la mesa no solo ya habían efectuado muchas de las denuncias reclamadas, sino además, gracias a ellas se evitaron un número importante de casos de lavado de dinero, y se procesaron y en algunos casos se condenaron, a varios personajes y bandas involucrados en el crimen organizado.

Por último, sirva esta nota para llamar a la reflexión a los funcionarios provinciales  que se sorprendieron e incomodaron por las denuncias efectuadas en esa ocasión, y se los llama a releer  sus propias declaraciones o las de sus antecesores miembros a la vez de ese mismo signo político, para entender algo más sobre la situación que nos involucra.

En mi caso personal, las autoridades provinciales saben que he colaborado con los distintos Ministros de Seguridad y con la Justicia provincial aportando información y he actuado ante el accionar de grupos criminales en diferentes casos relacionados con el tema y que los mismos arrojaron resultados positivos.

Héctor Cavallero”.

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