Un asesino condenado es el encargado de llevar paz, democracia y prosperidad a Venezuela. Un genocida que apoyó decenas de golpes de Estado, dictaduras y masacres en América latina y otras partes del mundo durante décadas. Un halcón imperial que en la historia reciente intentó, en 2002, derrocar a Hugo Chávez. Todas las mentiras, las simulaciones, las puestas en escena y las patrañas se convierten en polvo con la sola mención de un nombre: Elliott Abrams. Su nombramiento causó un escándalo de grandes proporciones dentro de EEUU. La prensa de derecha alertó que despertaría recelos en América Latina, que activaría la memoria por los cientos de miles de muertos y desaparecidos que tiene sobre sus espaldas. Incluso el propio presidente Donald Trump rechazó en principio su designación. Pero luego, los sectores que apoyan a Abrams le torcieron el brazo.
El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, designó el 28 de enero a Elliott Abrams como enviado especial para Venezuela.
Y el gobierno de EEUU lo dio a conocer oficialmente a través de un tuit, en estos términos: “El secretario Pompeo anunció hoy que Elliott Abrams va a liderar los esfuerzos del Departamento de Estado en Venezuela para ayudar al pueblo venezolano al restablecimiento pleno de la democracia y la prosperidad en su país”.
Abrams formó parte de los gobiernos de Reagan y George W. Bush y su nombre está vinculado con golpes de Estado, injerencias e intervenciones militares en América latina y Medio Oriente. En 1991, fue condenado por el escándalo Irán-Contras: EEUU vendió armas a Irán y traficó drogas para luego, con esos ingresos, financiar a la guerrilla nicaragüense que intentó derrocar el legítimo gobierno sandinista que por entonces gobernaba ese país. Además, en 2003 fue uno de los mentores de la invasión a Irak, que se justificó mintiéndole al mundo entero: se dijo que el régimen de Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva. Las supuestas armas jamás aparecieron. Un país se destruyó y murieron cientos de miles de personas. Un crimen impune por el que EEUU nunca pagó.
El encargado de llevar “democracia” a Venezuela ya atentó contra la democracia de Venezuela. El 11 de abril de 2002, tras fuertes protestas y enfrentamientos entre partidarios y críticos del presidente Hugo Chávez que causaron varios muertos, el alto mando militar venezolano anunció que Chávez había renunciado tras habérselo solicitado y posteriormente se nombró presidente del país al empresario Pedro Carmona. Tres días después, los militares leales a Chávez retomaron el poder y se recuperó la presidencia.
Aunque los medios hegemónicos intentaron ocultarlo, EEUU tuvo un rol fundamental en el proceso de desestabilización previo y en el intento de golpe de 2002. Poco después de la fallida operación, el diario británico The Observer reveló que destacados miembros del gobierno de EEUU, liderado entonces por George W. Bush, estaban vinculados con la maniobra. El periódico informó, citando fuentes diplomáticas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) que los golpistas, incluido el propio Carmona, se habían reunido periódicamente durante meses con miembros de la Casa Blanca y que el Gobierno no solo conocía la operación, sino que la aprobó.
“El personaje crucial en torno al golpe fue Abrams, que opera en la Casa Blanca como director del Consejo de Seguridad Nacional para democracia, derechos humanos y operaciones internacionales”, señaló The Observer pocos días después del intento de derrocar a Chávez por la vía violenta.
Meses después del intento de golpe en Venezuela, Abrams fue nombrado por Bush como director de Oriente Medio y Norte de África en el Consejo de Seguridad Nacional, desde donde defendió y presionó a favor de la invasión de Irak de 2003 que acabó con el régimen de Sadam Husein.
La nota de Jon Schwarz fechada el 30 de enero y publicada en la revista electrónica de EEUU The Intercept se titula “Elliott Abrams, la elección de Trump para llevar democracia a Venezuela, ha pasado su vida destrozándola”. El autor repasa las nefastas actuaciones de funcionario en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Irán, Israel y Palestina. Schwarz describe, entre otras muchas atrocidades planificadas y ordenadas por Abrams, la masacre de El Mozote: “Antes de asesinar a las mujeres y las niñas, los soldados las violaron repetidamente, incluidas algunas de apenas 10 años, y bromearon diciendo que sus favoritas eran las de 12 años. Un testigo describió a un soldado lanzando al aire a un niño de 3 años y empalándolo con su bayoneta. El número final de muertos fue de más de 800 personas”.
