“La economía empieza a ordenarse”, aseguró días atrás el presidente Mauricio Macri, desde el Reino del revés. Entre otros divagues, el líder del PRO también dijo, después de duplicar el peso de la deuda externa con relación al PBI, que “no se puede vivir de prestado”. Ningún indicador económico refleja tal armonía, sino más bien todo lo contrario. En un contexto de agudización de la crisis laboral y económica en el año electoral, con una proyección inflacionaria para 2019 que ronda el 35 por ciento, los trabajadores batallan en las primeras negociaciones paritarias del año. Los gremios buscan que los aumentos salariales se acerquen a ese 35 por ciento de inflación para no seguir perdiendo en la carrera con los precios y sepultar así el techo del 23 por ciento que promueve el gobierno nacional. Para eso, la mayoría de los sindicatos quiere introducir a los convenios cláusulas de actualización automática y sostener una suerte de “paritaria abierta”, de ser necesario, con revisiones mensuales.
“Las negociaciones paritarias y la evolución de los salarios son la gran incógnita para 2019. Desde el punto de vista de los trabajadores, el problema del salario se dirime en dos frentes: la recuperación de lo perdido el año pasado y la pretensión de no volver a perder otro año más”, se planteó el último informe del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala. “Los nulos logros del gobierno en materia de inflación y la pauta oficial de 23 por ciento para 2019 – lejos de las estimaciones privadas – están obligando a los sindicatos a buscar actualizaciones más cortas”, agregó el documento de análisis económico.
Las paritarias de los docentes siempre actúan de caso testigo. Todas las negociaciones abiertas del sector ponen en debate algún mecanismo referido a la denominada cláusula gatillo, con la intención de disparar reajustes salariales al ritmo de la inflación, aunque ya no semestrales si no “mes a mes”, según sugieren desde algunos gremios de peso.
A pocos días del inicio de clases, apenas cuatro provincias sellaron acuerdos. En Neuquén, por caso, los docentes firmaron un convenio por el cual los sueldos irán aumentando todos los meses con relación a la suba de los precios. En los principales distritos del país, como en la provincia de Santa Fe, fracasaron las negociaciones y habrá huelgas. La mayoría de los maestros que recién se inician cobran salarios por debajo de la línea de pobreza, según un estudio privado.
En el caso de Santa Fe, la propuesta oficial fue cláusula gatillo sujeta a la recaudación tributaria, pero los docentes piden al gobierno de la provincia que mejore la cifra inicial para destrabar el conflicto.
En el segundo semestre del año pasado, varios gremios empezaron a activar cláusulas gatillo frente a la disparada inflacionaria con la intención de poner al día los salarios, que habían quedado demasiado lejos del aumento del índice de precios al consumidor, que finalizó 2018 con un 50 por ciento en promedio.
En 2019, grandes sindicatos del sector privado, como Empleados de Comercio y Bancarios, anticiparon que buscarán elevar el porcentaje de incremento salarial con piso del 35 por ciento y contemplar revisiones automáticas en caso de salto inflacionario, sin tener la necesidad de esperar a la segunda mitad de 2019. Los empresarios, por ahora, miran de reojo este nuevo formato de recomposición salarial.
Por su lado, el oficialismo se esfuerza en sujetar las negociaciones paritarias dentro del límite del 23 por ciento, a tono con el Presupuesto 2019. Sin embargo, el 2,9 de inflación de enero y la proyección por encima del 3 por ciento en febrero, echan por tierra la intención de Cambiemos de aplacar aspiraciones salariales en este complejo comienzo de año. Las previsiones inflacionarias incluyen tarifazos en servicios públicos, el alza en productos de la canasta básica, la suba de la carne, el nuevo aumento en combustibles, la devaluación del peso, y no bajan del 35 por ciento como base para todo 2019, siempre y cuando no haya una nueva corrida cambiaria que acelere la hecatombe.
Con el objetivo de alcanzar el tan mentado “déficit cero” en las cuentas públicas, como exige el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Macri pretende que los trabajadores estatales obtengan subas no más allá del 23 por ciento, aunque en el caso de los privados sabe que será muy difícil abrochar esa cifra como referencia. Y quizá dé el visto bueno a incrementos mayores y hasta se muestre flexible frente a la inclusión de cláusulas de actualización salarial, con el único propósito de evitar una espiral de conflictos laborales en un año donde pondrá a prueba de votos su experimento neoliberal.
