La tenencia en pocas manos de las empresas de comunicación masiva, que éstas sean plataformas de otras actividades lucrativas y que estén estrechamente vinculadas al espionaje ilegal, no es un invento argentino, pero ese combo amerita ser legislado y regulado.

En menos de 25 años, la parte del león del paquete accionario del diario La Capital pasó de la familia Lagos a la dupla Vila Manzano, luego transformada en triunvirato junto a Orlando Vignatti y finalmente traspasada a Nahuel Caputo y asociados. Ese derrotero deja varias enseñanzas, pero una en particular: la concentración de medios es una de las patas de un dispositivo que involucra a la política, el Poder Judicial, los servicios de inteligencia y negocios con capitales de dudoso origen.

A 22 años de la adquisición de La Capital por parte del dúo dinámico mendocino integrado por José Luis Manzano, ex ministro del Interior de Carlos Menem, y Daniel Vila –un ignoto personaje que de golpe se encontró haciendo operaciones financieras de gran escala con capitales del anticastrismo de Miami– los puntos de contacto entre ese proceso y el entramado de espías ilegales, jueces y fiscales, periodistas y políticos que investiga el juez federal Alejo Ramos Padilla son muchos, tantos que invitan a volver a legislar para poner coto a ese poder omnímodo.

“Yo soy espía”

La vieja serie de televisión de los 60, protagonizada por Robert Culp y Bill Cosby, mostraba, respectivamente, a un jugador de tenis de Copa Davis y su entrenador, quienes aprovechaban esa pantalla para viajar por el mundo como agentes secretos que tributaban a Washington, pero sin mencionar a la CIA u otra agencia en particular.

Las alusiones a “la compañía” o “la agencia”, eran más bien pueriles, y fuera del radar del telespectador común y corriente. En la actualidad, los personajes que gastan las suelas de sus zapatos en ese mundo lúgubre y sanguinario no parecen tener problemas en definirse como espías de tal o cual sigla.

¿Cómo comenzó a hacerse familiar en la Argentina la actividad casi farandulesca de esos agentes de inteligencia foráneos? ¿Cómo llegó a naturalizarse su escabrosa actividad, luego de haber sido denunciada durante décadas por la militancia política –y desde el peronismo en el poder–, como enemigos del Pueblo y de la Naciòn?

La herencia que dejó la dictadura cívico-militar está relacionada con ello, a partir de las imbricaciones entre servicios de inteligencia autóctonos y extranjeros que operaron durante el Plan Cóndor. Pero durante los primeros años de democracia, la llamada “mano de obra desocupada” estaba integrada casi exclusivamente por topos argentinos, y era casi mala palabra hablar de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional Yanqui (NSA), acaso por las brutales acciones perpetradas en aquellos años en Nicaragua, El Salvador, y los recuerdos del golpe contra Salvador Allende.

Pero a mediados y fines de los 90 todo comenzó a cambiar. De la mano del menemismo y su alineación con las políticas del Departamento de Estado, la intervención de naves de la Armada argentina en Medio Oriente y las voladuras de la embajada de Israel y la Amia, los servicios de inteligencia abandonaron sus status de células dormidas y se activaron a full.

Allá por 2000, Clarín ya era un multimedios poderoso, y se entusiasmaba ante el avance del espionaje que desembarcaba en la Argentina de la mano de las agencias norteamericanas.

El 13 de agosto de aquel año, bajo una pomposa chapa que rezaba “Equipo de investigación Clarín/ Servicios de inteligencia privados/ Primera parte: un rubro que ya factura 30 millones al año”, el Gran Diario Argentino publicó un artículo casi profético respecto de la escandalosa trama que por estos días investiga el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.

El título –“Los negocios de los espías del FBI y la CIA en la Argentina”– resulta a la distancia tan sugerente como indicativo de la importancia que el rubro de la inteligencia paralela comenzaba a tener en la Argentina.

El epígrafe del artículo –una frase del escritor de novelas del género John Le Carré– pintaba hace casi dos décadas, con claridad meridiana, la coyuntura política en tiempos de macrismo: “El trabajo de espionaje tiene una sola ley moral: se justifica por los resultados”.

La sintonía que hoy exhibe el Grupo bajo la conducción absoluta de Héctor Magnetto ya se percibe al recorrer el informe, que promociona las diversas cabezas de playa establecidas en el país por el espionaje yanqui.

