La provincia y gremios estatales y docentes abrieron la negociación paritaria 2019. Lifschitz quiere desinflar el porcentaje de suba inicial y asignar aumentos al compás de la inflación. “Con la cláusula de actualización sola, no alcanza”, avisan desde el sector sindical.

En un contexto de recesión económica e incesante caída del poder adquisitivo de los ingresos frente a la trepada de precios de alimentos y servicios, el gobierno de Santa Fe y los trabajadores estatales y de la educación dieron por iniciada en la ciudad capital la pulseada paritaria para fijar la pauta salarial de 2019, por el momento, sin hablar de números concretos ni porcentajes de suba, pero con un eje claro de debate: la cláusula gatillo.

Por el lado de la administración Lifschitz se escudaron en la contracción de la actividad y en los recortes de fondos nacionales que sufre la provincia. La estrategia del Poder Ejecutivo santafesino parece ser utilizar la denominada cláusula gatillo –un ajuste automático de haberes que se dispara por calentamiento inflacionario– como principal espada en la mesa de negociación, tratando de bajar el porcentaje inicial de suba y dar los aumentos al ritmo de la evolución de los precios. En tanto, representantes gremiales de empleados públicos y docentes descreen de proyecciones inflacionarias del gobierno nacional y aspiran a robustecer de movida un porcentaje de incremento como escudo de su política salarial. “Con la cláusula gatillo sola, no alcanza”, avisó un dirigente sindical de Amsafé ante la consulta de este semanario.

A un mes del comienzo de clases, la pelea salarial en la provincia se pronostica reñida. El año pasado, tras seis jornadas de paro, la Casa Gris y los trabajadores públicos acordaron un aumento salarial del 18 por ciento en dos tramos, con cláusula gatillo incluida en caso de que la inflación superara el incremento pactado. Y así fue. Ante la aceleración inflacionaria de 2018, de acuerdo al Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) el nivel se acercó al 46 por ciento, los agentes de la administración central pudieron acompañar la remarcación de precios y recomponer haberes que habían quedado lejísimo de la fuerte suba del costo de vida, gracias a la actualización automática surgida del gatillo salarial.

Esta vez, tanto desde UPCN y ATE como desde Amsafé y Sadop, además de sostener la cláusula gatillo en la negociación, buscan garantizar un porcentaje inicial de aumento de salarios más acorde a estimaciones inflacionarias de privados para el año en curso. Diferentes proyecciones dejaron atrás el 23 por ciento que pretende instalar el gobierno nacional, para ubicar el índice de precios al consumidor de 2019 entre 30 y 35 por ciento, recalculado al calor de los tarifazos en servicios públicos, suba de combustibles y los incrementos de verano en productos de la canasta básica, pese al frenazo que experimenta el consumo popular.

“La cláusula gatillo sola, no alcanza. Además, hay que mejorar su formulación e implementación. Sospechamos que la activa participación de (el ministro de Economía provincial, Gonzalo) Saglione en la reunión paritaria es para plantarse con la cláusula gatillo como única propuesta salarial”, le dijo a este semanario un dirigente de Amsafé, el gremio de los docentes públicos. En la misma sintonía, Jorge Molina, secretario general de UPCN, señaló: “Necesitamos un porcentaje de arranque porque la cláusula gatillo o automática es para preservar el acuerdo salarial. Es un elemento complementario”.

Tras el primer encuentro paritario, el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann, sostuvo que era “razonable” el pedido de aplicación de cláusula gatillo como “punto de inicio de la discusión salarial”, anticipó un debate “complicado por la situación económica”, y remarcó que “es necesario discutir cuál es el porcentaje de aumento inicial”. Desde ATE Rosario, regional enfrentada a la conducción provincial, señalaron que “no hay que priorizar la cláusula gatillo sino salarios dignos que garanticen la canasta básica de los hogares”.

Con una inflación galopante, que a nivel nacional promedió el 50 por ciento, el índice más alto desde 1991, empujada por una devaluación del ciento por ciento del peso, 2018 fue un año de marcada pérdida de poder de compra para los bolsillos de asalariados, jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales. Cabe recordar que la regional Santa Fe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) midió en 2018 una inflación anual en el supermercado por encima del 60 por ciento.

Casi todos los gremios, salvo contadas excepciones, como aceiteros o bancarios, perdieron en 2018 en la carrera contra la inflación, ya que los aumentos conseguidos en paritarias quedaron en muchos casos unos veinte puntos porcentuales abajo del IPC. En otros casos, trabajadores del ámbito público y privado consiguieron empatarle a los aumentos de precios gracias a cláusulas gatillo y reaperturas de paritaria.

