El trono del hampa

El crimen organizado no quiere competir con el Estado, quiere reemplazarlo desde las sombras de la clandestinidad. No desea eliminarlo, porque necesita de sus inagotables recursos, que considera propios. Bonadio, Stornelli y D’Alessio, son peones de esa orga. Se vieron reyes en el espejo pero, como en la dictadura, irán presos ellos y no sus jefes.

El plan de exterminio que llevaron adelante las espadas sin cabeza autodenominadas Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983 fue redactado por la oligarquía autóctona y sus socios de Wall Street a partir de las consignas del manual de estilo del Consenso de Washington.

Como entonces, los mismos protagonistas realizan el saqueo de la renta nacional y comprometen hacia adelante cualquier intento de desarrollo autónomo de los bloques de poder dominante a través de una deuda insostenible cuyo pago es garantizado por los recursos naturales de la Nación.

El entramado de espionaje interno y foráneo que involucra al Poder Ejecutivo, legisladores, jueces, fiscales, medios hegemónicos y periodistas reemplaza a la task force que en la última dictadura garantizó la concreción del plan de José Martínez de Hoz & Cía, y el criminal programa de exterminio es por goteo, pero igualmente eficiente.

El dispositivo mediático está modificando su táctica inicial de negar la existencia de una pútrida telaraña cuyo centro geométrico se sitúa en los tribunales federales de Comodoro Py, y ahora deja que el foco se pose en desbocados espías, angurrientos fiscales y jueces pistoleros, pero es notable cómo intenta dejar detrás de bambalinas el plan de apoderamiento de empresas y el armado de causas contra la plana mayor del peronismo que gobernó entre 2003 y 2015.

Este último esquema no hubiese podido establecerse sin la participación de un circuito integrado, en el que sus transistores y componentes interactuaban como detectores o propiciadores de irregularidades, denunciantes de las mismas, replicadores de esas acusaciones, encargados de investigarlas y elevadores a juicio de todo el proceso.

El orden de participación de esos factores nunca alteró el producto, pero nada de ello se hubiera podido concretar sin una ciénaga negadora del Estado de derecho y el debido proceso como el constituido en el Palacio de Injusticia que se eleva en el barrio porteño de Retiro.

Al fin y al cabo, el lawfare, la estrategia nacida en el Departamento de Justicia de los EEUU, comandada por el actual embajador yanqui en la Argentina, ya dio sus frutos en cuanto a despejar de “populismo” el escenario político en América latina: la persecución a Rafael Correa en Ecuador, la prisión de Lula da Silva en Brasil y el acoso judicial de Cristina Fernández de Kirchner son medallas de “guerra jurídica” que ostenta en su pecho el diplomático socio del establishment local.

Un poder monárquico

De todas maneras, el lawfare precisa de un soporte institucional, un Poder Judicial desde el cual organizar esa guerra jurídica. Y en ese sentido parece necesario partir de un presupuesto que es poco explorado por quienes hablan mucho en los medios de comunicación acerca de la división de poderes, democracia y república: el Poder Judicial es el más conservador de los tres que constituyen el modelo republicano de gobierno, el que más arrastra formas y procederes monárquicos, y el que más le garantiza al poder establecido permanecer inconmovible.

Se da demasiado por sentado que la inamovilidad de magistrados y fiscales garantiza el resguardo de la administración imparcial de justicia ante los embates de otros poderes, sean institucionales o particulares.

La naturalización de esa premisa complica cualquier debate, porque los principales defensores de esa característica –los integrantes del establishment– son acompañados por quienes suelen ser sus víctimas predilectas, ya sea la clase política burguesa, los sectores medios de la sociedad y, en el último medio siglo –acaso por la influencia de los grandes grupos mediáticos–, vastos segmentos de clases vulnerables.

En derredor de esto, el ex juez federal Carlos Rozanski, al analizar el rol político de la Justicia, no duda en afirmar que “el Poder Judicial es conservador y reaccionario”, y agrega que es así, por perogrullesco que parezca, por una sencilla razón: “Tiene que ver con la composición ideológica de quienes integran el Poder Judicial, que es mayormente conservadora y reaccionaria”. Corta la bocha, aunque si se quiere raspar bien el fondo de la olla, se puede encontrar mucho sobre el Poder Judicial.

