Una opinión muy extendida dice que el Estado Nacional cuenta con gran cantidad de tierras en propiedad, abandonadas o subutilizadas, que constituyen una enorme reserva de la que se puede echar mano.

En tiempos de ajuste y deuda externa, esa argumentación alienta que se vendan inmuebles bien ubicados, a precios muy acomodados y a gente muy conveniente [1]. Se afirma que esas ventas de tierras ociosas permitirían pagar obras imprescindibles, reforzar las partidas presupuestarias de los organismos usuarios o, directamente, mejorar la situación del erario público y afrontar los compromisos externos. El argumento no es nuevo ni exclusivo de estas pampas. En 2002 Ciampi y Berlusconi fabulaban vender el Coliseo y la Fontana de Trevi para conjurar la crisis, paliar el déficit fiscal y afianzar a Italia en la eurozona. En Grecia, con motivaciones semejantes, se han vendido islas enteras [2].

En tiempos de expansión económica y desarrollo, en cambio, esas tierras supuestamente ociosas e inagotables suelen ser percibidas como reserva para la ampliación urbana, nuevas áreas residenciales, planes de colonización y grandes obras de infraestructura.

Tras las leyes de Emergencia y Reforma del Estado de 1989, la dotación de inmuebles del dominio privado del estado nacional ha disminuido. Más allá de cambios menores, quedaron agrupadas en tres grandes grupos, uno vinculado al uso ferroviario, otro al militar y un tercero más general.  Este último fue el más reducido, por transferencias interestatales o ventas a particulares.

En los dos primeros casos se dio la circunstancia de que los organismos usuarios vieron fuertemente reducidos sus recursos y su importancia, y a la vez obtuvieron legislaciones particulares que permitían (prometían) convertir los inmuebles de que se desprendieran en un ingreso directo como fuente 13 para sus propios presupuestos. En los dos casos trataron de conservar su dotación de inmuebles en medio de una demorada o insuficiente redefinición de objetivos, planificación y redeterminación de qué tierras eran necesarias y suficientes para su funcionamiento. Y durante casi quince años -mientras conservaban sin plan y sin recursos suficientes aquellas tierras asignadas en uso en tiempos muy anteriores y en circunstancias muy diferentes- buena parte de esos ramales y estaciones ferroviarias, de estos cuarteles militares, de aquellas bases aéreas y navales, fueron siendo englobados por plantas urbanas que tuvieron, también y en general, más crecimiento que planificación (pública).

La creación de la AABE (decreto 1382/2012) buscó a un tiempo centralizar la gestión y agilizar la disponibilidad de tierras para programas de desarrollo, principalmente habitacional y en el marco de la iniciativa del plan PROCREAR. Los considerandos del decreto de creación tuvieron un correcto sentido contrario al afán privatista y de lucro de las leyes del 89. El posterior Decreto 1416/2013 que buscó agilizar aún más la operatoria abrió una ventana de riesgo al orientar la desafectación según la prioridad de PROCREAR y al dejarla a la sola evaluación de la AABE. Sin planes integrales de gestión estatal sobre los inmuebles privados del Estado, una urgencia sectorizada impuso el ritmo y los resultados. Y luego, con el advenimiento de CAMBIEMOS y la ideología privatista, la herramienta administrativa se convirtió en filosa navaja dejada en manos gorilas, que torcieron por vía de la práctica y de la interpretación reglamentaria aquellos objetivos de los considerandos iniciales. Abusando de la norma hemos asistido a tres años de festín privatizador, sin ningún criterio ni dimensión pública.

Algunas opiniones:

