A medida que se avanza en la lectura de la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla que procesó y dictó la prisión preventiva del falso abogado y lumpen todo terreno Marcelo D’Alessio, la denuncia original por extorsión presentada por el productor agropecuario Pedro Etchebest se va perdiendo hasta desaparecer en un entramado oscuro, perverso y por completo delictivo que anida en los tribunales federales de Comodoro Py.
Como se describió esta semana en el diario digital Redacción Rosario, esa trama se corporiza en un dictamen judicial que revela la sociedad mafiosa que une a jueces, fiscales, agentes de inteligencia, periodistas y hasta la embajada del país más poderoso del planeta en el armado de causas, aprietes, “carpetazos” y encarcelaciones de dirigentes de la oposición, ex funcionarios y prominentes empresarios.
Es inédito. Lo dijo Maximiliano Rusconi, el abogado del ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido, preso hace un año a raíz de una causa armada con esos condimentos y por esos actores, cuya calaña repugna a cualquier ciudadano decente, pero pasa desapercibida para una gran parte de la opinión pública merced a la protección de los medios que participan de esas operaciones.
En el programa Minuto Uno que conduce Gustavo Sylvestre y se emite por C5N, Rusconi confesó: “Esto supera lo que yo imaginaba. Estamos en niveles inigualables. Un sujeto (por D’Alessio) al que se le encontró en la casa armamento que jurídicamente es imposible que un ciudadano argentino tenga porque sólo ingresa al país por valija diplomática”.
El allanamiento al domicilio del ahora procesado ofreció otras sorpresas. Por ejemplo, una carpeta en inglés con el título de “Government Watch List Notice”, en el que figuran datos económicos muy precisos sobre Etchebest y sus hijos. En uno de los mensajes que constan en la causa, D’Alessio indica que ese informe lo consiguió el fiscal federal Carlos Stornelli.
Pero además, en el primero de los dos allanamientos producidos en la fastuosa casa del abogado trucho, se secuestró numeroso material bélico y de inteligencia. Las armas, tal como lo relató Rusconi, eran muy sofisticadas y de última tecnología: una escopeta marca Kel Tec Modelo KSG calibre 12 UAB con un cañón de 380 a 599 milímetros que almacena 16 cartuchos, por citar los ejemplos más claros de que esos fierros pertenecen a fuerzas de seguridad norteamericanas.
Asimismo, se encontraron balizas policiales, placas de la DEA, remeras del FBI, y hasta un estudio de grabación, que D’Alessio había montado en un área de su mansión. Al lado de esto, las motos y los coches importados, los relojes y otros onerosos bienes que despertaron la curiosidad periodística, son un detalle que de todas maneras evidencia el nivel de putrefacción con que se opera en la sede tribunalicia de Retiro.
No es que no se supiera o sospechara, pero que un magistrado, por primera vez en un solo escrito judicial, pueda señalar que existen elementos de prueba “que vinculan a funcionarios y magistrados de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires, que podrían haber actuado en connivencia con estos servicios que llevaban adelante este tipo de operaciones ilícitas de espionaje», es de una gravedad tal que, si no fuera por el blindaje mediático que se autopreserva de esas revelaciones, haría saltar por los aires el sistema federal de justicia concentrado en ese edificio del barrio porteño de Retiro.
Y es menester que esa tarea la lleve adelante el próximo Gobierno, en caso de que tenga otro signo político que el de la alianza delictiva entre el macrismo, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. De otra forma, será imposible ejercer cualquier tipo de administración de justicia y, lo que es peor, no se podría gobernar.
Sin novedad en el frente federal
En algún sentido, los descubrimientos no constituyen una verdadera sorpresa, y son una obscena constatación de lo que se viene denunciando desde los pocos espacios periodísticos ajenos al dispositivo mediático que blinda al gobierno que encabeza Mauricio Macri.
