La reducción de la condena a Lula es una cínica exhibición de las maniobras que permitieron proscribir al líder para que llegue al poder el ultraderechista Jair Bolsonaro, cuyo gobierno sumió a Brasil en el miedo, la represión y el ajuste neoliberal.

El Superior Tribunal de Justicia de Brasil aceptó, parcialmente, la apelación de Luiz Inácio Lula da Silva al acortar su condena, de doce, a ocho años, diez meses y veinte días. Pero lejos de ser una buena noticia, o de tener algún valor reparatorio, la decisión del tribunal es un acto de cinismo. Una demostración más de arbitrariedad y de abuso de poder. Lula fue condenado sin pruebas, con el objetivo de ser sacado de la carrera por la presidencia. Fue un acto de proscripción por parte de la Justicia, que actuó al servicio de los poderes fácticos y de EEUU, que querían evitar el regreso del líder del Partido de los Trabajadores (PT) al poder.

El daño ya está hecho. Suena a burla que por unanimidad los cuatro miembros de la Quinta Sala de la corte de la tercera instancia digan ahora que corresponde aplicarle una pena de ocho años, diez meses y veinte días a un hombre condenado “sin pruebas”, como reconoció el ex juez (hoy ministro de Justicia) Sergio Moro en su fallo.

El Código Procesal establece además que al cumplirse un sexto de la pena, lo que ocurrirá en septiembre u octubre, Lula puede acogerse al régimen semiabierto por el cual pasa el día fuera de la cárcel a la que retorna por la noche.

La reducción de la pena no cambia nada. Por el contrario, pone al descubierto la maniobra ilegal que proscribió a Lula. Gracias a esa maniobra, Jair Bolsonaro gobierna hoy Brasil. El miedo, la violencia, la persecución, el racismo, el machismo más desbocado, la homofobia y el odio a los movimientos sociales y a toda forma de acción colectiva obtuvieron un grado de legitimidad que antes no tenían. Todas estas ideas y prácticas antidemocráticas son alentadas desde el gobierno, que además tiene a su cargo las reformas estructurales (privatizaciones, reforma jubilatoria) que el establishment y los poderes fácticos que lo pusieron en el poder le exigen implementar.

Cuando Lula fue quitado de la disputa electoral en septiembre de 2018, contaba con cerca del cuarenta por ciento de intenciones de voto, con una tendencia al crecimiento, mientras Bolsonaro sumaba veinte puntos o menos.

Tras la reducción de la pena, Lula fue el primero en rechazar esta nueva afrenta de la Justicia. Y se mantuvo en su posición de llamar a la lucha. “El problema no es reducir la pena, la pena tiene que ser cero, hasta ahora no tuve derecho a un juicio justo”, dijo Lula desde la Superintendencia de la Policía Federal  a poco de conocida la decisión de los magistrados que sesionaron en Brasilia.

“La lucha tiene que continuar. De la misma forma que fui juzgado políticamente voy a ser liberado políticamente por la resistencia del pueblo, empezando por la vigilia”, agregó el líder.

El denominado Lava Jato, la investigación sobre casos de corrupción por la que se condenó a Lula, ya dejó de ser un ejemplo y paradigma de cruzada contra los deshonestos. Por el contrario, muchas caretas se cayeron y quedó claro que se trató de una maniobra de ciertos sectores del establishment que actuaron con la ayuda de EEUU con fines políticos.

En su nota publicada en Página 12 y titulada “Lula casi semilibre”, Emir Sader señala que “surgió una denuncia en contra de una de las empresas más directamente involucradas en procesos de corrupción, señalando que sus directivos habían fabricado delaciones premiadas con la finalidad de incriminar a otras personas y de favorecer a la empresa”.

Y se descubrió además, agrega Sader, un fondo millonario a disposición de los  jueces que actuaron en esa investigación. El fondo sería el resultado de un acuerdo con autoridades de EEUU, según el cual Petrobras habría pagado una multa gigantesca, pero el gobierno norteamericano reservaría una parte de esa multa para el fondo, que sería administrado en Brasil por los jueces de la Lava Jato.

“La revelación causó un escándalo, reacciones negativas generalizadas, hasta que los jueces que dirigirían el Fondo decidieron, frente a esa repercusión, retirar la iniciativa”, señala Sader.

La decisión del Superior Tribunal es además sólo uno de los capítulos de una saga judicial que incluirá en un plazo aún no determinado una sesión del Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema) en la que se decidirá si es constitucional que un condenado en segunda instancia, como es el caso de Lula, puede ser arrestado. O si todo imputado puede permanecer en libertad hasta agotar las apelaciones en los cuatro niveles de la justicia brasileña. La mayoría de los juristas del mundo coinciden en señalar que Lula debería estar en libertad.

El fallo del Superior Tribunal de Justicia se conoció días después del fallo del Supremo Tribunal Federal que la semana pasada, finalmente, autorizó a Lula a dar entrevistas, dando fin de esta manera a una situación de censura e incomunicación difícil de justificar en términos jurídicos, aunque comprensible en términos políticos. Con una gestión de Jair Bolsonaro desprestigiada (en apenas cien días, según las encuestas, su aceptación cayó de 49 por ciento a 32 por ciento), la palabra del líder tiene una influencia fundamental en el clima político de Brasil.

Además, el mismo día en que se dio a conocer la reducción de la pena de Lula, la comisión de Justicia y Ciudadanía de Diputados inició el debate sobre la enmienda constitucional para la reforma jubilatoria, para cuya aprobación se necesitan las tres quintas partes de los votos de ambas cámaras. Se trata de la misión principal que tiene que cumplir Bolsonaro.

Por tratarse de una enmienda constitucional, para ser aprobada en la Cámara baja la propuesta necesita del respaldo de al menos tres quintos de los 513 diputados, o sea 308 votos. Y, al menos por ahora, no le dan lo números. Solo contaría con 190-195 votos. Los grupos de poder concentrado están nerviosos, ansiosos y cada vez más enojados con Bolsonaro. La paciencia no se cuenta entre las virtudes de los grupos económicos más concentrados.

Las internas dentro del gobierno de Bolsonaro están cada vez más al descubierto, y tienen características de sainete. La disputa entre Bolsonaro y el vicepresidente Hamilton Mourao quedó aún más expuesta luego de que este último consideró muy negativa para la gestión la influencia del astrólogo Olavo de Carvalho, considerado el “gurú” ideológico de la extrema derecha brasileña y de la familia presidencial. Mourao se dedica además a contradecir declaraciones o anuncios polémicos del presidente y le gusta mostrarse como uno de los garantes del plan económico del ministro de Economía, Paulo Guedes. La semana pasada, un aliado clave de Bolsonaro, el diputado y pastor evangelista Marco Feliciano, presentó un pedido de juicio político contra Mourao por conspirar contra el gobierno, luego de que Carvalho calificara al vicepresidente de “traidor”.

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