A 44 años, casi medio centenar de imputados entre civiles, militares y policías que participaron de la represión ilegal en Villa Constitución un año antes del Golpe serán indagados por la Justicia. Entre ellos, un ejecutivo de Acindar, símbolo de la comunión entre el poder empresarial y los genocidas.
Cuarenta y cuatro años les insumió a las víctimas de la represión ilegal desatada contra obreros metalúrgicos de Villa Constitución conseguir que un juez cite a declarar a 46 protagonistas civiles, militares y policiales de aquella “ocupación” armada a la ciudad que alberga a la acería Acindar, uno de cuyos directivos de entonces se transformó al año siguiente en el encargado de los asuntos económicos del plan genocida ejecutado por uniformados e ideado por hombres de traje. El 25 de marzo, a la jornada siguiente de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se iniciarán en el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario las indagatorias a los posibles responsables penales de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el hecho histórico conocido como el Villazo.
El valor de esa causa radica en que la investigación no se detuvo en los ejecutores uniformados de la represión ilegal –de indisimulable responsabilidad–, sino que avanzó sobre los civiles que participaban de la dirección empresarial de Acindar de aquellos años.
Es decir, los beneficiarios del “palito de abollar ideologías” y autores intelectuales del modelo económico que comenzó a implementarse en 1976 a través, precisamente, de uno de los ejecutivos de la acería, José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura.
El mismo que acuñó la frase “da lo mismo producir aceros que caramelos”, ejemplificadora del plan de desindustrialización, apertura de importaciones y ciclismo financiero que llevó adelante la última dictadura, nacionalista en lo político y neoliberal en lo económico. Cualquier parecido con las políticas actuales del Palacio de Hacienda no es mera coincidencia.
Según explicó a el eslabón el fiscal del caso, Adolfo Villate, entre los llamados a declaración indagatoria que aceptó el juez dispone “las de cuatro integrantes de la conducción Acindar” de entonces, entre ellos “gerentes y encargados de personal”. Pero, agregó, “uno de ellos fue integrantes del directorio en aquella época, de mayor rango que los anteriores”.
Re-tardado
El retardo de la Justicia en investigar las responsabilidades penales del Villazo tiene una explicación histórico-política –fundada en las leyes de impunidad que impidieron el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado desde fines de los 80 hasta comienzos de este siglo– y otra menos objetivable que consiste en la mora de seis años entre la denuncia presentada por los sobrevivientes y la decisión del juez, Marcelo Martín Bailaque, de hacer lugar a las indagatorias solicitadas por el fiscal Adolfo Villate.
En marzo de 2017, Villate había solicitado 102 indagatorias a presuntos implicados en las tres decenas de asesinatos, tres centenas de encarcelados y un millar de despidos que produjo el experimento de represión y disciplinamiento de la clase obrera a pequeña escala iniciado el 20 de marzo de 1975, que un año después se extendió a todo el país. En marzo de 2019, el juez hizo lugar a 46.
El hecho histórico conocido como el Villazo, nacido de una larga huelga por el reconocimiento de una elección de la seccional de la UOM de Villa Constitución que fue respondida con una combinación de represión militar, policial y parapolicial, concentra con anticipación las características principales que distinguieron al plan sistemático de exterminio de opositores y de reconversión de las relaciones laborales y sociales de la Argentina a partir del golpe de 1976: represión ilegal, centros clandestinos de detención, acción conjunta de fuerzas de seguridad y patotas paraestatales, intento de aplastamiento del movimiento obrero organizado, disciplinamiento social de las disidencias políticas.
El 26 de junio de 2013, ocho ex dirigentes gremiales de la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) presentaron en los tribunales federales de Rosario un escrito para que se investiguen los secuestros y crímenes ocurridos en esa localidad.
Patrocinados por una abogada de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y una asociación de ex presos políticos, los militantes pidieron a la Unidad Fiscal de Derechos Humanos que “se investigue la represión del movimiento sindical durante aquellos años”.
La denuncia judicial está impulsada por Victorio Paulón, Zenón Sánchez, Agustín Luna, Cátulo Bogado, Miguel Alberto Simonovich, Luis Aliendro, Juan Actis y Roberto Justo Martínez, quienes integraban la Lista Marrón de la UOM de Villa Constitución, que a fines de 1974 ganó la conducción de la seccional sindical de los metalúrgicos.
Los hechos
En 1974 la seccional Villa Constitución de la UOM, conducida a nivel nacional por el dirigente Lorenzo Miguel, estaba intervenida.
El primer día de julio de ese año murió Juan Domingo Perón, mientras ejercía su tercera Presidencia. A cargo del Poder Ejecutivo quedó su viuda, María Estela Martínez, popularmente conocida como Isabelita, y del poder real el ministro de Bienestar Social y creador de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), el Brujo José López Rega.
Los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución iniciaron medidas de fuerza para poder elegir a sus propios representantes. En Acindar se gestó una comisión interna encabezada por Alberto Piccinini, que se enfrentó a la conducción de Lorenzo Miguel. La empresa dirimió las diferencias inclinándose por una de las partes, con la que lograba un mejor entendimiento, e intervino en el conflicto con la expulsión de doce delegados.