Pero además sería una ingenuidad pensar que el sistema actual fue diseñado y puesto en ejecución por la actual administración. Los juzgados federales se entrenaron para actuar como una fuerza de tareas más durante la última dictadura cívico-militar.
Fue entonces que comenzó a funcionar el perverso entramado que bloqueaba cualquier pedido de habeas corpus presentado por abogados de familiares de desaparecidos. La red de servicios de inteligencia operaba en absoluta sintonía con fiscales y jueces federales, y mantenían estrecha comunicación con las jerarquías de cada Cuerpo de Ejército, y cada unidad de la Armada y la Fuerza Aérea, según fuera el área de operaciones que comandaba cada fuerza.
A modo de comparación en torno de los procedimientos en una y otra época, cabe recordar el caso de los empresarios Federico y Miguel Gutheim –padre e hijo–, quienes eran los propietarios de la algodonera Sadeco.
En 1976 la “Justicia” los metió presos, con el único objeto de obligarlos a firmar contratos con Hong Kong. A ambos empresarios los mantuvieron cinco meses encarcelados mediante una causa armada, y recién fueron liberados cuando rubricaron ese contrato comercial con la ex colonia británica.
Es claro también que –en el retorno de la democracia– Raúl Alfonsín no tuvo la más mínima vocación de reparar el daño colosal que ese sistema de administración de justicia le había ocasionado a las instituciones pero, especialmente, a la sociedad civil. Jueces y fiscales federales y de los fueros comunes nombrados durante la noche dictatorial fueron confirmados de hecho, sin siquiera sopesar el accionar de algunos, cuyas maniobras criminales fueron materia de investigaciones periodísticas.
Incluso alrededor de la sociedad clandestina pero no tanto entre servicios de inteligencia y jueces federales, se produjeron situaciones realmente curiosas, como la denuncia de un supuesto complot para derrocar al gobierno radical, en el que se detuvo a periodistas sospechados de mantener turbias relaciones con la Side, y otros personajes, pero la causa nunca prosperó. Sobre ése y otros episodios, el fallecido ministro del Interior Antonio Tróccoli solía decir que eran protagonizados por la “mano de obra desocupada”. Los servicios jamás sufrieron los embates del desempleo.
La llegada del menemismo a la Casa Rosada demandó un proceso de revisión de ese perverso sistema, pero no por sus causas y efectos antijurídicos, sino porque faltaban piezas en ese rompecabezas que ayudaran a zafar de las consecuencias penales a quienes se asociaran para desmontar el Estado y venderlo a precio vil, previa cometa embolsada por una banda que se instaló una década para tales fines en el corazón mismo del Estado.
Uno de los arquitectos de esa renovación de nombres y esquemas fue el ex ministro del Interior Carlos Corach, que fue quien diseñó las grillas de nuevos integrantes del fuero federal porteño, con asiento en Comodoro Py, y que se hizo célebre precisamente por haber escrito algunos de los nombres de esas nóminas en una servilleta.
No existe una mejor asociación metafórica que la de unir a magistrados con “servilletas” de la ex Side. Claudio Bonadio fue uno de los ingresantes, sin haber tenido que concursar otra cosa que su fidelidad a Corach y a José Luis Manzano, en cuyo Ministerio se había desempeñado con bajo perfil.
Pero aquel esquema no se constituyó con personal exclusivamente menemista o peronista residual, por el solo hecho de que el Poder Judicial no estaba compuesto, ni lo estuvo nunca, por magistrados y fiscales peronistas. Muy por el contrario, la mayoría de los tribunales siempre estuvo plagada de abogados radicales y conservadores que llegaban a jueces por el movimiento de las correspondientes palancas políticas. Carlos Stornelli proviene de esa manada, y hay que buscar las raíces de las relaciones que lo llevaron a ese lugar de poder que hoy detenta en los comités radicales de La Boca, comandados por el puntero Carlos Bello, padrino político de Daniel El Tano Angelici y otras celebridades.