El diario británico The Guardian titula “Un diplomático estadounidense condenado por el caso Irán-Contras fue designado como enviado especial a Venezuela”. La nota la firma el corresponsal de ese medio en Washington, Julian Borger, y está fechada el 26 de enero: “Abrams, un neoconservador, regresó al centro de la acción política en la región como un fantasma de las administraciones pasadas. A la Casa Blanca de Trump claramente no le importa el efecto que produzca en la región. Abrams es ampliamente recordado en América Central, pero particularmente por su tiempo en el gobierno de Reagan, cuando intentó encubrir una masacre de mil hombres, mujeres y niños perpetrada por escuadrones de la muerte financiados por EEUU en El Salvador”.
La nota firmada por Ray Sanchez en el portal de la CNN lo describe como un golpista que siempre prefirió derrocar gobiernos a negociar. Se titula “El enviado especial de EEUU a Venezuela tiene una larga y controversial historia en América Latina” y cita a algunos halcones que ven con beneplácito la designación. “El controvertido pasado de Abrams en la región incluyó su minimización de los abusos contra los derechos humanos cometidos por los gobiernos centroamericanos cercanos a los EEUU mientras prestaba servicio en el Departamento de Estado bajo la presidencia de Ronald Reagan”, describe Sanchez.
El sitio Counterpounch tituló “Elliott Abrams: Un horror de los Derechos Humanos en tres actos”.
Abrams es autor de “El príncipe de La Casa Blanca” (“The prince of the White House”) libro en el que ofrece once reglas para que el presidente pueda imponer su propia voluntad en política exterior contra la reticencia de algunos burócratas y los escrúpulos de ciertos políticos.
El escándalo Irán-Contras
Abrams, junto a otros oficiales del Gobierno, fueron responsables de la operación conocida como Irán-Contras, que terminó en un escándalo, juicios y condenas. Sucedió a mediados de los 80 durante la presidencia de Ronald Reagan. Los involucrados que recibieron condenas resultaron posteriormente rescatados y amnistiados años después por George Bush hijo para dirigir su política exterior. Volvieron al ruedo para seguir imponiendo los designios imperiales mediante la violencia y el engaño. Precisamente eso significa, ahora, el retorno de Abrams.
En el escándalo Irán-Contras, el gobierno de EEUU vendió ilegalmente armas a Irán, traficó drogas, y utilizó ese dinero –decenas de millones de dólares– para financiar a la guerrilla de los denominados Contras, un grupo de mercenarios y paramilitares que luchaba contra el legítimo gobierno sandinista de Nicaragua. Abrams participó en la operación y fue condenado en 1991 (y posteriormente indultado por George Bush padre) por mentir al Congreso. Durante ese periodo, el nuevo enviado especial para Venezuela trabajó directamente con Oliver North, asesor de Reagan y uno de los principales arquitectos de la operación.
En junio de 1986, EEUU fue condenado por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por injerencia en asuntos internos, por uso ilegal de la fuerza y por violar la soberanía de Nicaragua y la operación es el ejemplo modélico de injerencia en cualquier manual de derecho internacional público que se precie.
“Los Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas Contras o al estimular, apoyar y ayudar por otros medios las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua han actuado infringiendo la obligación que les incumbe con arreglo al derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado”, señalaba el fallo.
El tribunal rechazó en forma tajante el argumento estadounidense que invocó la “legítima defensa colectiva” y alegó, para justificar su actuación frente al régimen sandinista, “que Nicaragua ha brindado ayuda a la guerrilla salvadoreña”. La sentencia instó a Washington a “que ponga inmediatamente fin y renuncie a cualquier acto que constituya una violación de sus obligaciones jurídicas”. Y obligó a EEUU a reparar los “daños causados” a Nicaragua con el pago de una indemnización.
La masacre de El Mozote
Unos años antes, en diciembre de 1981, el batallón de élite del Ejército de El Salvador Atlacatl, apoyado y financiado por EEUU, cometió una masacre en la población de El Mozote y asesinó “deliberada y sistemáticamente” a centenares de civiles, hombres, mujeres y niños, en supuestas labores de contrainsurgencia. El informe de La Comisión de la Verdad de El Salvador de 1993 señaló que en El Mozote se identificaron 500 víctimas, pero «muchas otras no han sido identificadas». Se calcula que entre 900 y mil personas fueron asesinadas-
En declaraciones ante el Senado poco después de los hechos, Abrams declaró que las informaciones de centenares de muertos no eran «creíbles» y las calificó de propaganda comunista. “El batallón al que usted se refiere [Atlacatl] ha sido elogiado en varias ocasiones por su profesionalismo y por la estructura de mando y control cercano en que las tropas se mantienen cuando entran en batalla”, afirmó Abrams, que años después, incluso, calificó la política en El Salvador como “un logro fabuloso”.
