El trasfondo: un sector del Poder Judicial horadado por los negociados e intereses del polo de poder dominante. La necesidad del Gobierno: perpetuarse. Las elecciones presidenciales en la Argentina no ofrecen garantías. La experiencia histórica más bien previene acerca de una democracia de baja intensidad.

Más preocupada por las urgencias que marca el calendario electoral, con cierres de listas, candidaturas en ciernes e indefiniciones respecto de la creación de un gran frente antimacrista, sumado todo ello a la escandalosa coyuntura política, que requiere respuestas de ocasión, la mayoría de la dirigencia opositora se muestra ajena al debate en torno de las garantías –o la falta de ellas– camino a las elecciones generales de este año.

Una notable excepción fue la gira que el ex canciller Jorge Taiana y un grupo de legisladores de Unidad Ciudadana llevaron adelante por Europa en procura de veedores que controlen y monitoreen los comicios nacionales, y contra cualquier probabilidad de fraude.

¿Por qué viajaron Taiana y los legisladores? ¿Hay sospechas de una maniobra fraudulenta en proceso? ¿Hay peligro de fraude en las próximas elecciones? Tratándose de Mauricio Macri y de Cambiemos, toda previsión debería ser poca.

“Un fuerte debilitamiento de la democracia argentina”

Los legisladores del grupo que acompañó a Taiana son conocidos: la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti; la diputada y referente sindical de Judiciales Vanesa Siley y el diputado Guillermo Carmona.

El ex canciller explicó el alcance del viaje: “Solicitarle a distintos parlamentarios y a la Unión Europea veedores internacionales para las elecciones de este año. Fuimos a denunciar el fuerte debilitamiento de la democracia argentina”.

Taiana incluso fue más allá en sus argumentaciones, tal como publicó en la semana Página 12: “Queremos transparencia porque ciertamente vemos que desde el oficialismo hay una voluntad de perpetuarse y de hacer modificaciones en pleno año electoral de todo el sistema electivo, que difícilmente se condice con la existencia de elecciones libres”.

Esas palabras fueron pronunciadas ante el Parlamento Europeo, y en ese marco, el ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner les pidió “a distintos parlamentarios y a la Unión Europea” que participen como “veedores internacionales para las elecciones de este año” porque es preciso “fortalecer la democracia en la región”.

Taiana además hizo eje, precisamente, en el debilitamiento de la democracia en toda la región y brindó un informe en el que conjugó tres factores que juegan un rol determinante en la política argentina: el poder económico, el mediático y el judicial.

Para el diputado del Parlasur, esos poderes corporizaron “una alianza restauradora”, cuya meta consiste en “quitarle beneficios a los sectores populares”.

Taiana definió al gobierno de Macri como “una catástrofe” en lo económico y social, pero agregó “la persecución política y las tendencias autoritarias de su gobierno donde paulatinamente van aumentado la represión de la protesta social”.

El ex canciller relacionó la coyuntura argentina con el proceso que se inauguró con el golpe de Estado en Honduras, que derrocó al presidente Manuel Zelaya, el golpe parlamentario llevado adelante en Paraguay, y las acciones destituyentes que terminaron con la presidenta Dilma Rousseff fuera del Gobierno de Brasil y el encarcelamiento de Lula.

Sordos ruidos de fraude oír se dejan

El 7 de enero pasado, bajo el título “Proyectan informatizar el operativo electoral y eliminar los telegramas”, un inocente párrafo del diario La Nación promete el Paraíso del Escrutinio para las próximas elecciones: “No habrá telegramas ni camionetas retirando sobres lacrados de las escuelas. El Gobierno ya comenzó las gestiones y los contratos para realizar un escrutinio distinto en los comicios presidenciales que se disputarán este año”.

Prácticamente desde que asumieron, Macri y su elenco político arremetieron contra el sistema electoral, proponiendo diversas modificaciones, todas ellas con el argumento de la “modernización” y de la necesidad de evitar “las demoras” que se producen al cierre de los comicios.

Que la actualización y la rapidez sean exhibidos por encima de la seguridad y transparencia de un sistema que ha sobrevivido un siglo –interrumpido sólo por golpes de Estado, el fraude patriótico o la proscripción–, habla de lo poco que le importan a Cambiemos las garantías democráticas y elecciones limpias.

