Días atrás se suicidó el más famoso de los forenses que en la dictadura avalaron crímenes de lesa humanidad, y el jefe de Gabinete pagó alguna vieja cuenta nombrando a la nieta de Roberto Viola. El único gobierno de raíz negacionista en democracia transita sus últimos meses socavando el Estado el derecho.

El gobierno de Mauricio Macri no ahorró uno solo de los posibles clichés que ostentan los negacionistas del horror genocida cometido por la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983. Detuvo en seco el impulso que el kirchnerismo le había dado a los juicios por crímenes de lesa humanidad, abogó desde las sombras y no tanto por el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria a los condenados o procesados por esos delitos, quiso imponer el 2 x 1, reivindicó cada vez que pudo a algunos de los más emblemáticos jerarcas de esa etapa, y planteó en forma desembozada un discurso que siempre cuestionó el número de desaparecidos que dejó aquel siniestro gobierno como espantoso saldo.

Como cantaba la militancia del final de los años de plomo y principios de la etapa democrática, “no hubo errores, no hubo excesos, son todos criminales los milicos del Proceso”. El cántico venía a cuento de las explicaciones con que algunos capitostes castrenses, en complicidad con los medios de comunicación y algunos políticos embarrados hasta la cintura por su colaboracionismo, intentaban justificar lo actuado por la dictadura.

El gobierno de Macri, surgido de las urnas pero claramente identificado con la alianza de poder que dio sustento al plan económico de aquellos años –el actual es casi un calco–, desliza a través del dispositivo mediático que los efectos devastadores de su programa se deben a errores y, en algunos casos, a excesos del mercado, que no comprende los fines loables de la gestión Cambiemos.

Para la dictadura, hubiese sido imposible llevar adelante su plan de exterminio –indispensable para ejecutar el económico–, sin la concurrencia de factores de complicidad que incluían a un extendido sector del Poder Judicial y los medios masivos de comunicación, alimentados por las usinas de inteligencia militar, policial y civil formateadas para dar batalla a “la subversión”.

Los grandes grupos económicos nacionales y multinacionales, principales beneficiarios del programa redactado en Washington por los burócratas del FMI de acuerdo al borrador garabateado por José Martínez de Hoz, fueron las anchas espaldas sobre las que se apoyaron los jerarcas militares que, como alguna vez fue definido el general Juan Lavalle, oficiaron de “espada sin cabeza”. Habría que agregar a ese mote, con bolsillos amplios.

Nada de aquel entramado parece ajeno al descubierto hace apenas semanas por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla al allanar la casona del falso abogado Marcelo D’Alessio. La documentación hallada –de la cual apenas el magistrado analizó una ínfima parte–, exhibe un esquema similar: fiscales, jueces, servicios de inteligencia orgánicos e inorgánicos, agencias de espionaje extranjeras, periodistas y medios de comunicación, todos ellos asociados a un Gobierno que ya no es militar sino que es administrado por los hijos de los mega empresarios que fueron verdaderos jefes de las Juntas que asolaron la Nación.

Macri y sus secuaces, como entonces, vienen degradando desde que asumieron las garantías constitucionales, desmontando derechos adquiridos durante los tres gobiernos peronistas de 2003 a 2015, sembrando el odio político, promoviendo a niveles superlativos la venganza política, encarcelando opositores y armando causas amañadas para tener en jaque ya no sólo a sus adversarios, sino incluso a empresarios con los que deben saldar viejas cuentas o a quienes entregar como botín económico a los capitales norteamericanos.

Sólo las formas democráticas impiden a esta piara depredadora ejecutar el exterminio de argentinas y argentinos que sobran en su criminal plan económico a la vieja usanza, pero lo hacen por goteo, abandonando a su suerte a jubilados, discapacitados, y a millones de personas en situación de vulnerabilidad social extrema, quitándoles medicamentos, subsidios, vacunas y hasta el alimento básico.

La transferencia de recursos de los que menos tienen a la clase más angurrienta y parasitaria es idéntica a la perpetrada por los dictadores de los 70 y 80, y los actuales jerarcas llevan los mismos apellidos que aquellos, porque son sus hijos o descendientes: Macri, Peña Braun, Massot, Zorreguieta, Pinedo, Stanley, Martínez de Hoz, Rattazzi, Magnetto, Mitre.

Algunos gobiernan, otros están asociados a los negocios que desde el Estado le sirven en bandeja aquellos, y algunos, como los Rocca, de Techint, fueron sostenes de esta nueva oligarquía hasta que sus dimensiones en el esquema económico global los transformaron en un apetitoso bocado para ser engullido por el empresariado yanqui.

Pasado y presente, dos casos emblemáticos

La nieta

Se conoció públicamente en los últimos días, pero a principios del mes pasado, el jefe de Gabinete Marcos Peña Braun designó –a partir del 1º de enero– a Silvia Nélida Viola, quien es nieta del ex presidente de facto Roberto Eduardo Viola.

