Un relevamiento de las opiniones de los distintos bloques del Concejo, da cuenta de que no hay chances para que prospere la propuesta de Cambiemos para sancionar a las movilizaciones sociales. Para la mayoría se trata de “marketing de campaña”.
El Concejo aún no comenzó sus sesiones semanales pero un proyecto para disciplinar las protestas sociales impactó de lleno en su agenda y encendió una polémica más brava que la sensación térmica de los últimos días. Se trata de una modificación al Código de Faltas para poder suspender planes de ayuda económica municipales y cobrarle multas a quienes cometan delitos o contravenciones en ocasión de manifestaciones públicas. Las actuaciones, además, se elevarán a provincia y Nación, con idéntico fin.
La iniciativa fue de Cambiemos y el resto de los bloques hizo fila para dar las razones del rechazo que le espera a la propuesta, que, además, remite a una cadena de antecedentes similares. El más reciente fue en la legislatura bonaerense por parte del diputado de la Coalición Cívica, Guillermo Castello. Días antes, Elisa Carrió acuñó en un twitter: “No se pueden hacer manifestaciones mientras se cobra un subsidio del Estado. Me gusta el agua para repeler manifestaciones porque calma, luego se van a su casa calmados”.
Sucios, feos, malos y protestones y por si no les alcanza con el agua, también deberían perder las ayudas económicas. ¿Es un atajo hacia la criminalización de la protesta social?, preguntó el eslabón al autor de la iniciativa. “Que quede claro, nosotros no queremos cercenar el derecho a la libre expresión, ni coartar la libertad de protesta social, lo que queremos es que algunos vivos dejen de lucrar con las necesidades de la gente”, respondió el concejal Carlos Cardozo.
Según el edil, “se generó un mecanismo donde una de las formas de sacarles más cosas al Estado es obligar a la gente que cobra un beneficio a participar de marchas, la política tiene que tomar ese tema que parece tabú”. Además, rechazó calificar al tema de antipiquetes, porque el bloque que integra siempre aprobó pedidos de utilización del espacio público para movidas sociales, políticas y culturales.
Además, señaló que el Gobierno Nacional contiene a los sectores más necesitados, en el marco de la Ley de Emergencia Social, que “fue consensuada con diálogos, no con piquetes, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; si una familia necesita el salario social complementario, nadie tiene que ponerle la condición de ir a las marchas”.
Invisibilizar
“Cambiemos adelanta lo que podría ser el gobierno municipal si ellos ganan, acompañando las políticas represivas de Mauricio Macri, con un proyecto que es ridículo pero que muestra la perspectiva que tienen de la realidad”, dijo la concejala Marina Magnani (Unidad Ciudadana).
Según la edila, en Rosario la mayor parte de las marchas son de sindicatos y desocupados. “Si después de generar desocupación y hambre quieren que la gente no se queje, entonces es un escenario de estado de sitio, represivo, anticonstitucional y antidemocrático”, señaló. Y dijo que Cambiemos promueve acuerdos políticos con organizaciones sociales, a través de Programas y Planes, “en un sistema de punteros a los que no se les exige nada a cambio, es una construcción territorial sin un criterio profesional que evalúen la situación de asistencia”.
Desde el socialismo, Horacio Ghirardi, dijo que el proyecto tiene un estrecho vínculo con el año electoral. “Creo que es una propuesta oportunista que busca generar un efecto de provocación, son estos debates que siempre tienden a dividir la sociedad y a montarse en malestar que puede ser objetivos, a nadie le gusta que corten la calle, metodología que no compartimos pero no estamos de acuerdo en reprimir la protesta social”, explicó.
Para Ghirardi, la demanda creciente de necesidades por las medidas económicas ameritan otro tipo de estrategia: “Diálogo, persuasión, con trabajo adecuado de las autoridades y de las fuerzas policiales y con mucho trabajo con los referentes de cada uno de los sectores”.
Según el edil, “es el gobierno del PRO, a nivel nacional, el que tiene vínculos estrechos con entrega de planes sociales en forma directa a cada uno de los referentes de las organizaciones, casi sin intermediación de la Provincia y la Municipalidad, los entrega la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, en forma directa”. Y anticipó que presentó un pedido de informes para que la Nación explique cómo se entregan estos planes, con qué criterio, a qué personas y cuántos son, entre otros ítems. “Si estamos hablando de transparencia, se tiene que empezar por ahí”, sintetizó.
Para María Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), hay un par de datos que son reales: las movilizaciones sociales aumentaron en el último tiempo, generan problemas de convivencia y muchos vecinos que se quejan por el corte de calle, padecen incluso de los mismos problemas de quienes se están manifestando. “Dicho esto, no me sorprende que sea el bloque Cambiemos quien presente una iniciativa de este tipo, si uno observa cómo se manejan a nivel nacional y ciudad de Buenos Aires, con represión y baleando a productores de verduras y consumidores”.
“Lo que intentan, y es la gran discusión de todo esto, es invisibilizar el conflicto social, son conscientes que este modelo de ajuste y empobrecimiento de la población, no va a cerrar sino es con represión; es muy fácil estigmatizar a los sectores populares que necesitan del Estado para subsistir”, argumento Gigliani.