Pero una pregunta subyace a las intenciones políticas del macrismo. ¿Es posible técnicamente llevar adelante un fraude masivo? Diferentes especialistas no sólo lo aseguran, sino que las metodologías con que se podría cometer están en completa sintonía con las acciones tecnológicas y reformas legales que impulsa la alianza gubernamental entre el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica-ARI (CC) de Elisa Carrió.

Uno de los especialistas que alertan respecto de las chances técnicas de que se produzca un fraude es Alfredo Moreno, computador científico, fiscal Informático, profesor de tecnologías de información y comunicación (TICs) en la Universidad Nacional de Moreno (UNM) y delegado de Foetra en Arsat.

En un reciente informe publicado por Radio Gráfica, titulado “Cambiemos y el fraude electoral”, el experto denuncia en su primer párrafo que “la intención del Gobierno nacional es que cada colegio (o escuela) se convierta en un centro de transmisión de datos para agilizar los tiempos y homogeneizar la carga de los resultados en todo el país”.

No muy lejos, en el segundo párrafo, señala que “la realidad de las telecomunicaciones en Argentina indica que es una irresponsabilidad del Ejecutivo nacional que este proyecto sea una realidad”.

El técnico abunda en la descripción del sistema actual, y brinda datos que relativizan las presuntas consignas de rapidez y homogeneidad del nuevo, pero al mismo tiempo señala que “el director nacional electoral, Adrián Pérez, que impulsa el voto electrónico hace dos años, firmó un convenio entre la Dirección Nacional Electoral (DINE) y el Ministerio de Educación para tomar en préstamo 15.000 netbooks del programa Educ.Ar (¿Ex Conectar Igualdad?) e igual número de equipos multifunción para poder escanear y fotocopiar las actas dentro de cada una de las instituciones educativas elegidas como puntos de votación”.

Luego de detallar todo el proceso, Moreno concluye que el nuevo método no garantiza tiempo u homogeneidad, pero que acarrea varios riesgos, sobre todo si se toma en cuenta que “el gobierno de Cambiemos, le otorgó el desarrollo del software para la trasmisión de datos desde los colegios al centro de cómputos a la empresa SmartMatic”.

Los datos que brinda el experto realmente son alarmantes: “La firma (SmartMatic) cuenta con denuncias públicas por «manipulación» de los datos. En las elecciones para la Asamblea General Constituyente de Venezuela, se tuvo que retirar en el año 2017. Cuenta con escándalos internacionales en Estados Unidos y Uganda. En 2012 fue fuertemente cuestionada en Bélgica cuando ofreció el sistema de voto electrónico en la región de Flandes por un contrato de 40 millones de euros. Fue multada por seis millones ya que el sistema presentaba fallas técnicas… Contratada por el Tribunal Supremo Electoral de Brasil (TSE) para realizar la transmisión satelital de los datos, fue cuestionada por acusaciones de fraude similar a las de Venezuela”.

Macri, asimismo, dispuso que el Correo Argentino –responsable del escrutinio provisorio– esté en la órbita de la Secretaría de Modernización, que conduce Andrés Ibarra.

En 2017, la abogada Valeria Laura Carreras pidió investigar un acuerdo suscripto entre el gobierno de Macri y Corea del Sur para instrumentar lo que se denominó el “gobierno electrónico”. Esa denuncia recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, y el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió abrir una investigación contra Ibarra, el encargado de firmar el acuerdo, por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Lijo requirió pruebas a la Aduana, que negó que hubieran llegado las máquinas, y en abril de ese mismo año sobreseyó a Ibarra.

Pero en junio del año pasado el diario The Washington Post publicó una revelación asombrosa, que reprodujo el sitio de noticias Política Argentina: “Las máquinas que el Gobierno de la República Democrática del Congo utilizará en sus elecciones son las que la firma surcoreana Miru Systems creó por pedido de Argentina para las elecciones legislativas del 2017”.

Y hace apenas un mes, el 16 de enero, el diario Perfil tituló: “Denunciaron fraude electoral en Congo con máquinas que podrían haberse usado en Argentina”. En el cuerpo central de la nota se indicó que “los aparatos son los que, en 2016, buscó adquirir el Estado argentino. Esto, con el ministro de Modernización Andrés Ibarra a la cabeza…”.

Esas máquinas no fueron usadas en las elecciones de 2017 sólo porque Cambiemos no logró que el Congreso aprobara la ley para aplicar el sistema de voto electrónico. Los especialistas advirtieron el alto grado de vulnerabilidad informática que presentaban.

