Mientras el virus neoliberal que trasmite el macrismo echa al abandono a miles y miles de argentinos, que este jueves coparon las calles de Rosario para repudiar los tarifazos, el recetario ortodoxo privilegia al sistema financiero y a grandes empresas del sector energético.
Hay un sector que le escapa a la recesión económica, y es el sistema financiero, que, otra vez, la levantó con pala. Según datos del Banco Central, los bancos casi duplicaron sus ganancias durante 2018 en comparación con 2017. La devaluación del ciento por ciento y la altísima tasa de interés, entre la más elevada a nivel mundial, le reportó buenos resultados al mundo de las finanzas. Pese al frenazo de la actividad económica y comercial y la inflación récord del año pasado, igual las entidades bancarias hicieron negocios (carteras dolarizadas, bonos ajustados por inflación, Lebac, Leliq, créditos UVA) que pagaron alta rentabilidad. Hasta octubre de 2018, los bancos llevaban ganados casi 138.000 millones de pesos, esto es un 92 por ciento más que en el acumulado para el mismo período de 2017.
Con políticas de apertura económica y desregulación, el gobierno nacional y el BCRA, en sintonía con mandatos del Fondo Monetario Internacional, facilitaron la especulación financiera por sobre la actividad industrial y productiva. La reprimarización de la economía, la devaluación y la falta de controles beneficiaron al polo agroexportador y a empresas mineras. Otro sector favorecido por los tarifazos fue el de las empresas energéticas, donde el gobierno de los CEOs corta y pincha.
La “recomposición” de tarifas con la quita de subsidios benefició al complejo energético-gasífero. Hasta septiembre del año pasado, los tarifazos generados por el gobierno de Mauricio Macri les dieron extraordinarias ganancias a las empresas del sector, que en nueve meses de 2018 habían superado los 3 mil millones de pesos. La consultora Fiel estimó que en los dos primeros años de gestión macrista hubo una transferencia de los usuarios a la cadena de valor energética de aproximadamente 16.500 millones de dólares. Queda claro que la política de subsidios a los servicios públicos aplicada en el gobierno anterior actuaba de salario indirecto.
La Multisectorial contra los Tarifazos de Santa Fe hizo un seguimiento de la evolución de las tarifas de servicios públicos en la provincia, desde 2016 hasta la proyección hacia abril de 2019. En el caso del agua, la boleta de agua de Assa subió 350 por ciento. En tanto, la tarifa de la Empresa Provincial de la Energía trepó 900 por ciento. Mientras que la boleta de Litoral Gas, tomando el rango intermedio de R3.1 de una familia tipo, pegó un salto explosivo de 4.900 por ciento.
Del otro lado, en la cara más grande del modelo, queda el ejército de perdedores. Trabajadores que ven disminuir la capacidad de compra de sus salarios, otros tanto que son despedidos; jubilados y beneficiarios de planes sociales goleados por la inflación y empujados a vivir debajo del umbral de la pobreza; pequeñas y medianas empresas, algunas históricas, obligadas a bajar sus persianas frente a la destrucción del mercado interno, la ola importadora y los megatraifazos.
La lista sigue. Estudiantes y enfermos sometidos a la desinversión y subejecución de partidas en educación y salud; científicos que vuelven a emigrar; sectores postergados, ciudades y productores con el agua al cuello por falta de obras y el desinterés oficial exculpado detrás de eventos meteorológicos; luchadores y defensores de derechos amenazados por políticas represivas. Cambiemos pisotea la cultura popular y entrega soberanía, y encadena a las grandes mayorías al plan Conectar Desigualdad. La cuenta es larga, y dolorosa.
Las suspensiones, despidos de trabajadores y cierre de empresas no se tomaron vacaciones en la primera quincena de enero. Los conflictos laborales se multiplican en diferentes puntos del país. Los trabajadores son víctimas directas del modelo de ajuste que propone Cambiemos. El caso de la planta de Zanella en Mar del Plata es paradigmático. Empleados de la fábrica de motos aceptaron cobrar alrededor de la mitad del salario hasta fines de marzo a cambio de que no haya despidos. La firma acusa caída en las ventas y suba de costos.
La que viaja en moto de alta cilindrada es la inflación, que hace mella en el poder de compra de los ingresos. El Indec confirmó datos que habían adelantado mediciones privadas: 2018 cerró con un alza en el costo de vida de 47,6 por ciento, el número más alto en los últimos 27 años. Desde que gobierna Cambiemos, el índice de precios al consumidor trepó 142,5 puntos y pulverizó salarios. En campaña, el gobierno prometía resolver el problema de taquito. Las subas siguen a buen ritmo en 2019 al calor de los nuevos tarifazos. Analistas proyectan un piso de inflación del 35 por ciento para el año en curso, mientras el gobierno promueve paritarias del 23 por ciento.