  1. Aún si se vendiesen todas las tierras asignadas en uso militar o ferroviario, el producido sería exiguo de cara a las inversiones que requieren nuestras Fuerzas Armadas y ferrocarriles. Decir que se vende para modernizarlas es una falsedad, porque son diferentes  el orden de magnitud de las ventas y el de las necesidades de equipamiento. Por otra parte, esos fondos por venta no resultan suplementarios de las partidas asignadas, sino alternativos. Aún en los casos en que el producido de la venta llegue a la ejecución presupuestaria del organismo que se desprende del uso, en la dinámica de la discusión y asignación interanual suele suceder que lo que se suma por fuente 13 se detrae de la 11 o de alguna otra. Si es falso que Fuerzas Armadas, Ferrocarriles, etc., se puedan modernizar vendiendo los inmuebles que usan, mucho más falso es que desprenderse de tierras estatales alcance para salvar las rentas generales o pagar la deuda externa.
  2. Es un mal criterio desprenderse de inmuebles del Estado Nacional sin planificación adecuada y actualizada respecto de los objetivos y necesidades de sus diferentes organismos. Ese mal criterio suele complementarse con otro déficit de planeamiento, ahora local, puesto que muchas de las decisiones de afectar bienes del EN parten de una necesidad sectorial, específica, acotada, no integrada a un plan de ordenamiento territorial integral. De ese modo, la necesidad de cumplir con cierto equipamiento social, o contar con tierras urbanizadas o fácilmente urbanizables para construcción de viviendas, termina siendo el motor de una decisión que anula posibilidades no definidas todavía de planes más vastos y estratégicos. Concurren a esto, por cierto, dos problemas: uno, décadas de indefinición sobre la reformulación de infraestructuras nacionales o necesidades militares, y desfinanciamiento asociado; otro, urgencias desde la gestión local o específica de resolver un determinado problema, muchas veces  sin escala, sin financiamiento y sin plan adecuado. El resultado suele ser el ir recortando un gran inmueble de potencial estratégico, de a poquito, de a lonja, como Shylock en El Mercader de Venecia. En determinado momento, el apuro, el mercado, la lógica del fragmento y del corto plazo, termina -sin que nos demos ni cuenta- anulando aquel potencial inicial y sin producir siquiera un impacto local de magnitud como para recualificar un gran sector urbano. Sin pena ni gloria.
  3. Los inmuebles del dominio privado del Estado no son una reserva inagotable de tierras ni suficientes para las necesidades de nuestro desarrollo. Para satisfacer las necesidades nacionales y el bienestar de nuestro pueblo debemos partir, más que de la existencia y disponibilidad de tierra en propiedad del Estado, de la correcta planificación y de la declaración de utilidad pública de los inmuebles necesarios y suficientes para satisfacerlas. La expropiación de bienes privados es el camino correcto e ineludible para el buen resultado. La opinión publicada y el sentido común cultivado critican muchas veces “el avance del poder político” en su relación con el espacio público o la dación de tierras estatales para satisfacer demanda sociales postergadas. Rara vez se señala que avanza sobre la tierra estatal disponible debido a dificultades, falta de voluntad o voluntad en contrario de avanzar sobre la propiedad privada, “fuente de toda Razón y Justicia” [3].
  4. “Un matrimonio, un terreno”, la propuesta del gobierno de San Luis [4], es un camino que se debe explorar, profundizar y extender. Era práctica general en tiempos de los incas. Es una manera de sustraer el acceso al suelo de la especulación inmobiliaria y financiera, y una herramienta que fortalecería el ordenamiento territorial, en la medida en que el Estado lo impulse, planifique y evite entregarlo al mercado sin controles.
  5. Suele decirse, con la mejor intención, que el Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario porque tiene la obligación de compensar las desigualdades en el acceso a la tierra. Tenemos que empezar a decir –volver a animarnos a decir- que más que compensar desigualdades hay que garantizar igualdad para el acceso a la tierra, bajo reglas de ocupación y de uso estrictas, vinculadas a la dimensión comunitaria y la preservación ambiental.

Minerva, diosa de las mil obras [5]

Las circunstancias y la modalidad en que accedieron al gobierno Yrigoyen y Perón fueron muy diferentes, lo mismo que su historia, formación y liderazgos. Señalemos un punto en particular, relacionado con la idea del planeamiento.

El primer yrigoyenismo, forjado en 25 años de obstinada oposición “al régimen”, asume sin programa conocido ni orientación de qué hacer como gobierno. Sus objetivos, demandas y promesas son el sufragio libre y la vigencia de las instituciones. Todo lo que tuvo de avance y reparación, de nacionalista e igualitario, estaba guardado en la íntima convicción de su líder y en las aspiraciones imprecisas del movimiento, que se desplegaron ante la dinámica abierta con la Primera Guerra. Las formulaciones doctrinarias y sus realizaciones estatales fueron posteriores, y a prueba y error.

El primer peronismo, en cambio, surge casi como la diosa Minerva de la cabeza de Júpiter, ya entera  y constituida. Gran parte de las medidas más trascendentes están presentes en el programa del GOU, se dictan antes del 4 de junio de 1946, se ponen en actos y se consagran en la Constitución de 1949. No es solamente un problema de cómo llegar al Estado, sino de contar con una visión integral, una cosmovisión, doctrina o ideología. Y es tener una idea muy clara y definida de la importancia del planeamiento en la gestión estatal, en la política de gobierno, en cómo tomar, mantener y construir el poder.

