El asesinato de una niña de 13 años y el tiroteo a la fachada de un centro cultural de barrio Tablada dedicado a la rehabilitación de adicciones volvieron a colocar al problema de la seguridad pública y su relación con las broncas derivadas del narcomenudeo al tope de la atención ciudadana, si es que alguna vez habían dejado de estarlo del todo. El aumento de los homicidios en las dos ciudades más habitadas de la provincia durante 2018 evidencia los límites de los planes oficiales en la materia, tanto por la probada ineficacia a mediano plazo de la presencia de fuerzas federales como por la carencia de planificación de los efectos “no deseados” de la desestructuración de bandas criminales más o menos complejas. En cuanto al control civil de la policía, el gobierno exonera y pasa a disponibilidad a los integrantes “infieles” de la fuerza como gesto de autoridad, que no es percibido de ese modo por muchos de sus numerosos miembros.

Como bombas pequeñitas

El jueves 4 de abril dos pibes abrieron fuego en un pasillo de Villa Banana, que tiene salidas por Lima y Pascual Rosas. Allí jugaba un grupo de chicos que quedó en medio de la balacera. Pamela Soledad Gómez, una adolescente de 13 años, murió al ser alcanzada en la espalda por una munición; otra chica de la misma edad fue rozada por un disparo en el rostro y Kevin, un adolescente de 14, fue baleado en la cintura. Está fuera de peligro, pero no se sabía si podría volver a caminar.
El caso –un calco de buena parte de los tiroteos y homicidios que ocurre en Rosario– trascendió porque los familiares de las víctimas y otros vecinos marcharon desde Villa Banana al Centro de Justicia Penal para reclamar el esclarecimiento del tiroteo y exigir en pancartas de confección doméstica “basta de matar inocentes” y “ni una Pame más”.

Según los propios vecinos, los “tira-tiros” buscaban a otros chicos del barrio que presuntamente pertenecen a la banda de Los Cuatreritos, dedicada al narcomenudeo.

Lucrecia, una tía de la adolescente asesinada, dijo a LT8 el día de la marcha que se movilizaban “para pedir justicia por mi sobrina y para que se terminen las balaceras, que son cosas de todos los días”.

En pocas palabras condensó el cuadro de situación de varios barrios de la ciudad. “Esto es algo normal en villa Banana, todos los días a cualquier hora. Vos estás sentado tomando mate y empiezan los tiros”, describió la mujer.

“No sé por qué lo hacen, si es por diversión o qué. Pero si tienen problemas con alguien deberían resolverlos en vez de ir a tirar así”, sostuvo, y agregó que la Policía “escucha los tiros y no aparece”.

Las palabras de la mujer muestran por un lado la naturalización de la disputa armada en algunas zonas de la ciudad entre grupos enconados, mayormente integrado por adolescentes y jóvenes varones; la decisión policial de gestionar esas broncas mediante una presunta inacción que convierte al territorio en campo de batalla de las vendettas; y la demanda –en última instancia– de que los protagonistas resuelvan sus cuitas entre ellos “en vez de ir a tirar así”.

Así desarrolla su cotidianidad una porción nada desdeñable de los habitantes de la ciudad, cuya pertenencia socio-económica los ubica en una geografía por momentos invisible para el resto, sólo mostrable como refucilo mediático, cuando el tiro da en el blanco.

A las Alas

Un día después, los plomos dieron en la fachada del centro cultural Alas para Crecer, de barrio Tablada, otra zona atravesada por la violencia armada de bandas. “Hemos rescatado a varios pibes de la droga y muchos que eran soldaditos narco, ahora se engancharon con nosotros”, dijo a la prensa uno de los integrantes del centro cultural, al realizar un abrazo solidario a la institución apuntada.

Sergio Gershanik, que colabora en la red de organizaciones no gubernamentales del barrio, dijo a La Capital que “esta es la zona más caliente de Tablada, pegados al Fonavi y al barrio Municipal. Acá hablar de muerte es cosa de todos los días”. Añadió que “muchas de las viviendas a nuestro alrededor están vacías porque a la gente la echaron los narco con lo puesto”.

El hombre afirmó que la balacera “fue un mensaje para que la única institución que trabaja en el territorio se vaya”, y detalló que “las balas atravesaron la puerta y rebotaron adentro. Esperaron a que no hubiera nadie. Fueron unos 8 tiros de calibre 9 milímetros”.