A los fines de indagar en ese entramado radical que hace tiempo pulula por Comodoro Py y otros tribunales federales es altamente recomendable el libro El Tano: Quién es Daniel Angelici, cuyo autor Ignacio Damiani realiza una interesante radiografía de ese circuito.
Los nombres que surgen de ese armado político-judicial son conocidos por todos: Enrique Coti Nosiglia, Ramón Mestre (padre, hoy fallecido), Oscar Aguad, que fueron los radicales que le habilitaron casinos a Angelici en Córdoba. El último es ministro de Macri y uno de los protegidos de Angelici.
Es más, en 2017, poco antes de fungir vocero del macrismo desde su rol de panelista del programa Animales Sueltos, el periodista Gerardo Tato Young publicó El libro negro de la Justicia, que narraba los entretelones de los juzgados federales, con el protagonismo no exclusivo de la jueza María Romilda Servini, y haciendo mención a otros magistrados. Cuando le preguntaron por los dichos de la pitonisa Elisa Carrió respecto de que Angelici ya no caminaba por los pasillos de Comodoro Py, Young respondió: “Los caminos de Comodoro Py ahora caminan hacia Angelici”.
El actual presidente de Boca, en su momento, como comensal de la nonagenaria Mirtha Legrand, sostuvo: “No sé qué significa ser operador, no conozco el edificio de Comodoro Py”. Pero Angelici agregó dos respuestas a sendas preguntas de la almorzadora: “El Gobierno no necesita ni operadores, ni intermediarios”. Y, acto seguido: “Sí, voy a cenar con jueces, juezas y fiscales, con gobernadores, senadores. Ser presidente de Boca da muchísimas relaciones, da un conocimiento público muy grande”.
El 4 de octubre de 2018, La Nación reveló hasta qué punto Angelici es el hombre del macrismo que mueve los hilos de la Justicia. En un artículo titulado “Angelici amplía su influencia, pese a las embestidas de Carrió”, se deja constancia de que “el Tano emergió a la superficie esta semana al consolidar una línea directa dentro del futuro Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de nombrar y remover jueces”.
En los párrafos más jugosos se describe lo siguiente:
- “…el Tano se dejó fotografiar en la crucial elección del representante de los abogados porteños en el Consejo de la Magistratura , un organismo que tendrá un fuerte protagonismo en el último año de gestión de Macri, porque se esperan remociones y nombramientos de jueces claves”.
- “Angelici logró imponer como consejero a Juan Pablo Mas Vélez, vicerrector de la UBA, histórico militante de Franja Morada, pero también vocal del Tribunal de Apelaciones de la Superliga”.
- “Impulsó además la elección de Marina Sánchez Herrero, que llegó también con respaldo de Ernesto Sanz y que ganó como consejera por los abogados del interior. Algunos consejeros actuales, en tanto, descuentan que tendrá el favor del futuro representante de los académicos Diego Molea, que llegó con apoyo de toda la política universitaria.
- “Según afirman varios miembros de la mesa judicial, el hombre de confianza de Angelici en el Consejo de la Magistratura seguirá siendo Juan Bautista Mahiques, representante del Poder Ejecutivo en ese cuerpo”.
- “…Carrió siempre estalla cada vez que observa la mano de Angelici en la Justicia. Lo hizo también cuando fue contratado José Console como abogado de la extinta Unidad Amia. Console integra el Tribunal de Disciplina de Boca y se desempeña como letrado de la consejera porteña Silvia Blanco, esposa de Sebastián Enano De Stefano, encargado del área de jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y lugarteniente de Angelici en los servicios de inteligencia junto a Darío Richarte.
Nada nuevo en el frente federal, podría decirse parafraseando aquella trágica novela de Erich Maria Remarque Sin novedad en el Frente Occidental. Sin embargo, pareciera que la decisión del macrismo de perfeccionar ese sistema en red de jueces y fiscales federales, espías, periodistas y políticos radicales preexistente, otorgándole un rol en extremo delincuencial, será finalmente lo que terminará por sepultarlo.
Fuente: El Eslabón