El conflicto derivó en una huelga iniciada en marzo de 1974. En ese contexto, la Policía Federal inauguró una sede en dependencias del Albergue de Solteros de Acindar, que se convertiría en el primer centro clandestino de detenciones al año siguiente, antes del Golpe. De las centrales fabriles más importantes, los trabajadores tomaron en señal de protesta Marathon y Acindar y abandonaron Metcon, que había sido ocupada por la Gendarmería Nacional.
Luego de una semana, los interventores de la UOM les informaron a los trabajadores que se llamaría a elecciones. A tal efecto se realizó una reunión, al cabo de la cual se supo que aquella promesa no sería llevada a cabo. “Por esa razón se decidió tomar de nuevo Acindar. La medida fue acompañada por todo el pueblo de Villa Constitución, en especial los comerciantes, que de diversas maneras colaboraron con los trabajadores: les enviaban comida y cosas que necesitaban”, reconstruyó la Fiscalía, a cargo de Villate, en base a los testimonios recogidos en la causa.
Después de unos días, intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación. La comisión interna de Acindar logró la reincorporación de los despedidos y la promesa de elecciones en 120 días a cambio de desocupar las empresas. Tras los comicios, triunfó la Lista Marrón, expresión del sindicalismo clasista y antiburocrático.
El interregno hasta las elecciones -que se concretaron recién en noviembre de 1974- estuvo signado por actos violentos y atentados con bombas a las sedes donde se reunían los representantes sindicales opuestos al oficialismo en la UOM.
Ese triunfo -describió la Fiscalía en la contextualización histórica de su acusación- cambió radicalmente la situación y dio lugar a una serie de avances respecto a los derechos de los obreros que generaron numerosas tensiones con el sindicalismo ortodoxo.
La investigadora de Flacso y del Conicet Victoria Basualdo, cuya tesis doctoral tuvo como objeto de estudio estos hechos, declaró en la causa que el triunfo de la lista Marrón “desencadenó una larga lista de reformas en el sindicato local, se mejoró la atención médica, se propuso crear un Policlínico que no existía, se trabajó con los delegados para elaborar anteproyectos de paritarias, se reactivaron los Congresos de Delegados entre Fábricas, y se logró una articulación con otros sectores de trabajadores locales, incluyendo trabajadores portuarios, ferroviarios, municipales, textiles, aceiteros, de comercio, bancarios y maestros entre muchos otros”.
Basualdo explicó que con esos sectores “se lograron reivindicaciones económicas muy importantes para los trabajadores, aumentos de salarios en la mayor parte de las empresas y se concretaron acuerdos muy por encima de los convenios y lineamientos del gobierno”.
Serpiente Roja
La tensa paz duró entre noviembre de 1974 y marzo del año siguiente. En febrero de 1975, Isabel y parte de sus ministros firmaron el decreto que habilitó en Tucumán el “Operativo Independencia”, que facultaba al “comando General del Ejército” a “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. Para Villa Constitución no hubo formalismos administrativos.
Al mes siguiente, la prensa se refirió a “información sobre una merma en la producción en lugares como San Nicolás y Villa Constitución, donde la UOM tienen filiales dirigidas por sindicalistas radicalizados”. Se iba preparando el terreno para la intervención. El mismo 20 de marzo el diario La Tribuna, que entonces se editaba en Rosario, presentó como principal título de portada: “Descubriose un vasto complot. Destinado a paralizar la industria pesada entre San Nicolás y nuestra ciudad”.
Había comenzado lo que el ministro del Interior, Alberto Rocamora, denominó “Operativo Serpiente Roja del Paraná”, destinado a “combatir el complot a la industria pesada” que consistía en perseguir “a los subversivos”. El único conjurado contra la industria nacional era entonces directivo de Acindar e iba a convertirse en ministro de Economía.
El “Operativo Serpiente Roja” consistió en la “ocupación” de Villa Constitución con militares, fuerzas de seguridad federales, bonaerenses y santafesinas, y las patotas de la Juventud Sindical y la Triple A.
“Las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios, y a través de las fuerzas armadas y de seguridad, decidieron aplicar un programa represivo en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas”, describió Villate en la acusación.
En total, unos cuatro mil efectivos a bordo de 105 vehículos que “hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas” participaron del operativo de “ocupación” de la ciudad industrial.
Los trabajadores iniciaron una huelga que se extendió durante sesenta días, que contó con el apoyo mayoritario de los metalúrgicos, de los sindicatos industriales del cordón y de las fuerzas democráticas.
“A partir de ese momento -narró Villate-, se inició una verdadera cacería que perduró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continuó con posterioridad, aunque adquiriendo otras características. La estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial y, en nuestra zona, no sólo incluyó a Villa Constitución, sino también a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo. Esa fue la dimensión de la represión a ese colectivo de trabajadores; todo estaba orientado a detener a una vanguardia sindical que cuestionaba al viejo modelo”.
Una parte de los responsables de aquella cacería con fines políticos comenzará a rendir cuentas ante la Justicia el próximo lunes.
