Entre 2009 y 2016, 17.448 niñas menores de 14 años tuvieron hijos, según datos oficiales del gobierno ecuatoriano. El abuso sexual aumentó 315 por ciento en tres años.

“Ecuador legitima la violación porque no la cuestiona ni la reconoce, a pesar de las cifras”, señaló la académica y miembro de la Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres de Ecuador, Cristina Burneo, en declaraciones al diario La Hora.

“En determinados casos, la maternidad es una forma de tortura”, señaló Burneo en referencia al caso de una niña de 11 años a quien el esposo de su madre la violó y embarazó. El caso de la menor, al que los medios la apodaron “María”, tuvo gran repercusión en Ecuador. Fue violada durante nueve meses por su padrastro. El Estado le negó la posibilidad de decidir por su vida y además la Justicia la condenó, pues el aborto no está despenalizado, salvo en casos puntuales que no incluían a “María”.

La Asamblea Nacional ecuatoriana inició en enero los debates sobre la posible despenalización del aborto. Actualmente la interrupción del embarazo es legal sólo en dos casos: por riesgo de vida de la madre o en caso de violación a una mujer con discapacidad mental.

Por su parte, la integrante de la organización feminista Surkuna, que lucha por los derechos de mujeres criminalizadas por abortos, violaciones y violencia de género, Verónica Vera, consideró que “en casos de niñas menores a 15 años se repiten patrones de violencia sexual sistemática”.

“Los embarazos que son el resultado de las violaciones no son investigados como delitos”, agregó la especialista. “Son normalizados y naturalizados”, concluyó Vera.

Según las Estadísticas Vitales y Nacimientos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador, entre 2009 y 2016, 17.448 niñas menores de 14 años tuvieron hijos.

El diario La Hora informa que el Observatorio Social del Ecuador elaboró un informe titulado “Situación de la niñez y adolescencia en Ecuador”, que apuntó a la situación de las menores de 18 años y el trato que recibieron en el sistema de salud público.

El estudio señala que a pesar de que el acceso a la atención profesional fue de 94,7 por ciento (entre 2006 y 2015), las alertas indicaron que 2.115 niñas de 10 a 14 años dieron a luz en 2016, “algunas probablemente como resultado de violaciones o emparejamientos forzados”.

El estudio del Observatorio Social del Ecuador mostró, además, que tres provincias de la Amazonía tienen la tasa más alta de niñas entre 10 y 14 años que dieron a luz. Orellana, Sucumbíos y Morona Santiago rebasan los cinco embarazos adolescentes por cada mil adolescentes. Esto en contraste con Pichincha y Guayas, que son las provincias con mayor cantidad de menores de 18 años, donde se registran entre dos y tres embarazos adolescentes por cada mil adolescentes.

La alerta de las organizaciones se ha centrado en la Meta 3.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que señala que para 2030 se debe “garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales”. Ecuador está lejos de cumplirla, y en este sentido se recomendó “desplegar esfuerzos importantes”.

La despenalización del aborto es el primer paso

Colectivos y organizaciones de mujeres coinciden en que la despenalización del aborto por violación es una medida mínima de reparación a la víctima. Los esfuerzos, según Burneo, deberían enfocarse “no en que las niñas sufran menos, sino en que nunca más sean madres”.

Para esto, debe haber articulación entre el Estado, el sistema educativo y las organizaciones, en un panorama en que las niñas no están seguras en su casa.

Pero para Vera, además, la despenalización “debe ir acompañada con educación sexual basada en los derechos humanos y en evidencias científicas”.

En su experiencia, “las niñas que han recibido clases han podido detectar comportamientos abusivos y violentos con mayor facilidad”.

A escala mundial, están vigentes movimientos con la consigna «Niñas no madres», que mantienen información actualizada sobre la situación en América latina y la lucha para que las niñas no sean forzadas a tener hijos cuando fueron violadas.

En Ecuador, el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala lo siguiente: “Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años en cualquiera de los siguientes casos: Cuando la víctima sea menor de 14 años”.

