Dos femicidios ocurridos con diferencia de 48 horas en la provincia de Santa Fe sacudieron a las poblaciones donde se cometieron los crímenes y a buena parte del país que –por un rato– orientó su mirada hacia esas comarcas; expusieron nuevamente los efectos de la violencia machista y representaron, en el caso del ocurrido en Esperanza, un debate que surca transversalmente a la comunidad sobre el carácter político del movimiento de mujeres.
Según un relevamiento del Equipo de Género de la Corriente Nacional de la Militancia, trece homicidios agravados por femicidio –como quedó incorporada la figura al Código Penal, sin autonomía propia– se registraron en los primeros quince días de 2019. Dos de ellos, como se dijo, ocurrieron en Santa Fe: en Esperanza el primero, en la ciudad de Gálvez el restante.
La magnitud del fenómeno no admite discusiones acerca de su gravedad, cuya exposición mediática no supone hasta ahora –necesariamente– una reducción de las estadísticas criminales que padecen las mujeres, aunque visibiliza un asunto barrido debajo de la alfombra hasta ayer nomás.
Esa manera de matar
Elizabeth T. fue violada y asesinada en San Fernando el 1º de enero, el mismo día que un policía mató a su novia Celeste C. en Santiago del Estero y luego se pegó un tiro, igual modalidad que el 4 utilizó en Chaco un hombre para convertir a su hija, Valeria J., en la tercera víctima de femicidio del año.
Un vecino mató en Buenos Aires a puñaladas a Silvia C. el quinto día de 2019 y en la jornada siguiente el líder de la banda Flor de Piedra denunció al novio de su madre por femicidio.
El 7 de enero apareció asesinada en un descampado de Córdoba Dayana M. y detuvieron a su pareja, mientras en el Gran Buenos Aires mataron a Joselín de 10 años.
La ex pareja de Gisel V. fue detenida el 8 de enero acusado de asesinarla en Mar del Plata y dos días después murió en San Juan Liliana O, que había sido quemada y cuyo hijo era buscado como sospechoso.
El 12 se reportó que un hombre discutió con sus padres y los asesinó a puñaladas y el 13 una adulta mayor fue “masacrada a golpes” en Mar del Plata.
El 14 de este mes, encontraron en una zanja de los suburbios de Esperanza el cuerpo de la adolescente Agustina Imvinkelried, cuyos padres había denunciado su ausencia dos días antes tras salir a bailar a un boliche. El sospechoso de su asesinato, un empleado municipal de 39 años llamado Pablo Trionfini, se suicidó en el garaje de su casa.
Y el martes 15, Jorge Egidio Trossero mató de diez mazazos en la cabeza a su pareja Danisa Canale en la ciudad de Gálvez. Luego llamó al 911 y dijo: “Vengan a buscarme porque maté a mi mujer”.
Conmoción o política
El hallazgo del cuerpo de Agustina el lunes 14, semienterrado en una zanja, conmovió a la comunidad de Esperanza. Los padres habían denunciado que no conocían el paradero de la adolescente de 17 años que el sábado por la noche había salido a bailar.
Casi paralelamente, cuando la policía llegó hasta el domicilio del único sospechoso que tenía la investigación –porque había sido captado por una cámara de seguridad hablando con la chica–, el hombre, Pablo Trionfini, se colgó con una cuerda.
Para la fiscal María Laura Urquiza el caso está cerrado, al entender que el hombre que se suicidó fue el autor del femicidio. De todos modos, solicitó una serie de medidas como pericias a nueve huellas dactilares y dos cabellos recogidos por la policía del vehículo del empleado municipal.
Esa misma noche unas diez mil personas –de una comunidad de 45 mil pobladores– marcharon a la plaza de Esperanza para reclamar justicia por la adolescente asesinada a golpes.
Allí se produjo un cruce de palabras entre las oradoras del acto, del colectivo Ni Una Menos, y una vecina de Esperanza enconada por las demandas feministas, o al menos con sus representantes.
La escisión entre los reclamos de las mujeres y la militancia política para obtener respuesta estatal a esas demandas constituye un dato significativo, computable como un pequeño triunfo de quienes presuntamente procuran o desean que las cosas cambien pero sin involucramientos personales o acciones colectivas que empujen esas modificaciones.
Lo que generó la discrepancia fueron las consignas de demanda de políticas de género, prevención de la violencia machista y educación sexual en las escuelas.
La ESI (educación sexual integral) es el nuevo campo de batalla de los grupos antiderechos surgidos durante el debate, el año pasado en el Congreso nacional, de la ley no aprobada sobre interrupción voluntaria del embarazo.
