El modelo económico de Cambiemos, que renovó respaldo del Fondo Monetario Internacional, castiga duro a la industria y agrava la situación laboral. En el verano 2018-2019 se multiplicaron los procedimientos preventivos de crisis, cierre de fábricas, despidos, recortes de jornadas laborales, retiros voluntarios y suspensiones de trabajadores. El ajuste generalizado tuvo como protagonista, incluso, a grandes compañías que sienten el cimbronazo del mercado interno producto del experimento neoliberal macrista. Coca Cola, Fate, Zanella, Honda, Peugueot, Eskabe, La Campagnola, Lácteos Verónica, Molinos Cañuelas, Villa del Sur son algunas de las marcas que acusaron problemas en los últimos días. En los primeros dos meses de este año hubo más de 12 mil despidos y suspensiones en el ámbito formal, en su mayoría por cierre de empresas, según informó el Centro de Economía Política Argentina (Cepa).
Del total de las cesantías y suspensiones contabilizadas, 12.352 casos, sólo 98 corresponden al Estado y el resto al sector privado. A diferencia del arranque de 2018, en 2019, año electoral, los gobiernos parecen haberse cuidado de no profundizar la sangría laboral. Con 8.352 despidos y suspensiones en enero y febrero, la industria continúa siendo el sector más golpeado. Le siguen el área de servicios, donde muchísimos comercios bajaron la persiana, y más atrás la construcción. Dentro de la industria, los rubros automotriz, textil, electrodomésticos y alimentos, con la caída del consumo como principal dificultad, se anotaron con la mayoría de los despidos.
Desde la Asociación Empresaria de Rosario reclamaron al gobierno nacional la implementación de medidas para sostener a las pequeñas y medianas empresas (pymes) frente a la agudización de la crisis. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre 2017 y noviembre 2018 cerraron en todo el país un total de 10.896 pymes de menos de cien empleados y casi 50 mil personas perdieron el empleo. La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) volvió a publicar un informe que dio cuenta de la sostenida y generalizada caída de la actividad en la provincia, donde el sector fabril perdió unos 5 mil empleos desde el año 2015, según coinciden la Fisfe y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Mientras despuntan las primeras negociaciones paritarias del año, se percibe y se experimenta que los ingresos alcanzan cada vez menos, mientras la inflación está lejos de desacelerar como pregona el oficialismo. Para tener una dimensión del recorte que viene sufriendo el poder adquisitivo, basta con detenerse en la referencia del salario mínimo, hoy en 12.500 pesos, que medido en dólares cayó 37 por ciento durante 2018 y bajó otro escalón en el ranking regional. Según un reporte de la Universidad Nacional de Avellaneda, a fines de 2015, cuando asumió Cambiemos en el poder, el salario mínimo equivalía a 580 dólares y era por lejos el más alto de América latina. El año pasado retrocedió a 297 dólares y bajó al sexto lugar.
La escalada inflacionaria, la caída salarial y la recesión económica produjeron cambios en el comportamiento de consumo de la población media. Según un informe del Cepa al respecto, la compra de carne cayó un 48 por ciento a nivel país y de gaseosas un 44 por ciento, mientras que aumentó el consumo de hidratos de carbono por tener precios más accesibles al bolsillo. Las modificaciones en las pautas de consumo de las familias también evidenciaron una notable caída, de más del 60 por ciento entre diciembre de 2018 y enero de 2019 en el rubro recreación. Si es difícil para la olla, el ocio y la diversión pasan a segundísimo plano.
Pese al desplome del consumo popular y la caída en el poder de compra de los ingresos, la inflación se mantiene altísima. Después de un 2018 con 50 por ciento de inflación promedio, el primer bimestre de este año arrojó significativos aumentos en bienes y servicios. El nuevo salto en la cotización del dólar sazonará los precios, que cada vez están más salados y prohibitivos. Las proyecciones inflacionarias para el año en curso van en ascenso y cálculos privados ya ponen un piso del 40 por ciento para 2019.