Según la edila, “en Rosario, todos los jueves, en Alberdi y Génova, se juntan jubilados, clase media trabajadora que cuestiona los tarifazos, familiares y personas con discapacidad que reclaman por la baja de pensiones y vecinos que reclaman por inseguridad, y de esas manifestaciones el PRO no habla, es como hacer un guiño a los sectores medios a quienes le cae bien este tipo de propuestas de estigmatización”.
Además, dijo que no le extraña que la iniciativa “venga de un sector político que ya no está recorriendo la ciudad, que le tiene miedo a la gente y al reclamo social, creo que en lugar de poner energía en esto, deberían ir al Gobierno Nacional a exigirle que dé marcha atrás con las decisiones económicas que están ahogando las pymes y afectando la economía de gran parte de la población”.
Desde Unidad Ciudadana, Norma López fue categórica. “Son perversos e hipócritas, en los años de gestión de Macri, además de romper el contrato con la gente que lo votó, generaron mayor pobreza con tarifazos, cierre de empresas y pérdidas de empleo, con recorte a discapacidad, jubilaciones y pensiones, en este marco se crecen las manifestaciones y las protestas”.
“Para no escuchar a quienes ellos mismos excluyen, los reprimen con sanciones y retirándoles los planes a las organizaciones, eso es persecución y estigmatización terrible”, dijo López. Y dijo que Cambiemos tiene “una mirada clientelista hacia muchas organizaciones, a las que ahora les está diciendo los vamos a sancionar económicamente sino se comportan como buenitos”. La edila dijo que además de la modificación del Código de Faltas de la ciudad, el proyecto de Cambiemos incluye conocer en detalle las ayudas que reciben las organizaciones sociales por parte del Municipio y la provincia de Santa Fe. “Vamos a evitar que se sancione, no va a ser sancionado porque sería darles una herramienta al enemigo del pueblo”, enfatizó.
Para el concejal Enrique Estevez (FPCyS), “Cardozo siempre nos tiene acostumbrados a tirar cortinas de humo, intentando generar polémicas, la realidad no se resuelve con polémicas sino trabajando, está claro que es un debate el tema de la convivencia en las protestas, pero el problema fundamental es porqué se dan justamente esas protestas”.
“La preocupación máxima del concejal Cardozo debiera ser cómo generar puestos de trabajo, cómo mejorar la calidad de vida de la gente que la está pasando muy mal, esa debería ser su preocupación y no, irresponsablemente, en medio de una situación muy compleja, en la que están muchos sectores de nuestra ciudad, hacer propuestas que bajo ningún aspecto resolverán el problema”, argumentó Estevez. Y tildó la iniciativa de “poco seria”.
Para Eduardo Toniolli (PJ), “no es un proyecto que vaya a tener mayor adhesión en el Concejo, el objetivo del PRO, simplemente, es tener un poco de atención de la prensa, intentar instalarlo en la agenda que sólo ven ellos, porque la realidad indica que hay mucha gente protestando en la calle porque hay más gente en situación de indigencia, pobreza, que se queda sin trabajo o es víctima de los tarifazos”, analizó.
En ese marco de aumento de la conflictividad social, Toniolli ubica el aumento de sectores organizados o no tanto, en la calle. “Frente a esto surge esta especie de receta mágica que intenta ir sobre las consecuencias y no sobre las causas, el PRO sabe que esto no tiene ninguna chance de prosperar, más que un proyecto es un corte y pega de otro similar de la provincia de Buenos Aires”, comentó. Y mencionó un detalle gracioso de la iniciativa: “Prevé sancionar con trabajo comunitario, justo lo que los beneficiarios de estas ayudas sociales hacen todos los días”.
¿Un guiño hacia los estigmatizadores en el inicio de campaña electoral? ¿Una estética de la protesta? ¿Una cortina? Años atrás Joan Manuel Serrat también se ocupó del tema con aquella canción conmovedora “Disculpe señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar…”
Cortina de humo
El concejal Osvaldo Miatello, por su parte, aseguró que a la iniciativa impulsada desde el bloque de Cambiemos “hay que interpretarla en el plano electoral”. El presidente del bloque Compromiso con Rosario aclaró que desde Cambiemos “saben claramente” que esta propuesta de cobrar multas de hasta 16 mil pesos para quienes corten calles por protestas “no va prosperar”.
“La hacen a los efectos de poner un elemento de discusión, de división de la sociedad, que tiene que ver más con humo electoral que con otra cosa”, agregó al respecto el legislador local.
“¿Qué va a pasar con el vecino que salió a la calle porque hace una semana que tiene la luz cortada? ¿O con las manifestaciones por la inseguridad? ¿O las movilizaciones de cientos de mujeres que salimos a las calles a exigir Ni Una Menos?”, planteó a través de un comunicado el bloque de ediles de Ciudad Futura (CF).
“Porque las leyes se aplican a todos por igual. Cuando uno lo pregunta la respuesta es “no es para eso”, lo cual es peor aún: segun el pro habría “alguien” en Rosario que define qué protestas son “buenas” y qué protestas son “malas”. Cuáles se sancionan y cuáles no. Y eso se llama autoritarismo. Y nosotros creemos en la libertad. Por eso estamos absolutamente en contra de este proyecto”, continuó el comunicado de CF.
