En los barrios populares de Santa Fe y Rosario, el acceso de sus vecinos a los servicios básicos de luz, cloacas, agua potable y gas es casi inexistente. El 85 por ciento vive en asentamientos y el otro 15 en villas de emergencia.
El estudio indica que en la provincia de Santa Fe existen 341 barrios populares en donde viven cerca de 270 mil vecinos. Desglosado, en Rosario se ubican 112, que albergan alrededor de 100 mil personas.
Estos datos y muchos otros actualizados del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap) fueron presentados en el marco de la charla “Deuda Social: ¿Qué es, quiénes la sufren y cómo se paga?”, con eje en transformar este diagnóstico en políticas públicas concretas.
Los participantes del encuentro fueron la diputada nacional Lucila De Ponti; los concejales rosarinos Eduardo Toniolli y Roberto Sukerman; el referente de Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de Rosario (Ctep), Ignacio Rico, y la vicedecana de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UNR, Ana Valderrama.
Las cifras del trabajo muestran la condición de vulnerabilidad en la que viven miles de santafesinos que hasta ahora no figuraban en ningún registro oficial. Casi el 94 por ciento de quienes habitan barrios populares no tienen acceso al agua corriente, el 98 por ciento no tiene cloacas, igual porcentaje no tiene acceso a la red de gas natural y el 70 por ciento no cuenta con acceso a la red de energía eléctrica.
“Este relevamiento es un diagnóstico claro de la situación en la que viven miles de familias, pero tiene que continuar con la decisión de poner como prioridad en la agenda de políticas públicas el desarrollo de un plan de urbanización y vivienda que pueda acercarnos a una solución”, explicó De Ponti, quien destacó que el acceso a la vivienda digna sigue siendo uno de los principales déficit de nuestro país.
“Hace tres semanas falleció un rosarino de leptospirosis, en un barrio signado por la ausencia de infraestructura básica, y por la falta de recolección de residuos, de limpieza y de desratización. Una situación dramática que se reproduce a lo largo y a lo ancho de la ciudad”, explicó Toniolli.
“La urbanización es una enorme deuda del Estado: no hay posibilidad de pensar en bajar los grados de violencia urbana, si no hay un abordaje serio de las desigualdades profundas que fragmentan el territorio de Rosario”, aseguró el edil.
Por su parte, Rico destacó que se trata de avanzar en eliminar las diferencias “entre quienes están integrados y tienen un piso de dignidad y quienes no”. “Los barrios populares necesitan agua, luz, cloacas y todo lo básico para vivir, es un derecho humano y el Estado se tiene que hacer cargo”, finalizó.