De la relación entre la justicia y el poder ya se han ocupado pensadores gigantes como Friedrich Nietzsche y Michel Foucault, quien incluso radicalizó algunos planteos del primero. Las tesis centrales del segundo respecto de esa relación conflictiva entre justicia y poder –Vigilar y castigar y La verdad y las formas jurídicas–, deberían ser consultadas por quienes sostienen a rajatablas la teoría de la justicia independiente.

Todo corpus normativo, las leyes, los códigos de procedimiento, incluso las excepcionalidades derivadas de los usos y costumbres son impuestos por el poder dominante, eso también debería ser una obviedad. En síntesis, el problema radica en que la legalidad y los derechos permanecen en la órbita de quien ostenta el poder, no de la justicia. El positivismo jurídico es, al fin y al cabo, una impostación del poder establecido. Foucault postulaba que “la Justicia está al servicio de la Policía”. Y algo de eso se percibe en esta época.

El salto cualitativo

La argamasa jurídica y el poder judicial, entonces, están preconcebidos para dar protección y resguardar los intereses del núcleo de poder dominante, y los medios hegemónicos son parte de ese establishment. De tal modo, para cerrar el círculo de sometimiento social a un determinado plan político y económico basta con que una fuerza política acceda al Gobierno y cogobierne con esos factores de poder.

El resultado, y en casi todo el “occidente democrático” es una constante, es una democracia formal, con nítidos componentes burgueses, en algunos casos con clara hegemonía oligárquica, y en América latina con un marcado formato neocolonial.

El caso del macrismo en el poder conlleva que a ese ya de por sí degradado y ficcional escenario le agrega la incorporación exacerbada –su presencia es previa– de actores delincuenciales, como ex o actuales servicios de inteligencia, autónomos o inorgánicos, en sintonía con agencias de inteligencia foráneas, las cuales –según la naturaleza de cada operación– ofrecen cobertura oficial o apelan a sus elementos inorgánicos.

En la anterior entrega de el eslabón, se describieron con precisión las características de las agencias de seguridad extranjeras que se instalaron en el país en los años 90, todas ellas comandadas por ex agentes de inteligencia norteamericanos: “Tienen redes de informantes, grupos de análisis, buscadores de información, agentes preparados para infiltrarse en empresas de la competencia. Su oferta es inmensa: hacen inteligencia empresarial, pero también investigan fraudes, preparan pruebas para casos judiciales, reúnen datos –públicos y privados– para mejorar la posición de su cliente en una negociación, hacen evaluaciones de riesgo para las inversiones. Y la perla: también investigan operaciones de lavado de dinero, asunto que les lubrica convenientemente la relación con la embajada de los EEUU, siempre preocupada por este tema”.

Así mostraba Clarín en agosto de 2000 el fenómeno de la proliferación de esas agencias, que en realidad funcionaban como un sistema de inteligencia paralelo al oficial, el de la antigua Side.

Clarín no sólo no es ajeno al lawfare sino que fue uno de los pioneros en introducir una terminología similar: el “periodismo de guerra”, según lo confesó el extinto Julio Blanck, uno de los coroneles de esa contienda desatada contra el kirchnerismo desde el cuartel general de Héctor Magneto, CEO del Grupo.

Y está claro, a partir de la investigación del juez federal Alejo Ramos Padilla, que Clarín es uno de los principales consumidores de información colectada por los servicios de inteligencia, y que respecto de su origen, no tiene preferencias: le da igual que las agencias sean industria nacional o foránea.

Un gobierno de raíz oligárquica, un Poder Judicial entrenado para apretar, espiar, ofrecer protección o amenazar con el armado de causas, agentes de inteligencia proveedores de información sensible –íntima, empresarial, política–, legisladores que ofician de “honestos” denunciantes, periodistas que en realidad son operadores de un poder en las sombras y medios que le dan cobertura a sus hombres y propagan los “relatos” que se convierten en macro delitos, como “La ruta del dinero K”, “La causa de los cuadernos”, “La corrupción K en la obra pública”, etc. No sería la mafia perfecta, pero se le parecería mucho, ya se verá.