Volviendo a Moreno, en su informe es taxativo a la hora de formular recomendaciones: “Debemos comprometernos con la transparencia de las próximas elecciones. Vivimos en este país, mirar al costado no beneficia nuestro futuro”.

Y advierte a los partidos políticos que “para aceptar esta modificación en el Código Electoral Nacional (la informatización del operativo electoral y la eliminación de los telegramas) hay que conocer los algoritmos que den integridad a los datos que se transmiten y procesan”. Y agrega: “Cada Partido Político (debe exigir) copias de cada parte de escrutinio en digital”.

El riesgo existe, y se llama Cambiemos.

El fraude en perspectiva histórica

La acumulación de acciones degradantes de la institucionalidad que practica Macri desde el minuto uno de su gestión sólo puede sorprender a quienes no quisieron seguir de cerca su paso como alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El récord de vetos a leyes sancionadas por la Legislatura porteña, las escuchas ilegales a familiares de víctimas del atentado a la Amia y docentes, las irregulares contrataciones de obra pública y otras áreas del Estado fueron el modus operandi que debía esperarse a la hora de ejercer la Presidencia, y así lo hizo.

Pero en todo caso Macri es heredero de un accionar que nunca puso en valor explícitamente los modales republicanos, ni tuvo como referencia la calidad institucional. Su deriva es la de los grupos económicos que se enriquecieron y multiplicaron su poder bajo el ala de la última dictadura cívico militar. Su modelo de gestión no sólo es empresarial, está formateado en la falta de límites institucionales, la impunidad y el apriete como metodología para obtener beneficios económicos.

El republicanismo y el apego a las instituciones le son prestados para ser enarbolados como discurso por sus socios políticos radicales, ya sea en su versión original o en la disidente, que llevó a la diputada Carrió a formar diferentes fuerzas, siempre con la cantinela de la defensa de la ética y los valores republicanos.

Pero más allá de sus socios y su discurso, esta nueva oligarquía, esta élite económica, sólo se diferencia de sus antecesoras de los siglos XIX y XX en una cuestión central: llegó al poder sin la mediación del fraude o de las FFAA.

La pregunta es, ¿por qué habría de diferenciarse de aquellas y entregar mansamente el poder por el solo hecho de perder una elección? Es más, ¿por qué perderla, si se puede manipular el resultado?

Es el interrogante que se plantea, entre otros, el historiador Carlos Ciappina, en el imperdible artículo “Élite argentina, elecciones, democracia y fraude: una historia nefasta”. Allí, el autor –desde sus primeros párrafos– establece su tesis: “Entre agosto y octubre de 2019 se producirá en nuestro país un hecho inédito en toda su historia: los miembros de la élite oligárquica argentina (compuesta hoy por una articulación de empresarios vinculados a las finanzas internacionales, CEOs de empresas y terratenientes junto a empresas de agronegocios) deberá garantizar por primera vez en su historia elecciones nacionales universales, limpias y transparentes”.

Ciappina ensaya un recorrido entre la batalla de Pavón (1861) y el golpe de Estado de 1930 y recuerda que “la oligarquía argentina controló los procesos electorales en lo que denominaba una democracia”, con voto optativo, cantado (los que se animaban a votar contra los patrones lo tenían que anunciar a viva voz) y masculino.

La Ley Sáenz Peña se sancionó en 1912 pero recién se aplicó en 1916, y sin el fraude ganó Hipólito Yrigoyen. El radicalismo, dice el historiador, “se abocó a garantizar el funcionamiento de una democracia –masculina e incompleta, las mujeres no votaban– sin fraude”, pero en 1928, la reelección del Peludo representó un límite: “La oligarquía decidió terminar con el experimento democrático”.

El recorrido de Ciappina es el clásico: de 1931 a 1943, el “fraude patriótico”, la irrupción en 1946 del peronismo electoral, el criminal golpe de 1955, la etapa de la proscripción –18 años sin Perón, literalmente–, el breve interregno 1973-1976, la dictadura genocida y el período abierto en 1983, durante el cual los partidos garantizaron “el funcionamiento más o menos prolijo del sistema electoral” y estuvieron “dispuestos a dejar el poder si perdían las elecciones”.