En rigor, el macrismo dispuso adelantar a marzo el pago de la última cuota de aumento del salario mínimo, vital y móvil, que debía abonarse en junio y lleva ese haber a los flacos 12.500 pesos, como un pequeñísimo paliativo en una situación de crisis económica in crescendo.
Números en rojo
La contracción en la capacidad de compra de los salarios se profundiza, en un contexto de pérdida de empleos y precarización laboral. Según datos oficiales, el salario real cayó 10 por ciento durante 2018, aunque otros cálculos elevan la pérdida hasta el 20, sobre todo en jubilaciones y planes sociales. Así, el poder adquisitivo de los trabajadores mostró el año pasado el mayor retroceso desde 2002, en pleno estallido de la convertibilidad, con el consiguiente impacto negativo en el mercado interno.
El Indec publicó datos referidos a la actividad económica y el consumo de diciembre de 2018 y balances del año pasado, que se chocaron de frente con las virtualidades optimistas que ve el presidente Macri. El año pasado cayeron las ventas en supermercados y shoppings. El sostenido retroceso del consumo popular obedece, en buena medida, al recorte salarial y en ingresos jubilatorios y de beneficiarios de planes sociales frente a la trepada inflacionaria, los despidos, suspensiones y flexibilización laboral, y al desmantelamiento que hizo el macrismo del programa Precios Cuidados.
Indicadores privados de consumo muestran que el deterioro continuó en enero. Al compás de la contracción del poder adquisitivo, especialistas proyectan que en 2019 el consumo terminará otra vez en baja.
El Indec confirmó que la actividad económica cayó 2,6 por ciento en 2018 y se perdieron casi 200 mil empleos formales. La industria, el comercio y la construcción tuvieron a los asalariados más castigados. De acuerdo a datos del Sistema Integrado de Previsión Argentino, Santa Fe está cuarta en el ránking de pérdida laboral, con 9.400 empleos menos en 2018 contra 2017. Por encima está la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. La sangría laboral alcanzó a 22 de las 24 provincias. Neuquén y Jujuy fueron las únicas donde no hubo caídas. La pérdida de puestos de trabajo continuó en enero, según la Encuesta de Indicadores Laborales. En la última semana arrasaron noticias de cierres de empresas y despidos, con represión incluida para los trabajadores que osan defender sus derechos.
La economía se desplomó 7 por ciento en diciembre pasado y acumuló nueve bajas consecutivas, totalizando una contracción del 2,6 por ciento en 2018. Los datos confirmaron que el país atraviesa una profunda recesión. La tendencia negativa arrancó en abril de 2018 por el impacto de la sequía que golpeó al sector agropecuario y se profundizó a partir de mayo, cuando se desató la crisis cambiaria y la megadevaluación.
La idea fija del gobierno de alcanzar el equilibrio fiscal (déficit cero) y tasas de interés por encima del 50 por ciento prevén en 2019 otro año de fuerte contracción de la economía. Es decir que la recesión llegó para quedarse.
Bolsillos deprimidos
“La combinación de depresión en la actividad económica con una inflación en ascenso se denomina técnicamente como depreflación, un término de escasa difusión entre los economistas que, como máximo, aceptaban hasta ahora la estanflación (estancamiento productivo con inflación). La depreflación argentina es el resultado directo de la aplicación del programa económico impuesto por el FMI a cambio de dólares frescos que eviten la cesación de pagos de las deudas antes de las elecciones de octubre”, analizó el último informe de coyuntura del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso).
“La macroeconomía tradicional plantea una disyuntiva entre empleo e inflación. De acuerdo a las teorías económicas habituales, la política económica puede estimular la creación de empleo, pero a costa de una mayor presión alcista en los precios. La alternativa sería priorizar la estabilización de los precios, pero a costa de una menor actividad económica y empleo.
Sin embargo, a más de tres años de aplicación del programa económico liberal y a cuatro meses de implementarse el experimento ultramonetarista de cero crecimiento de la base monetaria, la economía argentina se hunde en la peor combinación posible: una brutal caída de la actividad económica y el empleo, acompañada de una inflación fuera de control”, indicó en el reporte del Ceso.
El plan económico de Cambiemos-FMI combina derrumbe de la actividad productiva, desempleo y exacerbación del proceso inflacionario, al tiempo que promueve una contracción de los ingresos reales de la población. Por eso, es cada vez más difícil llegar a fin de mes y por eso los trabajadores que pueden negociar salarios en paritarias buscan romper la regla del ajuste.
Fuente: El Eslabón