Clarín narra el encontronazo de algunos espías locales herederos de la dictadura, como Adolfo Donda Tigel, que entra en colisión con competidores muy pesados, como el ex agente de la CIA Frank Holder, quien luego de servir a EEUU en la embajada en Buenos Aires se hizo cargo de la seguridad de Edcadassa, la empresa de depósitos fiscales de Ezeiza que Alfredo Yabrán terminó vendiendo al Exxel Group. Culpa de Holder, el ex subordinado del Tigre Jorge Acosta en la Esma se quedó sin conchabo, y casi terminan boxeándose en un playón del aeropuerto de Ezeiza.

Los paralelos entre la ofensiva mediático empresarial judicial que se desató contra el imperio que había montado Yabrán se parece mucho al dispositivo que puso en la mira del juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli a un nutrido grupo de empresas argentinas apetecidas por capitales norteamericanos.

Vale recordar que en 1997 el Exxel Group se quedó con todas las empresas de Yabrán –Correo OCA, Ocasa, Intercargos, Villalonga Furlong SA, Edcadassa SA, Inversiones y Servicios SA, Intercargo SA e Interbaires SA– por la friolera de 750 millones de dólares. Y para no terminar preso, como lo están algunos empresarios en estos días, el entrerriano se voló la cabeza de un escopetazo.

Clarín narraba las virtudes de las agencias de inteligencia privadas de esta manera: “Los recién llegados forman parte de poderosas agencias de investigaciones que acompañan el desembarco de grandes empresas internacionales en la economía local. Traen una tecnología poco conocida aquí, que convierte a sus agencias en verdaderos servicios de inteligencia privados, especialistas en espionaje empresarial y guerras comerciales. Un movimiento que está llamado a producir importantes cambios en el nivel de confrontación de los grupos económicos argentinos”.

El informe agregaba: “Sus creadores son viejos oficiales de la Inteligencia estadounidense, algunos de ellos veteranos del Plan Cóndor que coordinó la represión en Sudamérica en los años 70”.

Tal vez el párrafo con mejor anclaje entre aquellos inicios y los hechos actuales sea el que sigue, referido a los potenciales de las agencias externas: “Tienen redes de informantes, grupos de análisis, buscadores de información, agentes preparados para infiltrarse en empresas de la competencia. Su oferta es inmensa: hacen inteligencia empresarial, pero también investigan fraudes, preparan pruebas para casos judiciales, reúnen datos –públicos y privados– para mejorar la posición de su cliente en una negociación, hacen evaluaciones de riesgo para las inversiones. Y la perla: también investigan operaciones de lavado de dinero, asunto que les lubrica convenientemente la relación con la embajada de los EEUU, siempre preocupada por este tema”. No lo cuenta Marcelo D’Alessio, pero bien podría.

En ese entonces, la agencia Kroll realizó a pedido del Exxel Group acciones de espionaje sobre los negocios de su rival Eduardo Eurnekian, dueño de los aeropuertos, para “conocer sus puntos débiles y así poder doblegarlo”.

Clarín se pregunta: “¿Hasta dónde son capaces las agencias?”. La respuesta es pesada: “Todavía es incierto. Por ahora, el único caso ruidoso fue una cámara oculta puesta por la agencia Kroll al juez de La Plata Ricardo Ferrer, cuando pedía coimas para habilitar la televisación del fútbol. Ferrer debió renunciar y está siendo juzgado; difícilmente pueda rehacer su carrera”.

Espionaje cuyano

A modo de cierre de este compendio de actividades criminales, vale recordar otra investigación, en este caso de la revista Ventitrés, que se publicó en 2006 y se puede consultar en el sitio Señales.

El pormenorizado informe detalla las actividades de espionaje ilegal que llevó adelante la dupla Vila-Manzano gracias a contar con tecnología de inteligencia que ponía en juego desde los más insólitos soportes, por caso los móviles del mega cable Supercanal. Una vez más, los medios asociados a los juegos de espías.