Sus circunstancias fueron muy diferentes, claro, y todas lo son, pero resulta útil cotejarlas con nuestras propias circunstancias, nuestro propio proceso tras el estallido de la convertibilidad, y con nuestro anhelo de un nuevo ciclo nacional y popular, más extendido y profundo.

Lo pequeño es hermoso

Para el tiempo de la caída del Muro de Berlín se acumulaban críticas muy válidas sobre las tendencias del planeamiento surgidas en el marco de entreguerras. La economía del Kaiser, el estatismo fascista o soviético, las variantes norteamericanas, francesas e inglesas, el Gran Salto Adelante, acumulaban críticas muy atinadas y había un reclamo muy pertinente sobre incluir la participación de los actores, la sustentabilidad ambiental y los cambios del paradigma tecnológico.

Esas valoraciones y esos análisis tenían su recorrido en nuestro país, están muy claramente documentadas en textos técnico-políticos de 1973/74, y fueron de los tantos debates clausurados por la dictadura. Las críticas a la rigidez de la planificación de gran escala resurgieron en las vísperas de los ’90 incorporando novedades europeas de un tiempo socialdemócrata y dando cuenta del posmodernismo, la necesidad de deconstruir los relatos fuertes y etc. Michael Porter y sus ventajas competitivas para multinacionales fue traducido al catalán en clave socialista y comarcal, y floreció una visión de la ciudad como sujeto que pelea por ser referencia y atraer capitales en el vértigo del tráfico de los flujos y la escasez de los recursos.

Pero ahora, después de aquellos recelos ante seculares abusos “del poder absoluto” del gobierno y del Estado, ya nadie aspira a ser ni el Marqués de Pombal ni el Barón de Haussmann, ni a refundar Lisboa o París. La reivindicación de la autonomía municipal se difunde como discurso “polite”, con ecos jacobinos, sí, pero muy funcional a los intereses que buscan degradar los estados nacionales para diluir controles sobre oligarquías financieras y agencias trasnacionales.

Importado a nuestro país, el municipalismo hace escuela, interpretando mal la historia del federalismo y traduciendo en espejo deformante un regionalismo muy asistido en Europa por los fondos estructurales de la Comunidad Europea. Aquí se plasma en la letra constitucional del ’94, pero en un marco de transferencia de responsabilidades a las provincias que escamotea los recursos necesarios para asumirlas. El falso municipalismo abre además, para el Estado Neoliberal, una brecha para fragmentar vínculos políticos e inmiscuirse en territorios provinciales díscolos. Una invocación federalista del mismo cuño  fractura y debilita la capacidad de discusión nacional sobre los recursos naturales del subsuelo, permitiendo a las grandes multinacionales negociar libremente con cada provincia petróleo y minerales.

El polvo levantado por el derrumbe del muro pudo justificar que se nublaran ciertas visiones, y algún ladrillazo en la cabeza atontar algún entendimiento, pero –desorientación sincera o coartada para irse al mazo- advino un largo tiempo de resignación en la política, justificado desde “la academia”. La revalorización de las pequeñas historias personales y de la vida cotidiana como objeto de estudio en la historia, la consigna de que lo pequeño es hermoso, que la ciudad se construye por partes, que la intervención puntual de magnitud y calidad es la que termina imponiendo su marca, han signado tres décadas de caminar por Occidente sin horizonte ni destino.

Otra tendencia bien intencionada ha sido la del planeamiento estratégico y participativo. Llevado a la práctica, termina demasiadas veces siendo una sumatoria de iniciativas fragmentarias, que se mezclan sin integrarse, que se escriben sin presupuestarse, donde se abusa de la idea de que con diálogo, cortesía y mecánica de taller, los malos se redimen, los poderosos se allanan a la razón y se forja el interés general. Si el planeamiento estatista atropellaba actores o se inviabilizaba por no dar cuenta de la complejidad social, la ingenuidad del win-win encubre que mientras se participa sin tiempo, sin meta y sin árbitro, los actores geopolíticos globales y los jugadores fuertes del mercado configuran el futuro en otra parte.