Dijo que el objetivo es amedrentar al centro cultural, cuya acción permitió rescatar a algunos chicos convertidos en soldaditos de la venta de droga –actividad que brinda recursos y prestigio en sitios donde lo material escasea y la construcción de lo simbólico adopta otros caminos– y, por lo tanto, restarle mano de obra al narcomenudeo.

Otro vecino, Fabián, dijo al mismo diario que “a los vecinos les tiraron tiros para que abandonen su casa y así la usan como búnker o la revenden” por lo que, lógicamente, “están atemorizados”. Señaló que “no hay presencia policial, a la noche no hay un patrullero dando vueltas” y “estamos en tierra de nadie”.

Esa sensación de desprotección, estar en “tierra de nadie”, no se ajusta a la realidad. En esos territorios donde “no hay presencia policial” formal la hay, en cambio, a través de una ausencia planificada para que esa tierra sea de alguien. La del negocio cuya cara visible e irritante son los pibes del narcomenudeo, que no son otros que los chicos del barrio convertidos –por razones que exceden a esta nota pero combinan lo socio-económico con lo familiar, lo personal, lo cultural y lo identitario– en muñecos que pueden reponerse.

El remedio

El creciente uso de la violencia altamente lesiva como modo de resolución de los conflictos, cuyos efectos se agravan cuando cruza los bulevares en dirección al área central de la ciudad, llevó al gobierno anterior a intervenir en Santa Fe con el desembarco –a pesar de que llegaron por tierra– de numerosas fuerzas federales en las principales localidades de la provincia.

En aquel momento, 2014, la acción tuvo un mensaje político: ustedes no pueden resolver el problema narco, tienen al jefe de Policía procesado por ese delito, les vamos a enseñar cómo se hace.

Esa experiencia produjo una sensación de alivio en las barriadas rosarinas, cuyos pobladores volvieron a ver después de mucho tiempo a personas ataviadas con uniformes que remiten a la idea del poder monopólico de la fuerza que ostenta legalmente el Estado.

Sin embargo, su efecto en el tiempo es homologable al de una aspirina como medicina de fondo para enfrentar una patología terminal.

Sin dudas sirvió para “pacificar” temporalmente las calles de los barrios más hostigados por la violencia urbana y trajo alivio a los agobiados vecinos. Pero la constante participación de miembros de las fuerzas de seguridad en los delitos que deben combatir –puesta de manifiesto en casi todos los procesos judiciales sobre tráfico de drogas– constituye un límite ineludible a la idea de “más policías” como solución al problema.

La explosión del fenómeno –que es dinámico y experimenta depresiones y ascensos– al comienzo del gobierno de Cambiemos y de la gestión de Miguel Lifschitz en Santa Fe hizo echar manos, a ambas administraciones, al remedio empleado anteriormente. Otra vez el desembarco de las fuerzas federales se convertía en la solución.

Para la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, la fracasada política de combate frontal al narcotráfico es dogma. Para Lifschitz, necesidad.

La aspirina volvió a proveer ayuda al objetivo de borronear los síntomas. Hasta que el año pasado sus causas profundas emergieron nuevamente: la tasa de homicidios dolosos creció 20 por ciento en Rosario y 30 puntos en la ciudad de Santa Fe. Otra batalla perdida en la guerra al narcotráfico.

El gobierno provincial sufrió los efectos, por su parte, de la desestructuración de las “grandes” bandas narco. La caída judicial de Los Monos, de Delfín Zacarías, de Gustavo Tuerto Cárdenas y Walter Daniel Jure, la reciente de Esteban Alvarado y el asesinato de Luis Medina –como jugadores relevantes de ese universo ilegal– rompió un equilibrio más o menos pacífico.

El Ministerio de Seguridad provincial tuvo que aprender que la cárcel no es óbice a las actividades criminales –esta semana Ariel Guille Cantero fue procesado por cuarta vez por delitos organizados intramuros– y que la caída de las cúpulas no desalienta la continuidad de la acción de las segundas y terceras líneas de las bandas. Como conocen en otros países que iniciaron ese camino hace muchos años, la mirada puramente punitiva encuentra sus límites.

Fuente: El Eslabón

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