En una carta abierta dirigida a los senadores provinciales, el Movimiento Obrero Santafesino (MOS) exige la no adhesión de Santa Fe a la ley nacional de Riesgos de Trabajo. “Nos hace culpables de los accidentes y enfermedades laborales”, aseguran.

La Legislatura santafesina puede tratar esta semana la adhesión de la provincia a la nueva norma que regula los riesgos de trabajo (ART), de interés del gobierno nacional. Esta norma fue sancionada a nivel nacional en febrero del 2017 y es un complemento a la ley de riesgos del trabajo Nº 24.557, sancionada en 2004.

“Restringe el acceso a la justicia a los trabajadores, a la tutela judicial y al debido proceso”, afirmaron desde el MOS en la misiva dirigida a los legisladores. “Lejos de preocuparse por la salud y seguridad de les trabajadores, los hace culpables de los accidentes y enfermedades laborales, producto de la falta de previsión patronal”, agregaron.

En otro de los puntos, sostienen que la norma “impone un gravoso paso previo ante Comisiones Médicas que ya han sido declaradas inconstitucionales por distintos Tribunales del país, al tratarse de organismos administrativos federales, pero a los que se les ha asignado competencia en materia laboral, que por mandato constitucional corresponde a la justicia ordinaria (art. 75 inc. 12 CN)”, y de esta manera “violenta el principio republicano y federal”.

“Desconoce que la litigiosidad es producto de accidentes sufridos por los trabajadores, y que se incrementará por el desconocimiento de las enfermedades laborales por parte de las ART y de las Comisiones Médicas en virtud del subregistro de las mismas en el listado de enfermedades profesionales, llegando al absurdo de mostrar una Argentina sin enfermedades del trabajo”, alertaron.

Los integrantes del Movimiento provincial reiteraron que la ley “limita la justa reparación a los trabajadores”, y aclararon que “no hace hincapié en la prevención de los accidentes y enfermedades laborales.

Además, aseguraron que “las adhesiones votadas en otras provincias no bajaron los índices de siniestralidad”, y remarcaron que “no han redundado en beneficio de los trabajadores, tampoco de los empresarios ya que las normas son declaradas inconstitucionales”.

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