A la criolla

Un equívoco sobrevuela la escena política de la Argentina: cualquiera que delinque y tenga poder puede emular a la Cosa Nostra siciliana, La Ndrangheta calabresa o la Camorra napolitana. Error, los ladrones son ladrones, extorsionar lo puede hacer cualquiera. Para lo otro hay que poder ofrecer protección o lo contrario, reemplazando al Estado en forma eficiente.

El entramado que surgió a la luz merced a la denuncia de un empresario a quien el servicio todo terreno y falso abogado Marcelo D’Alessio le ofrecía protección en una causa en la que presuntamente estaba involucrado muestra que en la Argentina, desde la llegada de Mauricio Macri al Gobierno, la mafia y el Estado prácticamente se han fusionado y son una misma cosa nostra.

Los “soldados” de Vito Corleone recorriendo las calles de Manhattan a principios del siglo XX ofreciendo protección a comerciantes contra las posibles acciones de ellos mismos u otros que quisieran importunar sus negocios ahora se trasladó, en la Argentina macrista, a un escenario en el que empresarios son apretados por fisgones enviados por jueces y fiscales, a instancias de los capitales norteamericanos, que quieren quedarse con sus compañías pagando precio vil.

En el medio, las empresas, comercios o actividades lucrativas con poco apego por las leyes vigentes, pasaron a ser el magro botín de los socios plebeyos de “La Embajada”, el verdadero Padrino de toda la operación.

Como una trágica pirámide gigantesca, en el vértice superior se sitúa el gran saqueo, el endeudamiento, la fuga de divisas, la enajenación de Vaca Muerta, del litio, de los grandes recursos naturales no renovables, y la estrategia de los capitales norteamericanos de quedarse con los pocos grupos económicos argentinos que tienen presencia global, como Techint y la petrolera estatal YPF.

En el medio, la banca privada nacional y extranjera se apodera del flujo de divisas del comercio exterior, comisiones de deuda, créditos hipotecarios y las ganancias siderales de la timba financiera.

En la base de la pirámide, la sociedad está desamparada, asediada por la pobreza, el desempleo, el delito, organizado e inorgánico, alejada de toda protección, estatal o mafiosa.

Se trata del más peligroso modelo de gestión política, con características oligárquicas o de elite, pero con un sustrato mafioso, ordenador de vidas y bienes a través de la extorsión y el chantaje, de la violación a cualquier forma de privacidad, y el avasallamiento de todas las garantías constitucionales.

Ese esquema vacía de contenido a cualquier democracia, e incluso supone –en el caso de que el macrismo pierda y tenga que retirarse del poder–, dejar un campo sembrado de minas que haga imposible gobernar sin mantener vivos a algunos de esos organismos tumorales, que van haciendo estragos en el resto del Estado.

Cuando se quiso llevar adelante una reforma profunda del Poder Judicial, la resistencia fue enorme, y hoy se explica el por qué de aquella batalla. Uno de los más férreos combatientes de la reforma kirchnerista fue alguien que por estos días denuncia la red de espionaje ilegal montada por el macrismo.

En efecto, quien fuera senador nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, el radical Mario Cimadevilla, en abril de 2013 sostenía: “La reforma de la Justicia pone en riesgo la República”. Hoy, luego de ser nombrado por Macri en la Unidad Especial Amia, al alejarse de ella, en un informe lapidario, denunció al Presidente de intentar transformarla en una “unidad especial de encubrimiento”. Pero lo más grave es que el boina blanca sostuvo que el atentado en sí estuvo rodeado de un “entramado de delitos, negocios y negociados, relaciones malsanas y clandestinas, intereses económicos, estratégicos y diplomáticos”. Pasó un cuarto de siglo, pero la hidra de la mafia ya comenzaba a desarrollar sus cabezas, que un próximo gobierno deberá cortar de un solo golpe si quiere que la Nación tenga algún sentido.