El cargo que se le asignó es directora Operativa de Enlace Parlamentario de la Dirección General de Relaciones Parlamentarias de la Secretaría de Relaciones Políticas y Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para formalizar el nombramiento debió hacerse “con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos”, según consta en la “decisión administrativa” rubricada por Peña y Rogelio Frigerio, publicada en el Boletín Oficial.

La descendiente del dictador que reemplazó a Jorge Rafael Videla –ejerció como presidente desde el 29 de marzo al 11 de diciembre de 1981–, es licenciada en Relaciones Públicas, tiene 33 años, y es la hija de «Robertito» Eduardo Viola, quien fuera uno de los 128 procesados por el fraude a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater).

Viola fue juzgado y condenado en 1985 a 17 años en prisión, inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, y pérdida del grado militar, fue indultado en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem, y murió en 1994, antes de que se produjera la reapertura de las causas en su contra.

Como publicó el portal de noticias La Insuperable, “la nieta del dictador Viola desde hace años se encuentra cerca del presidente Macri”, puesto que ya había sido funcionaria del Estado prestando servicios en el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) hasta 2014.

De allí, luego de renunciar, en 2016 fue nombrada por el primo de Mauricio, Jorge Macri, en la Subsecretaría de Medios de Vicente López, pero el 16 de abril del año pasado, durante una audiencia en la que Mauricio Macri se reunió con el titular de la Unidad Plan Belgrano, Carlos José Vignolo, Silvia Nélida es presentada como asesora de Comunicación de Jefatura de Gabinete de Ministros.

Hasta el momento no pudo establecerse qué deuda está pagando la familia Macri a la familia Viola, pero son evidentes dos cosas: por un lado, que deben ser compromisos importantes, puesto que se mantienen a lo largo de décadas, y por otro, que la ligazón entre este Gobierno y la dictadura excede todo rango simbólico, y se asienta en la ideología de los negocios.

El Grupo Socma (Sociedades Macri), fue beneficiado con licitaciones monumentales durante la dictadura, y ese es el tipo de deudas que atraviesan el tiempo y el espacio: participó de la construcción la la represa Yacyretá; del puente Misiones-Encarnación; la central termoeléctrica de Río Tercero y de Luján de Cuyo; fundó Manliba (Mantenga Limpia a Buenos Aires), dedicada a la recolección de residuos, y adquirió nada menos que la empresa Fiat, una operación en la que el holding de los Macri produjo cierres de plantas y despidos a granel.

El forense

En la semana que culmina se conoció el suicidio del médico forense Osvaldo Raffo, el mismo que como perito de parte de Sandra Arroyo Salgado, la viuda de Alberto Nisman, dictaminó que el fiscal había sido asesinado.

Más allá de que todo el arco de medios hegemónicos siempre lo calificó de eminencia, el pasado de Raffo ofrece aristas que de algún modo explican tanto fervor por parte del establishment.

Todo es brutal en torno de este afamado suicida, pero lo cierto es que en una nota necrológica publicada por el portal letrina Infobae, con un elocuente título –”Los últimos días de Osvaldo Raffo, el hombre que hablaba con muertos y asesinos”-, el autor recuerda una frase del perito estrella que arroja pistas acerca de una personalidad oscura y despreciable: “Mi padre trabajaba en un matadero. Quizá mi vocación de tanatólogo forense nació al ver tantas vacas muertas”.

Pero como en muchos casos, la raíz del mal se va construyendo poco a poco, y durante la dictadura, cuando Raffo comenzaba a ingresar a su madurez –en 1976 tenía 45 años–, supo arraigarse como un verdadero crápula.

En el artículo “Raffo, la pericia olvidada”, publicado en febrero de 2015 por el semanario El Eslabón, que lleva la firma de Juane Basso, se da cuenta del tipo de eminencia que era el favorito de los periodistas adictos a las gorras y birretes policiales.

Aquella nota comienza con una frase del abogado Marcelo Parrilli, conocido por representar a organismos de DDHH y a familiares de desaparecidos durante los juicios por la Verdad y Justicia: “Osvaldo Raffo, el perito hoy estrella, fue el que la bonaerense empleó para cubrir a Patti en los fusilamientos de Cambiaso y Pereyra Rossi”.

El estrellato a que hacía referencia Parrilli hace cuatro años se debía a que había sido presentado como perito de parte por Arroyo Salgado para que supervise los análisis forenses sobre el cuerpo de Nisman, y las nefastas referencias al pasado del profesional estaban vinculadas al secuestro, torturas y posteriores ejecuciones de los militantes montoneros Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi.

El pasado y el presente se volvían a cruzar. Mientras salían a la luz los execrables antecedentes de Raffo en el episodio de las ejecuciones de Carlón y El Viejo, los apodos con que se conocía a los dos militantes, pocos días más tarde comenzaría el juicio oral por esos crímenes.

