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El abogado de Sadop Rosario, Jorge Elías, explicó las acciones legales que llevarán adelante contra el establecimiento ubicado en Fisherton Norte, que despidió a Ramiro Ayala. “Se la tenían jurada por su compromiso gremial”, indicó.

Hacía seis años que Ramiro Ayala enseñaba en el nivel primario del Colegio Los Arroyos. Este año decidió postularse como delegado. Iba a ser la primera vez que esta escuela de Fisherton Norte (Avenida Real 9.450) tendría un representante de los trabajadores. Sin embargo, la institución fundada bajo la órbita del Opus Dei lo echó.

El abogado laboralista que representa al gremio de docentes del sector privado, aseguró en diálogo con el programa radial Poné la Pava (FM Radio Rebelde) que Los Arroyos “es una escuela con una feroz política antisindical. No les parece bien que en las escuelas paquetas los docentes estén afiliados a un sindicato. De hecho hay muy pocos delegados porque la patronal presiona muchísimo para que no los haya, y éste trabajador fue el único que hizo los paros que decretó el Sadop desde que empezaron las clases”.

“Casualmente, después del último paro de martes y miércoles, lo llamaron con un método tan prepotente como acostumbran algunas patronales, delante de un escribano para notificarle el despido, y así evitar mandar el telegrama que siempre puede demorar un poco”, reveló Elías, y siguió sobre el perverso método del colegio: “Se la tenían jurada porque ya venía teniendo un compromiso gremial que para la empresa parece intolerable, pero además es muy probable que se haya sabido que era candidato, y entonces, para ganarle de mano, buscaron un escribano tempranito para poder avisarle antes de que llegue el telegrama”.

Sobre las acciones legales, el abogado detalló: “La primera causa que podemos pensar por lo que fue despedido es por su activismo sindical y por su condición de ser el único que hizo paro. Pero además, estaba propuesto como candidato a delegado, y el sindicato había hecho la convocatoria. Y despachó un telegrama notificandole a la empresa la fecha de la elección de delegados y también la candidatura de este trabajador, para protegerlo ante la previsible represalia. El telegrama llegó a las 9.30 de la mañana, pero una hora antes ya estaban con el escribano preparados para echarlo, alegando claro que cuando lo echaron no sabían que iba a ser candidato”.

“Esto da lugar a un reclamo en dos sentidos: por un lado el trabajador se considera víctima de un despido discriminatorio, que si bien le han abonado la indemnización va a accionar conforme lo que establece la ley 23.592 y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Provincia que amparan al activista sindical cuando es objeto de represalias como ésta, reclamando la nulidad del despido para que vuelva a trabajar o una indemnización, a eso lo decide el interesado, lo estamos evaluando”, especificó el letrado, y agregó: “Y por otro lado, el sindicato está preparando una acción de práctica desleal, que es una figura establecida en la ley sindical, que penaliza con una multa al empleador (que no cobra el gremio sino el Estado) que obstaculiza la actividad sindical, es decir que el colegio se enfrentaría además a dos juicios: uno del trabajador y otro del sindicato”.

El profesional remarcó que “para el gremio” el inicio de esta acción “es más moral porque no tiene ningún beneficio económico. Y lo ha tomado con particular énfasis a este tema, porque no quiere que este tipo de conductas se vaya afianzando o sea imitada por otras patronales. No es la única escuela privada en la que no ven bien a la gente que participa de la vida sindical”.

Flojo de argumentos

Las respuestas del colegio con respecto al despido del docente dejaron mucho que desear. “El despido sin causa, que es uno de los problemas que tiene el régimen legal argentino, no obliga a dar explicaciones. Ellos pueden decir ‘yo pago para echarlo porque se me da la gana, porque se me antoja, y acá tiene la plata’. Pero en este caso, la jurisprudencia ha encontrado que detrás de ese despido sin causa hay una causa que tiene que ver con una actividad de tipo represalia y discriminación, entonces el trabajador tiene el derecho a pedir que se anule el despido o pedir una reparación adicional por daños morales”, sostuvo el especialista.

Más adelante, Elías contó que este tipo de situaciones “ocurre no sólo con los activistas sindicales, sino también con los trabajadores que vuelven al trabajo después de haber estado faltando por accidentes o enfermedades: a la patronal que no le gusta tener enfermos, lo despide inmediatamente. O los casos de trabajadores que reclaman algo a su empleador, que no le han pagado o no le han cumplido. La represalia es el despido. También les pasa por la edad”.

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