La inflación afecta a trabajadores activos, desocupados, jubilados, beneficiarios de asignaciones y, en particular, a los sectores más humildes, generando un profundo deterioro en el bienestar general de la población. La Comisión Económica para América Latina (Cepal) publicó el Panorama Social 2018 que indica que la pobreza extrema ha alcanzado sus más altos índices de la última década en la región, que hoy surfea en la ola neoliberal.
En este sentido, la Cepal estimó que Argentina recién podría lograr reducir la pobreza dentro de cuatro años, pero para eso recomendó “impulsar políticas redistributivas en materia de ingresos, avanzar en la promoción de empleos de calidad y fortalecer las políticas públicas de protección social”, todo lo contrario al rumbo que eligió Cambiemos y ratificó en el acuerdo que firmó con el FMI.
El gato y el ratón
El camino que recorre el presidente Macri, quien insiste en que “es por acá”, es el de ajuste y quita de derechos. El recorte del gasto público, sobre todo en salud, educación, ciencia y tecnología, muestra el desprecio de un gobierno interesado más en sus propios negocios que en cuidar a la gente y apostar al desarrollo de la Nación.
La epidemia por hantavirus desatada en Epuyén, en Chubut, una hermosísima localidad de la Comarca Andina, con una decena de víctimas fatales, más otros dos casos en Salta y Entre Ríos, por un brote de la enfermedad que transmite un ratón colilargo infectado, y la falta de respuestas o reacciones tardías de parte del Estado nacional frente a la crisis sanitaria, pusieron de relieve las consecuencias de desfinanciar el área de salud, donde se eliminó el Ministerio y se bajó el rango de Secretaría. A contramano de la leyenda, esta vez el gato no salió a cazar al ratón, ya que el gobierno de Macri desarticuló programas de prevención de enfermedades de transmisión animal, el de enfermedades vectoriales y otros, además de echar trabajadores del área, entre los recortes selectivos para poder pagar intereses de la deuda externa y comprar pistolas Taser.
Un informe elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) señaló que en 2018 “fue notorio el monto en que han crecido los pagos de intereses de la deuda que, con una inflación del 48 por ciento, se incrementan un 13,1 por ciento en términos reales”. Y advirtió: “Así la ejecución presupuestaria también refleja el perfil neoliberal del programa económico, con ajustes en un sinnúmero de partidas que tienen que ver con aspectos sociales y económicos fundamentales”.
El trabajo realizado por la Undav reveló que “mientras en 2018 el gasto total se achicó un 15,6 por ciento en términos reales en comparación con 2017, el pago de intereses de la deuda creció”. Y continuó: “En 2018 el ajuste se tradujo en un recorte de los fondos devengados en salud pública del orden del 17,8 por ciento en términos reales; de un 22,4 por ciento en educación y cultura; del 23,5 por ciento en promoción y asistencia social; del 31,8 por ciento en ciencia y tecnología y del 54,7 por ciento en trabajo”.
Llueve sobre mojado
Después de darse la derecha con Jair Bolsonaro en Brasil, en un viaje al país vecino, Macri pasó rapidito por Chaco a visitar familias inundadas en un centro de evacuados. Se llevó algunos insultos, se sacó fotos y se fue. Apenas un gesto, sobrevalorado por la prensa oficialista. Los damnificados del norte de la provincia Santa Fe, como de otros distritos afectados, Chaco, Corrientes y Santiago del Estero, organizan ollas populares y reclaman “más ayuda” de parte de Cambiemos, que prefiere hacer hincapié en el desastre climático por el exceso hídrico suscitado en pleno enero. Las inundaciones urbanas reflejan escenas desgarradoras. Lo mismo en el campo, donde el gobierno santafesino declaró el desastre agropecuario.
El desborde del agua vuelva a poner en debate el modelo de producción agrícola, la deforestación y su impacto ambiental, aunque la falta de obras de infraestructura es notoria. Lo dicen los propios perjudicados. Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) apuntaron al gobierno de Macri por “la falta de obras contra las inundaciones” y afirmaron que “llamar a la emergencia agropecuaria no soluciona nada”. La inundación pone en jaque la cosecha récord de soja. Pequeños y medianos productores salieron a quejarse: “La situación es muy grave y sigue complicada. No hay herramientas de riesgo climático. No estamos de acuerdo con que haya sólo endeudamiento para resolver el problema cambiario y que no se hagan obras viales o hídricas”.
El lado oscuro del modelo hace agua, y Macri pide “acostumbrarse a esto”.