Pero acto seguido, el historiador plantea el surgimiento de la inquietante excepción. “El actual gobierno PRO-Cambiemos es heredero precisamente de las tradiciones proscriptivas, fraudulentas y golpistas de la historia política argentina. Su compromiso con la democracia sólo se sostiene si esta favorece sus intereses económico-empresariales”.

Ciappina observa que “por primera vez en toda nuestra historia como Nación gobierna el capital sin mediación política. Los CEO y dueños de empresas y latifundios están a cargo del Estado nacional”.

Y lanza interrogantes que la dirigencia política no parece registrar, no ya responder, enfrascada en la inercia de 36 años de democracia sin fraude y proscripciones:

  • “¿Podemos esperar elecciones transparentes sin fraude?
  • ¿Podemos creer que no habrá proscripciones ni exclusiones?
  • ¿Esperamos que dueños de conglomerados de empresas nacionales y transnacionales que han hecho fortunas incalculables en estos tres años y medio por tener en sus manos el Estado lo entreguen porque perdieron las elecciones?”.
  • ¿De verdad dejarán que los/as candidatos/as populares que pueden ganar se presenten? Y si se presentan y pierden, ¿se irán los CEO y terratenientes a sus casas luego de entregar el gobierno que por primera vez en 73 años tienen totalmente en sus manos sin mediación política o militar?

El historiador recomienda no ser optimistas al respecto. “No por un prejuicio, sino porque la historia argentina nos muestra todo lo contrario a una alternancia democrática si la disputa es con la oligarquía: las oligarquías de turno nunca sostuvieron elecciones verdaderamente universales, democráticas y sin fraude y proscripciones. ¿Por qué lo harían ahora, cuando además se juegan el control del Estado y la fabulosa rentabilidad de sus empresas y la bicicleta financiera?”.

Si en la Argentina de estos días, como señala duramente la periodista Débora Mabaires, “están secuestrando gente para robarles sus bienes y empresas como en la dictadura”, ¿qué no estarán dispuestos a hacer Macri y sus esbirros para mantenerse en el poder?

La conductora de La Hora sin Sombra, también se hace preguntas: “¿Qué diferencia hay entre meter presos a los empresarios Federico y Miguel Gutheim (padre e hijo), dueños de la algodonera Sadeco, en 1976, para ser obligados a firmar contratos con Hong Kong y lo que hace hoy Stornelli? A los Gutheim los tuvieron 5 meses encarcelados, privados de su libertad, con una causa trucha, y los liberaron cuando firmaron ese contrato con Hong Kong”.

El pasado 16 de enero, la historiadora Araceli Bellotta escribió en su blog El presente de la Historia un artículo titulado “La sombra del fraude electoral cubre las próximas elecciones”. Allí recuerda que cuando eran oposición Adrián Pérez, Patricia Bullrich y Mario Negri, actual presidente del interbloque parlamentario de Cambiemos, “presentaron un documento titulado Acuerdo Interpartidario para la Transparencia Electoral, con exigencias para evitar irregularidades”.

En la misma línea que Ciappina, Bellota se pregunta “¿Qué es lo que cambió en apenas cuatro años para que hoy propongan eliminar los telegramas que entonces tanto cuidaban?”, y a la vez responde la cuestión de fondo: “Es simple. Ahora son gobierno y tienen el control del acto electoral. Por otra parte, las encuestas no los favorecen por lo que desde distintos sectores sostienen que si el oficialismo pierde estaría dispuesto a hacer fraude, vieja práctica electoral en la República Argentina”.

Si algún incauto, después de todo lo que se describió, en términos tecnológicos, políticos e históricos quisiera ensayar la pregunta “¿Pueden hacer fraude?”, la respuesta es una sola: pueden porque quieren y son poder. Que lo tenga en cuenta la oposición real, la que sinceramente quiere que en diciembre de este año se interrumpa el primer turno de una oligarquía que llegó al poder por medios de los votos. Y que sea el último.

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2 Lectores

  1. Avatar

    Mauricio Davalle Ricci

    17/02/2019 en 10:34

    Me parece muy bien que se controle luego de ver 12 años de robos extremos sumados a los 40 años de peronchorros tenemos que controlar todo gracias taiana que buen tipo por dios !!!!!

    Responder

    • Horacio Çaró

      Horacio Çaró

      18/02/2019 en 16:20

      ¿Ya se presentó como querellante en alguna de las causas en curso o se trata de un comentario sin fines prácticos y que no tiene en absoluto algo que ver con el tema de la nota? Un saludo.

      Responder

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