El líder fue sentenciado a doce años de prisión por las reformas hechas en un chalet que no le pertenece. La Justicia no logró probar en forma fehaciente su relación con los contratos objetados, pero igual lo condenó.
La persecución judicial contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no solo continúa sino que se profundiza en el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro: otra condena. Y otra vez, sin pruebas. Por unas reformas realizadas en la casa de un amigo, predio que Lula solía utilizar, pero nunca había sido informado de esos arreglos y nada tenía que ver con ellos. No hay prueba alguna, además, de que esas obras hayan sido realizadas a cambio de algún negocio que beneficiara al ex mandatario, que es el endeble sustento de la acusación.
Lula fue condenado nuevamente a 12 años y 11 meses de prisión por presuntos crímenes de corrupción y lavado de dinero. La sentencia fue dictada por la jueza Gabriela Hardt, quien sustituyó al ex juez Sergio Moro en el Tribunal Federal de Paraná, cuando el ex magistrado pasó a ser parte del gabinete del ultraderechista Bolsonaro, en la cartera de Justicia.
La magistrada Hardt entendió que el ex mandatario fue favorecido por las empresas OAS y Odebrecht con reformas hechas en una casa de campo que frecuentaba en el municipio de Atibaia, en el estado de San Pablo.
Según la investigación judicial, fueron dichas empresas quienes pagaron por las obras de la propiedad, que equivalían a una suma de más de un millón de reales, según la denuncia, con recursos desviados de contratos con la estatal petrolera Petrobras.
Los fiscales argumentaron que el ex presidente se benefició ilegalmente de las reformas por parte de las empresas que fueron favorecidas en su Gobierno con contratos amañados con la petrolera.
“Es posible concluir encima de cualquier duda razonable que los valores para costear la reforma fueron oriundos de ilícitos anteriores cometidos en provecho de la compañía (Odebrecht-OAS) y que Lula tuvo participación activa en este esquema, tanto al garantizar el recibo de valores para la caja del partido al cual está vinculado (Partido de los Trabajadores – PT), como recibiendo parte de dichos valores en beneficio propio”, afirmó la jueza, citada por el diario brasileño Folha de San Pablo.
“Tales sumas de dinero fueron solicitadas y recibidas indebidamente en razón de la función pública por él (Lula) ejercida, importando poco, por el tipo de delito, que estas se dieran parcialmente después del final del ejercicio de su mandato”, concluyó.
La jueza Gabriela Hardt que sustituyó al juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia de Bolsonaro, consideró que Lula recibió coimas a través de reformas en una propiedad en el municipio de Atibaia, en el estado de São Paulo. La defensa de Lula niega las acusaciones y apelará la condena.
Según informó el sitio de noticias brasileño Brasil de Fato, para comprobar el crimen de corrupción pasiva hay que demostrar cuál fue la ventaja recibida por un funcionario público y precisar que “acto oficial” habría ejecutado a cambio de esas ventajas. La sentencia, sin embargo, no presenta esa información.
El sitio brasileño, señala, asimismo, que según la lógica de la denuncia, las contratistas OAS, Schahin y Odebrecht habrían financiado una serie de reformas en la casa de campo a cambio de contratos con la Petrobras – y que el ex presidente habría actuado para beneficiarlas en esos contratos. Lula fue acusado de recibir un valor estimado en casi un millón de reales a través de esas “reformas” en la propiedad. Pero ningún documento parece acreditar esta acusación.
En relación al crimen de lavado de dinero, la sentencia informa que Lula no es el propietario de la casa de campo, sino el empresario Fernando Bittar. Durante el proceso, la defensa alegó que Lula no sería el beneficiario de las reformas, aunque haya frecuentado el sitio, pero la jueza no consideró este argumento.
En noviembre, Hardt interrogó a Lula por este caso: Fue de hecho la única salida que le permitieron hacer desde que fue encarcelado hace 10 meses.
La defensa de Lula, sin embargo, alega que el ex presidente nunca fue informado sobre las reformas realizadas y que tampoco existen pruebas de que él haya pedido realizar esas obras a cambio de negocios con el gobierno.
Los abogados del ex presidente rechazaron que Lula sea el propietario oculto de la casa, sino que la razón por la que la frecuentaba era que era muy amigo de la familia de Jacó Bittar, padre de Fernando Bittar, uno de los dueños oficiales de la propiedad.
“Es un hecho que la familia del ex presidente Lula era visitante asiduo en el inmueble, tanto que disfrutaba de él como si fuese dueño”, escribió Hardt en la sentencia, según el rotativo paulista.
Por este motivo, en la especial interpretación de la jueza, la denuncia no pasa por la discusión sobre la propiedad formal del sitio. “Es un hecho indiscutible que se hicieron reformas y se compraron objetos para atender los intereses de Luiz Inácio Lula da Silva y de su familia”, continúa diciendo el texto del fallo.
En la fundamentación de la sentencia, la jueza citó las irregularidades recolectadas en los contratos de OAS y de Odebrecht con Petrobrás en auditorías internas de la empresa estatal, además de las confesiones de los propios ejecutivos delatores, como prueba de que había un esquema de recaudación de coimas de la estatal.
No obstante, Hardt admite que no hay pruebas de que los pagos que aparecen en los contratos hayan sido utilizados para pagar campañas o gastos personales de dirigentes del PT. Pero, para ella, ese rastreo específico es imposible de realizar. Una vez más, como ocurrió antes con la sentencia de Moro, Lula es condenado sin pruebas.
La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, rechazó la decisión de la jueza. “La persecución a Lula no para. Una segunda condena fue proferida exactamente cuando crece la posibilidad de que Lula sea Nobel de la Paz. En la memoria del pueblo y en la historia, Lula será siempre mayor que sus verdugos”, tuiteó la senadora.
Además de Lula, la jueza Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención). También dictó su sentencia en contra de Bittar, uno de los propietarios.
Lula ya cumple condena desde el pasado abril por otro caso de corrupción, después de que la Justicia diera por comprobado que recibió un departamento en una playa de San Pablo a cambio de sobornos. Sin embargo, no existen pruebas concretas de que así sea, sino que la causa se construyó en base a delaciones premiadas y a la “íntima convicción” del juez Moro, según él mismo confesara.