Del planeamiento de guerra al posmodernismo abdicante, el individualismo consumista ha inhibido, en el pensamiento político y en la academia, toda vocación seria de poder. Como ya no se cuestiona el orden global, como ya no se aspira al poder total, impera la lógica del fragmento, muy en paralelo a la cuota de poder que se está dispuesto a pelear o mendigar. No sucede sólo en la reconfiguración física del territorio, de la propiedad y del hábitat, sino en telecomunicaciones, internet y el propio sistema internacional.

Si no recuperamos la vocación de poder total, no podremos cuestionar a los actores globales que atraviesan nuestro país con voluntad de degradarlo, ni recrear una propuesta que enamore a nuestros pueblos.

Se cumplen por estos días 70 años del Congreso de Filosofía de Mendoza. En aquel tiempo el Presidente de los argentinos organizó el encuentro, convocó a filósofos y ofreció al mundo una doctrina, que suponía alternativa y superadora de las dos predominantes. Para soñar, hay que soñar en grande, y ése camino es el que debemos recuperar y plasmar en propuestas de gobierno. Lo lógico es pensar global y estratégicamente –sin desmesuras ni errores transitados- y luego, iterativamente, ir contrastando el avance, incluir, corregir, rectificar, negociar. Si empezamos al revés, y en medio de la gestión gubernamental, terminaremos empantanados y tomando caminos propuestos por otros.

Volver mejores, profundizar el modelo y consignas semejantes sólo son posibles si aprovechamos este tiempo para planificar un nuevo ciclo. No se trata de ser más deslenguados o estridentes, sino más profundos, ambiciosos y precisos.

Disertación de Perón en el Primer Congreso Nacional de Filosofía, celebrado en el 9 de abril de 1949.

“Las tardanzas de la justicia” [6]

En materia de acceso a la tierra y a la propiedad hay que prestar más atención al Poder Judicial.

Por un lado, y atento a su desmadrada colonización por parte de servicios de espionaje y agencias internacionales, cabe sospechar de la curiosa sincronización continental del “Caso Odebretch”, y la presión norteamericana para favorecer sus empresas para la ejecución de grandes obras. Más allá o por encima de las particularidades del caso, no parece casual que se denuncie ahora la cartelización de la obra pública.

Desde 1975 los niveles de ejecución de obras descendieron abruptamente en la Argentina, en paralelo a la destrucción de su concepción al servicio de la integración y el desarrollo concebidos desde la órbita estatal. Con un duro primer golpe cuando Martínez de Hoz y letalmente desde el ’90, desaparecieron por una década larga las partidas presupuestarias y las oficinas de planeamiento de obras y servicios públicos. La patria contratista se dedicó a la gestión de los servicios ya existentes, etapa superior del prebendarismo sin inversión.

Ahora, tras doce años de reconstrucción del sector, CAMBIEMOS vuelve a renegar de toda idea de infraestructura para la autonomía estratégica de la nación y vuelve la poda de los renglones correspondientes en el presupuesto. En paralelo, todo el sistema empresario vinculado fue puesto bajo sospecha y amenazado de ser llevado a juicio.

Llama la atención que se clama contra la cartelización pero sólo en el caso de la contratación y ejecución de obra pública. Las almas buenas no encuentran problema alguno en la cartelización de las multinacionales cerealeras, tan evidente que en Buenos Aires y Rosario no se sienten las fluctuaciones de Amsterdam ni de Chicago. El precio lo acuerdan aquí entre cinco, mientras los creyentes rezan al Mercado, esa deidad que nunca han visto ni conocen. De la misma manera, y en pleno descontrol inflacionario, la concentración en la distribución de alimentos no genera opiniones en contrario. El problema es pura y exclusivamente con la obra pública, y Odebretch se vuelve espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los empresarios contratistas del rubro, que llevan tres años en cuarto menguante, pero están muy preocupados como para cuestionar el ajuste y pugnar por presupuesto. Sus empresas valen menos. Ya pasó en los ’90. Ya pasó en la dictadura. Que lo digan Papel Prensa y todas las empresas arrebatadas a sus dueños.

Durante nuestros gobiernos sufrimos otro clásico del sector, que es el de las impugnaciones para demorar o impedir. Tendríamos que rever la Ley de Obras Públicas, y estar prevenidos para garantizar la transparencia, la libre concurrencia y las ofertas más convenientes, pero al mismo tiempo poder contar con mecanismos de contratación que no sean pasto seco para la judicialización incendiaria, destinada a retrasar ritmos de obra y bloquear planes estratégicos. Tras setenta años, y habida cuenta del despliegue de law fare y que de Irak se repliegan mercenarios pero también especialistas en reconstruir ruinas, debemos defender nuestro mercado nacional, proteger nuestro sector y promover nuestros recursos también repensando procedimientos.

