La Comisión de Producción del Concejo Municipal rosarino respaldó la lucha de los trabajadores de la empresa Expreso Júpiter por conservar sus empleos, amenazados por una reciente resolución judicial.

Los concejales, que recibieron este miércoles a un grupo de los empleados afectados, se comprometieron a traducir el apoyo en un proyecto de declaración para solicitar que en la Legislatura provincial se avance con una ley de expropiación temporaria de la empresa en la Legislatura Provincial. En este sentido, impulsarán que el Concejo rosarino pida al gobernador Miguel Lifschitz que incluya el tema en sesiones extraordinarias. Y también pedirán dialogar con el juez que dispuso la liquidación de los bienes de Expreso Júpiter, pese a los pedidos de disponer otro tipo de medida, como la declaración de quiebra, que permita conservar la actividad de la firma en manos de los empleados organizados en una cooperativa de trabajo.

Lo sucedido este miércoles confirma que la intención de los laburantes cuenta con respaldos de distintos colores políticos. El proyecto en la Legislatura se viabilizaría a través del diputado provincial socialista Joaquín Blanco. Y en el encuentro en el Concejo manifestaron su adhesión el titular de la Comisión de Producción, Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, los concejales Andrés Giménez, de Unidad Ciudadana y Pedro Pitu Salinas, de Ciudad Futura y representantes de otros ediles como Norma López y Roberto Sukerman. De la reunión participaron también asesores del bloque de Cambiemos, el Socialismo y del diputado provincial Blanco; y la diputada nacional Lucila de Ponti, también del Movimiento Evita.

Foto: Candela Robles

Los trabajadores de Expreso Júpiter, en tanto, llegaron acompañados por referentes de empresas recuperadas y cooperativas locales como José Abelli, que los acompañan en su puja por conservar su trabajo con el modelo de la autogestión.

Son casi 80 las familias cuyo futuro está en juego. La empresa de transporte rosarina tiene una sede en la ciudad y otra en Buenos Aires; y supo sostenerse en los últimos años en el mercado pese a estar bajo la tutela de interventores judiciales que, en los mejores de los casos, se limitaron a la mera administración, a la espera de una nueva decisión judicial.

Según explicaron los trabajadores, la intervención comenzó en 2012 y desde entonces la actividad se mantuvo en medio de la incertidumbre respecto del futuro y acumulando pasivo en las cuentas. Hasta que en noviembre pasado, ante la falta de respuesta positiva a sus pedidos de sostener la empresa, resolvieron superar la impotencia y la desesperación haciéndose cargo de la administración de hecho.

Foto: Candela Robles

Semanas después fueron intimados a dejar de cumplir esa tarea, y después llegó la decisión judicial de liquidar los bienes, lo que significaría para ellos perder toda esperanza de seguir contando con una ocupación y una fuente de ingresos.

Ahora, el objetivo es avanzar con la ley de expropiación que proteja los bienes y autorice la administración autogestionada, pujando al mismo tiempo por revertir la liquidación ordenada por la Justicia.

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