En este comienzo de año, las perspectivas no mejoran, ya que mientras siguen subiendo los precios de alimentos y bebidas, artículos de limpieza, transporte, medicina prepaga, tarifas de luz, gas y agua y combustibles, el gobierno de Cambiemos quiere techar los aumentos salariales en 23 por ciento, al mismo tiempo que atropella con intentonas de reforma laboral y se levanta una nueva ola de despidos en todo el país. En rigor, algunos gremios privados fueron acordando incrementos salariales en torno a la cifra de referencia que promueve el macrismo. En tanto, en Catamarca, por citar un ejemplo, el gobierno provincial ofreció un 23 por ciento de suba salarial, considerada “insuficiente” por los trabajadores públicos.

“Vamos a la negociación paritaria teniendo presente la imperiosa necesidad de sostener el poder adquisitivo del salario, que tenga en cuenta la escalada inflacionaria, que a mediados de 2018 activó la cláusula de actualización salarial, como también discutir aspectos que posibiliten mejorar las condiciones para enseñar y aprender en la escuela pública”, señalaron desde Amsafé.

En un comunicado posterior al primer contacto paritario con el gobierno provincial, desde el gremio que representa a los maestros que se desempeñan en escuelas públicas reclamaron “paritarias libres, sin techo y que permanezcan abiertas ante la incertidumbre del panorama económico y el aumento de la canasta familiar”. Las demandas también incluyeron “fondos para infraestructura, creación de cargos y horas, aumento de presupuesto educativo, concursos y estabilidad laboral para todos los docentes”.

Desde Sadop, gremio de los docentes de escuelas privadas, pidieron la implementación de la cláusula gatillo “dada la inestabilidad económica producida por la aplicación de políticas públicas de ajuste”, al tiempo que manifestaron la “necesidad de acordar una suba salarial que permita a las y los docentes recuperar el valor adquisitivo a fin de hacer frente a las fuertes subas en los costos de tarifas de servicios públicos y de la canasta básica de alimentos”. Además, reclamaron por la “implementación de concursos y escalafones en todas las escuelas privadas”.

Además de pedir que “la política salarial se fundamente en un porcentaje de aumento, más allá de la cláusula gatillo”, desde UPCN plantearon la “necesidad de regularizar la situación de contratados, con estabilidad y derechos como un trabajador de planta permanente; también que funcionen y aumenten los comités de salud e higiene laboral, y que se aplique la ley nacional contra la violencia de género”.

Por su lado, Hoffman, de ATE provincial, recordó: “En febrero cobraremos los sueldos de enero con el 45,5 por ciento de aumento que corresponde a la inflación del mes de noviembre de 2018”, y agregó: “En 2015, el costo de las tarifas era el 6 por ciento del salario, mientras que hoy representa el 21 y esto se siente en la calidad de vida. Es un problema del modelo económico, del gobierno nacional que le quita el poder adquisitivo a los trabajadores para dárselo a un puñado de empresas; situación que escapa a la discusión del ámbito paritario”.

En un parte de prensa, desde la regional Rosario de ATE, señalaron: “Trabajadores y trabajadoras del Estado vivimos una situación desesperante. Tenemos salarios depreciados y devaluados y la paritaria no está respondiendo a nuestras necesidades y las de nuestras familias. Así, la gran mayoría de los estatales no supera la línea de pobreza: a pesar de los aumentos recibidos por cláusula gatillo, ese sector apenas roza un ingreso de 20.000 pesos mensuales en promedio”.

La discusión salarial en Santa Fe está sobre la mesa paritaria y en los próximos días funcionarios y gremialistas volverán a verse las caras. “La inestabilidad económica de la Argentina hace que tengamos que replantearnos de qué manera establecer la actualización de los salarios”, dijo el ministro de Gobierno Pablo Farías. El gobierno del Frente Progresista abrió el paraguas y recordó que este año Santa Fe no tendrá 2.500 millones de pesos del Fondo Sojero y que además deberá erogar 1.500 millones de pesos de subsidios al transporte y otros 1.500 millones de subsidios a tarifas sociales de energía, que el gobierno nacional no paga más. Lo que viene es el tradicional tire y afloje de una negociación salarial, con el dedo puesto en la cláusula gatillo.

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