Vendiendo pasado en copa nueva, la vieja panacea cavallista de la iniciativa privada vuelve remozada con la importación de los mecanismos PPP. Además de sus fracasos instrumentales, suponen resignar el rol estatal, la dimensión colectiva y la autonomía nacional en la concepción, planificación y ejecución secuenciada de obra y servicios públicos.

Queda claro que muchas ONGs transparentistas, como la entronizada en la Oficina Anticorrupción, son oficinas de espionaje y extorsión subsidiadas por empresas extranjeras para sacar de la cancha competidores. Y también, claro, para torcer la voluntad política de los gobernantes que no se plieguen a los dictados imperiales.

Por otra parte y en materia de propiedad inmueble, hay que poder desarrollar acciones más eficientes en el ámbito judicial. La defensa por parte del estado, a través de sus abogados, de numerosos litigios judiciales suele ser lenta, descoordinada y funcional al statu quo. La paciencia estratégica favorece a apropiadores privados con espaldas e influencias en las cortes. La tierra estatal debe tener mejor defensa.

Desplegar una política habitacional reparadora y de gran escala debe ir acompañado de evitar ocupaciones. Evitar la represión a los excluidos por buscar un lugar para asentarse no implica consagrar la ocupación como negocio con pobres y marginales ni renunciar a soluciones dignas e integrales. Del mismo modo debe cortarse la práctica de urbanizaciones para ricos que primero se inician y luego buscan legalizarse.

La experiencia sanjuanina de especializar juzgados para que presten atención a las cuestiones de tierras es para analizar, profundizar y difundir.

Si hablamos de transparentar…

Falsos profetas de la transparencia rehúyen transparentar la dinámica de la propiedad inmueble y de sus grandes propietarios.

Debemos resaltar, estudiar y explicar el excelente trabajo desarrollado por el Registro Nacional de Tierras Rurales [7]. No es casual que uno de los primeros objetivos de gavilla gobernante haya sido, en 2016, suspenderlo y diluirlo, torciendo por vía reglamentaria la esencia de la ley. La tarea enorme que se llevó adelante a partir de 2011 –en el acotado universo de la tierra en manos de extranjeros- logró visibilizar y tener certeza sobre quiénes son dueños de qué inmuebles.

El trabajo del Registro en relación al Consejo Interministerial de Tierras Rurales muestra un camino posible, eficaz y eficiente de trabajo cooperativo interjurisdiccional.

En el mismo sentido es correctísima la idea de impulsar un observatorio de la gran propiedad inmueble (rural y urbana). El Consejo Federal de Catastro es un ámbito razonable de articulación y convergencia.

Otra de las imposturas del gobierno de CAMBIEMOS ha sido anunciar un organismo que regularía las valuaciones fiscales [8]. Leyendo el anuncio oficial vemos que lo “regulatorio” del título se convierte, cuando vamos al texto, a estudiar obviedades. Parece más bien una coartada para tomar deuda de organismos internacionales, producir informes e intentar vender luego -justificando con esos informes- actualizaciones catastrales enlatadas. Es un mecanismo muy practicado en los años 90, de pobrísimos resultados, y que paga a consultorías extranjeras lo que se niega a profesionales argentinos.

Dicho esto y de todos modos, merece transitarse con mejores afanes la idea de una convergencia en las valuaciones y mejorar el tratamiento impositivo de la propiedad inmueble.

Tendríamos que prohibir que empresas constituidas en paraísos fiscales puedan ser propietarias de bienes inmuebles.

[1] como en esos juegos de palabras, se podría intercambiar sustantivos con adjetivos y decir, por ejemplo, inmuebles muy convenientes a precios ubicados y gente muy acomodada.

[2] (https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/polemica-en-italia-venden-el-coliseo-nid406317).

[3] “Hay una solución fácil para todo problema humano: clara, plausible y equivocada” (H.L.Mencke).

[4] https://viapais.com.ar/san-luis/485679-una-ley-para-los-recien-casados-en-san-luis-un-matrimonio-un-terreno/

[5] Así la llama Ovidio en La metamorfosis.

[6] Una de las quejas del príncipe Hamlet.

[7] (Ley 26.737 Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales).

[8] https://www.argentina.gob.ar/noticias/avanzan-las-gestiones-del-nuevo-organismo-que-regulara-las-valuaciones-fiscales-de-0

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