Parrilli fue el primer abogado de la familia Cambiaso, y por aquellos días previos al juicio recordó que “Cambiaso y Pereyra Rossi habían sido secuestrados días antes, torturados y luego fusilados en un falso «enfrentamiento» en Lima (provincia de Buenos Aires)”.

En la nota de el eslabón, se destaca que “Raffo no vio en su examen las lesiones sí observadas por los peritos pertenecientes al Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal que encontraron «golpes con o contra objeto duro y romo» en el cadáver de Eduardo Daniel Pereyra Rossi”.

El detalle de las heridas y signos de tortura que consta en el expediente es aterrador y mucho más extenso, pero valga esa descripción para determinar que la “eminencia” trabajaba en consonancia con una banda de torturadores y asesinos.

Basso señala en su nota que “según las crónicas que aparecieron el mismo día en que se conoció quiénes serían los peritos de parte que pondría la jueza Arroyo Salgado, Raffo «es considerado el decano de los forenses argentinos»”, y que en el “repaso de su «extensa trayectoria»… en ningún momento se menciona que participó de la causa Cambiaso – Pereyra Rossi”.

Parrilli por entonces denunció que “Raffo dijo que Cambiaso y Pereyra Rossi no habían sido torturados y que los disparos de (el ex comisario Luis Abelardo) Patti habían sido a distancia”. Pero la realidad fue bien distinta: “El cuerpo de Cambiaso no tenía cara. Ahí había un agujero. Le dispararon a la cabeza a 25 centímetros de distancia. Todo bien, dijo Raffo”, recordó el abogado.

Ayer con los milicos, hoy con el dispositivo de law fare que huele a podrido en Comodoro Py, Raffo se fue al infierno pegándose un balazo, dejando dos cartas, y un reguero de autopsias al gusto de los poderes más siniestros.

Juicio y Castigo en modo siglo XXI

En 1985, con un desparpajo digno de un conferencista que diserta sobre hábitos alimentarios, el primer ministro de Economía de la dictadura, Joe Martínez de Hoz, declaró ante la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación: “Siendo yo presidente del Consejo Empresario Argentino, en el año 1975, fui con un grupo de empresarios a visitar a (el teniente general Jorge Rafael) Videla y le expusimos nuestra preocupación de que se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad, y que se debía asegurar el imperio del orden por sobre todas las cosas”.

Está claro que lograron su objetivo, al costo de 30.000 mil desaparecidos y de la destrucción del aparato productivo industrial, una descomunal deuda externa, niveles inéditos de desocupación, y el disciplinamiento social de vastos sectores que fueron permeables al adoctrinamiento amoral de empresarios y militares antinacionales.

A propósito de ese poder económico local, el periodista y dirigente de la izquierda nacional Néstor Gorojovsky señala cómo debería disciplinarse y cambiar la cultura neoliberal a un “empresariado librecambista y meteco cuyo ánimo se define con tres palabras: ciegos, suicidas y tontos”.

No es una fórmula simple, pero vale la pena tenerla en cuenta: “Se cambia colocando al Estado en el centro estratégico, productivo y dinámico de la vida nacional. Estableciendo el principio de la subsidiariedad de un sector privado forzado a enriquecerse al servicio de la Nación y no en su contra. Y, políticamente, ampliando sustancialmente las definiciones de traición a la Patria y terrorismo, para aplicarlas con puño de hierro y masiva intervención popular en la vida política”.

El insoslayable ejemplo de los organismos de DDHH de pugnar en forma irrenunciable por el enjuiciamiento de los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad y sus mandantes civiles debería servir para que la clase política no contaminada por ambas experiencias –aquella de la dictadura y ésta del macrismo– asuman el desafío de enjuiciar a los responsables de esta tragedia social que vive la Argentina desde diciembre de 2015.

Es probable, entonces, que surjan cantos del tipo “No hay errores, los juzgaremos, a estos criminales del gobierno de Cambiemos”. Y habrá que hacerlo, el corpus normativo argentino contempla cada delito cometido por la actual administración en ejercicio de un poder que tuvo origen legítimo pero fue usado para vaciar las arcas de la Patria, sin importar el costo en vidas humanas.

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Un comentario

  1. Avatar

    Carlos Daniel García

    02/04/2019 en 8:40

    Excelente, es cierto no hubo ni hay errores, la grieta no existe, con este término se solapa la eterna diferencia entre dos modelos, uno agro-exportador, administrado por terratenientes, sin derechos laborales ni sociales, contra un modelo de producción industrializado, donde en este último el trabajador puede al menos en ocasiones defender su salario, gracias a una historia de luchas de los trabajadores, que solo el peronismo les permitió, con la palabra grieta a los poderosos les resulta mucho más fácil inyectar odio

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