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En Jujuy, a causa  de la muerte del bebé concebido tras una violación y nacido a través de una cesárea hecha a una nena de 12 años, el mandamás de Cambiemos podría afrontar un juicio político o una denuncia penal por homicidio.

En una insospechada coincidencia, los “pañuelos verdes” que defienden la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) como los “celestes”, que dicen defender a “las dos vidas”, dejaron al gobernador jujeño Gerardo Morales y sus funcionarios al borde del pedido de juicio político o, como mínimo, la posibilidad de denunciarlo penalmente ante la Justicia por homicidio.

Así lo reveló en el diario cooperativo Tiempo Argentino el periodista Néstor Espósito, quien señaló que “la situación gira en torno a la dramática situación que enfrentó (y enfrenta) una niña de 12 años violada por un sexagenario en la localidad de San Pedro y obligada a ser madre mediante una cesárea, por fuera de lo que establece la ILE”.

Como se recordará, el bebé nació entre la semana 23 y la 25 de gestación, pero murió pocos días más tarde, y luego de ese trágico desenlace, el movimiento que impulsa la sanción de una ley de aborto legal, seguro y gratuito, convocó para el próximo viernes 1º de febrero a una marcha acompañando la presentación en los tribunales locales de una denuncia penal contra Morales; su ministro de Salud, Gustavo Bouhid, y los médicos responsables.

Por otro lado, y con otros argumentos, los grupos denominados Pro Vida quieren arremeter contra Morales y su equipo, y evalúan promover una campaña para pedir el juicio político y la destitución del gobernador.

Espósito explica por qué Morales y sus colaboradores podrían ser acusados de homicidio: “Porque el bebé fruto de la violación a la niña de 12 años nació vivo prematuramente por un parto anticipado sin justificación médica. Y murió a los cuatro días como consecuencia de esa prematuridad”.

Pero además, prosigue el periodista en su artículo, “la ILE, sobre la base de un fallo de la Corte Suprema, establece que el embarazo debe ser interrumpido, lo que efectivamente ocurrió. Pero el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” del Ministerio de Salud de la Nación –hoy apenas Secretaría– establece que en gestaciones de entre 12 y 22 semanas la interrupción debe producirse mediante un «procedimiento médico» (con los mifepristona y misoprostol o misoprostol solo) o a través de un «procedimiento instrumental», que consiste en la «dilatación y evacuación uterina». La cesárea no aparece como método de interrupción del embarazo”.

Otra cuestión a tener en cuenta es que el protocolo tampoco indica qué hacer ante un embarazo de 24 o más semanas, y en este caso concreto, sostuvo el ministro Bouhid, “la niña asistió a una consulta médica por un dolor estomacal cuando cursaba 12 semanas de embarazo, y los médicos no detectaron que estaba encinta”, luego “regresó a la consulta el 11 de enero y allí sí se estableció la gravidez, pero en lugar de practicar rápidamente el ILE se prolongaron los plazos hasta que apareció la «alternativa cesárea»”.

El movimiento de “pañuelos verdes” considera que la demora nada tuvo de casual ni corresponde a trabas burocráticas sino que, por el contrario, se trató de una maniobra para que el feto madure, pero esa manipulación no llegó a completarse, debido al apuro por practicar la cesárea.

Eso es lo que lleva a los grupos Pro Vida a pedir el juicio político de Morales y a recolectar firmas en una página de internet: “Con esta cesárea anticipada pusieron en riesgo la vida de la niña por nacer y murió. Evidentemente necesitaba seguir desarrollándose por más tiempo. Arrancaron a esa bebé del vientre de su madre, aun cuando los médicos expresaron que corría grandes riesgos y que convenía esperar”.

Según recuerda Espósito, “hubo facultativos que desaconsejaron la cesárea, pero no fueron escuchados y, además, fueron desplazados de la toma de decisiones”. Según publicó el portal Todo Jujuy el 16 de enero pasado, “los médicos de la Maternidad se oponen a interrumpir el embarazo de la nena abusada en San Pedro. Aseguran que el bebé ya tiene el tiempo de gestación para vivir pero podría tener muchas complicaciones durante su vida si se realiza una interrupción con un embarazo de seis meses”.

Ése es el fundamento para llevar adelante la denuncia a través de la figura del homicidio, y Espósito cierra la nota así: “Forzaron el parto de un feto que no estaba en condiciones de sobrevivir. Nació vivo pero a raíz de esa circunstancia fue sometido a sufrimientos y, finalmente, murió. Tan grave es la situación que podría incluso aplicarse la figura agravada del homicidio y también la del «dolo eventual»”.

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