Se estima que el primer trimestre del año cerrará con un incremento de precios al consumidor en torno al 10 por ciento. En enero, el Indec midió 2,9 por ciento, en febrero 3,8 por ciento y para marzo se espera al menos un 3 por ciento, al calor de la devaluación, la nueva suba de los combustibles, en tarifas de servicios públicos y alimentos. El gobierno mira con atención la evolución del dólar porque, como se sabe, cualquier rebote del billete verde se traslada en forma lineal a los precios de las góndolas e incrementa el malhumor social.
El gobierno convalidó otra fuerte suba de la tasa de interés –llevando el máximo arriba del 63 por ciento– como única opción para frenar la disparada del dólar, pero el billete verde sigue bien arriba y mete mayor presión inflacionaria. La Nueva Alianza le rogó al FMI que le deje usar los dólares del préstamo para atajar potenciales corridas en la previa a las elecciones. También espera ansioso los dólares de la cosecha de soja para calmar a las fieras.
“Si la banda de flotación cambiaria tiene una amplitud tal que entre el piso y el techo permite una devaluación del 30 por ciento, inhibiendo la intervención del Banco Central en el mercado cambiario, y restringiendo la misma de manera casi exclusiva a la suba en la tasa de interés, al tiempo que se fija una pauta de actualización de la banda cambiaria vigente, está claro que en el marco del acuerdo con el FMI la dirección del dólar es una sola: hacia arriba”, analizó el economista Claudio Lozano.
En este sentido, el presidente de Unidad Popular añadió: “Hay una desconfianza estructural de base con el actual gobierno ya que sus políticas (y no otras) colocaron a la Argentina a comienzos del 2018 al borde del default. Situación ésta que no ha sido resuelta con el respirador artificial de los dólares del FMI. Por eso cae el precio de los bonos de deuda Argentina, sube el riesgo país y pierden valor las acciones de las empresas argentinas que cotizan en el exterior”.
En tanto, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne viajó a Washington para reunirse con la titular del FMI Christine Lagarde. El panelista económico de televisión devenido ministro volvió a recurrir a la gastada frase “lo peor ya pasó”. Desde el organismo internacional prefirieron resaltar el cumplimiento del plan de ajuste acordado con la Argentina que conlleva reformas estructurales y metas fiscales. Dujovne dijo desde Estados Unidos que “la recesión encontró un piso” y que vendrán mejores números para la economía que digita el Fondo, aunque las cifras oficiales muestren todo lo contrario.
También anunció que a partir de abril el Tesoro licitará 9.600 millones de dólares al tipo de cambio vigente para descomprimir las repetidas presiones sobre la moneda estadounidense, ya que nuevas corridas conllevarían a recortar chances electorales del oficialismo. Fue un mensaje de expectativas para el mercado, donde en las últimas semanas grandes fondos de inversión comenzaron a redolarizar sus carteras. De todas formas, es casi inevitable que el precio del dólar suba a medida que se acerquen las elecciones.
El próximo 4 de abril habrá marcha multisectorial convocada por la CGT, la CTA, el Frente Sindical y empresarios pymes en reclamo de la protección del empleo y en repudio a los asfixiantes y constantes aumentos de precios y tarifas. La movida callejera marcará la “reaparición” de la CGT en la primera línea de fuego. Mientras, los gremios más opositores al gobierno ven en la marcha unificada del 4 de abril la continuidad de un plan de lucha mientras agitan un paro general en defensa de los trabajadores, reclamo que se irá intensificando al calor de los despidos, las suspensiones y los cierres de empresas.
La mayoría de la población argentina vive un deterioro de la calidad de vida, mientras se destruye el aparato productivo, se acentúa la especulación financiera y crece el endeudamiento externo. Días atrás se vieron imágenes como si fuese un revival de 2001: ollas populares y acampe de organizaciones sociales frente a las puertas de grandes cadenas de supermercados en protesta por el aumento de la pobreza y la desocupación y en reclamo de la emergencia alimentaria. Casi al mismo tiempo que sucedió la manifestación frente a los súper, la Iglesia católica dio a conocer, en el marco del año electoral, un documento donde alertó sobre el desempleo y la “pobreza creciente”. La calle refleja de manera cada vez más intensa el descontento popular con las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.
