El Superior Tribunal de Justicia (STJ) mantuvo la condena al ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, pero redujo la pena a ocho años, diez meses y 20 días, y en octubre podría acceder a la prisión domiciliaria.

Cuatro de los cinco ministros del STJ votaron este martes la reducción de la pena al ex mandatario. El magistrado Félix Fischer, relator del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, fue uno de los primeros en votar para que se reduzca la pena del expresidente, condenado el 12 de julio del 2017 y privado de su libertad desde el 7 de abril del 2018 en una cárcel de Curitiba, estado de Paraná. Los otros magistrados que votaron de forma unánime fueron Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca y Ribeiro Dantas.

Según la legislación local, en caso de que la determinación judicial se sostenga, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) podría acceder a la prisión domiciliaria en octubre, aunque esta  posibilidad depende de la decisión de otro juicio, previsto a conocerse antes de septiembre de este año, por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre (TRF4), en segunda instancia.

En Brasil, el Tribunal Superior funciona como una tercera instancia dentro de los procesos judiciales. En este procedimiento, el caso llegó luego de que el político planteara un recurso de apelación tras recibir una pena de 12 años y un mes de cárcel por el caso conocido como “Lava Jato”, donde se lo acusa de actos de corrupción. En concreto, la Justicia sostuvo que Lula da Silva recibió un departamento de lujo en la ciudad de Guarujá a cambio de entregar contratos a la empresa constructora OAS, aunque nunca se pudo probar en términos documentales.

Por el lado de la defensa, se sostiene que, a pesar de la sentencia en su contra, nunca se logró comprobar ningún delito. Asimismo, hace algunas semanas Lula escribió: “Fui condenado y encarcelado por «actos indeterminados», figura inexistente en la legislación penal brasileña. He presentado suficiente documentación que demuestra mi inocencia. Mis acusadores, por el contrario, no han encontrado una sola prueba”.

Fischer rechazó los argumentos de la defensa que intentaban anular la condena o trasladar el proceso a la justicia electoral, lo que implicaba retomar la investigación desde el principio y liberar a Lula mientras se llevaba a cabo el nuevo procedimiento.

Reducción de la multa

La decisión de los magistrados también implica una reducción del valor de la multa que tenía que cancelar Lula, equivalente a 875 veces el salario mínimo vigente en la época en la que fue señalado de cometer el delito.

Los ministros redujeron la multa de 4 millones de dólares a más 500.000 dólares aproximadamente. Fischer, durante su voto, indicó que el cumplimiento en el pago o no del monto puede condicionar la progresión del caso de «cerrado a semiabierto», lo que da lugar a la defensa a introducir nuevos recursos.

La condena

Lula fue condenado por supuestamente recibir un departamento triplex de lujo frente al mar en el Condominio Solaris, ubicado en Guarujá, una ciudad del estado de Sao Paulo. Sin embargo, durante todo el procedimiento no se pudo probar que tuviera vínculo alguno con la propiedad.

De hecho, esto fue reconocido por algunos de los jueces que votaron en segunda instancia su condena, asegurando que lo hacían sin pruebas pero con «convicción».

En enero el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre (TRF4), en segunda instancia, confirmó la condena y se elevó a 12 años y un mes de cárcel.

No lo dejaron postularse

Antes de producirse las elecciones presidenciales en octubre del 2018, el líder del PT era el favorito en las encuestas, a pesar de estar preso. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló su candidatura, entonces Lula designó a quien fue su ministro de Educación y ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, para reemplazarlo.

Tras la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, el juez que envió a Lula a la cárcel, Sergio Moro, fue colocado al frente del Ministerio de Justicia.

 

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