“Su paso por el poder político en los 90 le dejó a Manzano una nutrida agenda de oscuros personajes de la Side, reforzados en tiempos más recientes cuando su íntimo amigo Miguel Ángel Toma comandó la central de inteligencia en el gobierno de Duhalde. En cualquier pasillo político es vox populi la influencia que ejerce en segundas y terceras líneas donde abunda mano de obra dispuesta a pinchar teléfonos, filmar de manera clandestina y hasta recurrir a los servicios de un hacker informático”.

La denuncia de un viejo hombre de confianza, Bernardo Ruti, ex secretario de Daniel Vila, es clave para conocer las andanzas de espionaje ilegal de la dupla mendocina. Ruti reveló que “los equipos básicos utilizados habían sido obtenidos por el ex ministro menemista tras su paso por Interior. Que se había sumado sofisticada tecnología para efectuar las intercepciones desde los móviles de Supercanal –empresa propiedad de Vila-Manzano–, cuando las camionetas simulaban hacer reparaciones en el tendido de cables”.

Vila y Manzano tienen en su haber varios episodios de escuchas ilegales a través de pinchaduras de teléfonos, como es el caso del actual ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein. Los mendocinos publicaron en La Capital la presunta denuncia de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, de la cual el funcionario era entonces decano. Se transcribieron escuchas absolutamente ilegales cuyo contenido parecía indicar que Silberstein había favorecido a su hija al haber evitado que ingresara por concurso. “Por toda prueba dijeron haber recibido en forma anónima unos cassettes con escuchas telefónicas, que en realidad eran intercepciones ilegales”, señala el informe de Veintitrés, un calco de lo que adujo Elisa Carrió al querer demostrar que la Causa Stornelli-D’Alessio salió de la cárcel de Ezeiza.

¿Por qué Silberstein? Porque era el abogado de Carlos María Bocha Lagos, ex dueño de La Capital, litigante contra los mendocinos, a quienes denunció por administración fraudulenta, asociación ilícita y estafas.

El juez interviniente, Carlos Triglia, también fue objeto de una campaña de difamación que, al decir de sus allegados, lo llevó a la muerte. “Le inventaron una causa por coimas para apartarlo de esta investigación”, recuerdan sus colegas.

De más está decir que la acusación contra el ex decano fue desvirtuada tras una investigación llevada adelante por la casa de estudios.

En Mendoza fue famoso otro escándalo con escuchas ilegales. Cuando Vila-Manzano lanzaron su diario Uno, que competía con el centenario Los Andes, publicaron en la tapa el título “Los Andes, así no”, relatando que ambos habían sido víctimas de un espionaje empresario.

Bajo el lema “Los Andesgate”, la revista Veintitrés recuerda que “todos los medios del grupo difundieron escuchas telefónicas y videos –según ellos, avalados por la Justicia– con los que decían probar que un directivo de Los Andes había pretendido sobornar a la secretaria de Vila para obtener información sobre las pautas de la propaganda oficial del diario Uno”.

Pero la mismísima Suprema Corte de Justicia de Mendoza –expediente Nº 79.441– confirmó sentencias de primera y segunda instancia y condenó a Vila y Manzano “dictaminando que las grabaciones telefónicas, que habían sido maliciosamente editadas, no fueron autorizadas por ningún juez como ellos difundieron”, sino que, por el contrario, “fueron ilegales”, cometiendo “un acto civilmente antijurídico y culpable”, violatorio del “derecho a la intimidad y al honor”.

Puede que el grupo que adquirió la mayoría del paquete accionario de La Capital a los mendocinos, sumando la emisora 830 y La Red a los medios que ya posee –Canal 3, Radio Dos y rosario3–, no sea proclive a usar los métodos de sus antecesores o de Clarín y otros menores.

Lo cierto es que de por sí la concentración en casi una sola mano de los más grandes medios de la ciudad ya constituye una anomalía en democracia. Una sola voz, una sola línea editorial, en una ciudad de más de un millón de personas.

Las tentaciones de apretar al poder político y judicial, la facilidad de organizar campañas a favor o en contra de determinados intereses horada cualquier esperanza de igualdad ante la ley y de libre expresión. La información es un bien social, no una mercancía, y la única manera que tienen los pueblos para equiparar ese brutal poder es que el Estado regule, administre y controle esos oligopolios para que no se vuelvan contra la sociedad.

Es una de las principales tareas que deberá asumir un futuro gobierno que no represente los intereses de la nueva oligarquía, de la cual ahora son socios los grandes grupos de medios.

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