Consultada por el diario La Hora, la uroginecóloga Ivonne Naranjo aseguró que “el embarazo en adolescentes es considerado de por sí un factor de riesgo”. Además, la especialista señaló que las niñas menores de 15 años tienen 10 veces más riesgo de morir o tener complicaciones en el parto. Naranjo se refirió asimismo a factores sociales: “Si las niñas están en poblaciones aisladas o sufren maltrato, empiezan el control muy tarde”. Y aclaró: “Que una niña menstrúe desde los nueve o diez años no significa que su cuerpo esté listo”. La profesional aseguró que “los hijos de madres adolescentes son más propensos a sufrir maltrato y violencia”.

Al ser consultada sobre si hay una edad recomendada para ser madre, Naranjo se refirió a un conjunto de condiciones a considerar, no sólo la edad: “Hay tres condiciones que se pueden tomar en cuenta, que la mujer esté lista económica, social y afectivamente”, señaló la profesional, y agregó: “Y que tenga una pareja estable, porque la maternidad no debería ser llevada solo por la madre”.

El abuso sexual se incrementó un 315 por ciento en tres años

El sitio del diario ecuatoriano El Tiempo reproduce un informe de la Contraloría General del Estado, aprobado el 23 de enero de 2019, que señala que durante tres años, entre 2014 y 2017, “no se impulsó ni efectuó un seguimiento continuo” del plan contra los abusos en escuelas y colegios.

El Plan Nacional Integral para erradicar los delitos sexuales en el sistema educativo prácticamente no se aplicó, y en ese periodo hubo un “incremento de los casos de violencia sexual de un 315 por ciento”.

De acuerdo con datos de la Coordinación Zonal de Educación, en ese período se registraron, en principio, 1.837 a nivel nacional. Pero tras la implementación de los programas de apoyo a las víctimas, y la consiguiente facilitación y motivación de las denuncia, las cifras se acercaron más a la realidad y se multiplicaron.

Así, entre 2017 y 2018 se registraron 270 denuncias por casos de abuso sexual infantil que se arrastraban desde 2014. De estos casos, 105 fueron cometidos en el ámbito familiar, 146 en el ámbito educativo y 19 entre compañeros. Un total de 34 docentes ya fueron destituidos y los demás implicados han sido separados mientras duran las investigaciones, señala el diario ecuatoriano El Tiempo.

El informe detalla que, en el período observado, no se coordinaron acciones entre los distintos ministerios, “ocasionando que el Plan no se desarrolle, implemente y ejecute, a pesar de haber transcurrido más de seis años desde que se expidió el Acuerdo Ministerial de 30 de septiembre de 2011”, que daba pautas para la aplicación del programa.

El reporte acota que en el paso de direcciones provinciales a distritos de Educación, “no se definieron procedimientos” para la entrega de expedientes de abusos sexuales, no se inventariaron los casos, y no se implementó un sistema de registro de denuncias de violencia sexual en instituciones educativas, que permita su seguimiento y control.

Tampoco hubo documentos sobre el número de denuncias reportadas antes del funcionamiento de los distritos, ni de los trámites que el Ministerio de Educación debió efectuar en atención a las víctimas.

El ex coordinador de Educación, Henry Calle, quien actuó en parte del período observado, comentó al diario El Tiempo que cuando llegó al cargo se encontró con “expedientes sueltos, sin un archivo organizado y sin una matriz que permita su seguimiento”. El desorden motivó la destitución de dos directores distritales en Cañar y Morona Santiago.

El informe agrega que tampoco se hallaron registros “confiables” de denuncias antes de 2014. “Esto nos dice que, o no se archivaron correctamente, o no se procesaron. En ambos casos lo que pasó es gravísimo”.

Por su parte, la representante de la Junta de Protección de Derechos, María José Machado, señaló que la institución trabaja en apoyo a las víctimas, “para que este tipo de situaciones no se repita”.

En este sentido, Calle indicó que “la Fiscalía y la Contraloría deben establecer responsabilidades”.

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