Esto no implica que la vecina de Esperanza sea una militante anti derechos, sino que pareciera más bien una ciudadana ganada por la interpretación negativa de la política, aquella que la desestima como instrumento de cambio en favor de las mayorías y, en cambio, la reduce a un reservorio de corrupción, intereses personales e inconfesables y expresión de lo sucio, que busca infectar la pureza de quienes no se meten en política.
Mirada extendida por estos días desde lo más alto del poder regional (el caso Bolsonaro es el más evidente pero no el único), que se enmascara como antipolítica en beneficio de intereses corporativos distanciados del bien común.
“¿Qué política, de dónde venís enferma? Acá la gente está conmocionada y vos hablás de política, tarada”, apostrofó la vecina Analía P. a las oradoras de la marcha motivada en el femicidio de la adolescente Agustina.
“Boludas, eso es lo que son”, siguió la mujer ante las cámaras de TV, ostensiblemente molesta. Pero, cuando se le pasó el enojo, al regresar de la marcha, grabó un video que difundió por su cuenta de Facebook, donde aclara que sus dichos responden a una posición tomada y no a un encono pasajero.
“Sinceramente yo soy así, no voy a permitir que tres o cuatro locas de mierda vengan a empañar tanto dolor, y ensuciar lo que no somos. Nosotros no somos política enfrentada, grieta, colectivo de mujeres, taxis y toda esa pelotudez”, desdeñó la vecina.
Agregó que sentía “vergüenza” por “semejante papelón en la plaza” que atribuyó a “ustedes, mujeres del colectivo”.
Lo personal es político
La frase, también expresada como “lo privado es político”, fue acuñada hace más de 40 años por el feminismo radical, aquel que cuestionaba las estructuras del sistema patriarcal y las relaciones sociales, conyugales y personales que lo sostienen y reproducen. Y que permitió separar el asunto de la mirada marxista clásica, según la cual toda emancipación está sujeta al cambio de las condiciones materiales del sistema capitalista.
Su actualidad quedó patentizada en la discusión que tuvo como escenario la plaza de Esperanza, donde atravesadas por un mismo dolor se expusieron miradas divergentes acerca de los medios a emplear para obtener un mismo resultado.
“Lo personal sigue siendo político. La feminista del nuevo milenio no puede dejar de ser consciente de que la opresión se ejerce en y a través de sus relaciones más íntimas, empezando por la más íntima de todas: la relación con el propio cuerpo”, escribió Germaine Greer, la reconocida feminista australiana.
En un artículo de la filósofa española Alicia Puleo, que reproduce la cita anterior, advierte sobre el desafío del feminismo.
“Las nuevas generaciones tienen, quizás, cada vez más difícil la tarea de desentrañar la lógica de los lazos opresivos porque la tendencia de las sociedades de consumo es acercarse a lo que he llamado «patriarcado de consentimiento» al tiempo que se alejan del modelo coercitivo del antiguo «patriarcado de coerción». La represión es suplantada por una aparente libertad en la que los propios individuos, en este caso las propias mujeres, se esfuerzan denodadamente por alcanzar las metas prefijadas del sistema (cánones de estética, seducción, éxito, etc.)”, dice Puleo.
Sigue: “Ya no se apela a la prohibición. Basta con el consentimiento no informado o alienado, el desesperado anhelo que cierra los ojos ante las desventajas del modelo preconizado por los medios de comunicación”.
“Acá la gente está conmocionada y vos hablás de política”, se quejó la vecina de Esperanza.
Desde Gálvez, donde también se realizó una movilización motivada por el femicidio de Danisa Canale, la diputada provincial Alicia Gutiérrez pareció recoger el guante de la controversia expuesta dos días antes.
“Tenemos que replantearnos lo que está pasando, porque algo está fallando, o es insuficiente. Tenemos que transformar un sistema que enseña a los hombres a tomar a las mujeres como objetos”, dijo.
“Y se trata –remarcó– de políticas públicas, no de política partidaria, pero sí de política”.
La legisladora se refirió a la importancia de implementar Educación Sexual Integral para avanzar en el cambio cultural que, de a poco, se está dando y que tiene a las jóvenes como principales protagonistas: “Yo les diría a las chicas que no bajen los brazos, que sigan luchando por lo que creen justo, porque tienen derecho a vivir una vida sin violencia, a transitar por la calle y a salir a bailar sin miedo a que les suceda algo”.
Las normas educativas que fijan los contenidos que se enseñan a las alumnas y los alumnos son políticas, como los efectos que producen sobre sus cuerpos y mentes. Para desacreditar esos cambios necesarios, los grupos más conservadores la denominan “ideología de género” porque, por medio de la misma operación que considera que “lo político” ensucia y se opone al dolor en estado de pureza, tener una visión más o menos estructurada del mundo supone que no se está hablando por sí misma, sino como ventrílocuo de un dogma extraño.
