La resolución absolutoria del tribunal que juzgó a los nueve acusados –cuatro civiles y cinco policías– por el presunto aborto seguido de muerte de Paula Perassi en 2011 dejó, además del sabor agrio de la impunidad, un debate acerca de la tarea técnica del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Para los jueces que analizaron el caso de la mujer que lleva casi ocho años desaparecida, “no existen delitos perfectos ni imposibles de probar, sino que lo que existen son deficiencias investigativas que no logran acreditarlos con certeza”. Para el abogado querellante en representación de la familia, Adrián Ruiz, “si se corrompen los investigadores, todo crimen puede ser perfecto”.

Un caso complejo

Tras casi ocho años de una opaca investigación, obturada en parte por la acción presuntamente cómplice y encubridora de quienes debían echar luz, los policías, el juicio oral por la desaparición de Paula Perassi llegó a sentencia luego de varias idas y vueltas y la participación de distintos fiscales, conductores en última instancia de la pesquisa oficial.

Cinco miembros de la fuerza de seguridad santafesina, pródiga en la producción de cómplices y encubridores para los expedientes judiciales, llegaron al juicio como acusados y no como testigos de una investigación eficaz.

El cuerpo de Paula, desaparecida desde septiembre de 2011 luego de salir de su domicilio en San Lorenzo, todavía no fue encontrado. El caso contaba, entonces, con la complejidad de carecer de los restos de la víctima que pudieran ser peritados mediante una autopsia y proveer contundencia probatoria a la acusación.

El tribunal del juicio, presidido por Griselda Strólogo e integrado también por los jueces Mariel Minetti y Álvaro Campos, expuso en las palabras previas al dictado de la sentencia ese asunto.

“La complejidad de éste caso así lo requería (al referirse a la  tarea investigativa de la fiscalía), se necesitaba de esfuerzos mucho mayores de los investigadores para su esclarecimiento –y no simples promesas de funcionarios–, ya que se partía de la enorme dificultad de no tener escena del crimen, ni el cuerpo, ni restos de la víctima”.

En un hecho poco frecuente, el tribunal expuso en la sentencia –en la frontera con la pérdida de imparcialidad– que nada le hubiese gustado más que condenar a los acusados, pero para eso necesitaba pruebas.

Ante la repercusión mediática y social que posee el caso, los jueces se vieron en la obligación de aclarar algo inusual: “No somos ajenos al sufrimiento y el padecimiento de la familia de la víctima”, señalaron.

“Y los integrantes de este Tribunal –siguieron– han sido testigos directos del dolor y la carga emocional que representa la incertidumbre del suceso y la imposibilidad de hacer su duelo”.

Al comienzo del escrito, que leyó la jueza Strólogo, el tribunal también aclaró: “No existen dudas que nos encontramos ante un caso con enorme trascendencia social, que nos conmueve y moviliza a todos”. Otra vez la justificación de una decisión que, pareciera, no querían tomar.

Tanto fue así que le recriminaron fuertemente al fiscal Donato Trotta en varios párrafos no haber producido la prueba necesaria para dictar una condena, como aguardaba el “clamor social”.

Foto: Andrés Macera

Traé una prueba

El tribunal le reprochó a Trotta que “se tomaron más de siete años para investigar y recolectar evidencia para saber qué pasó con Paula Perassi y traer a sus responsables a juicio”.

Sin embargo, dijeron, “habiendo tomado contacto directo con la actividad probatoria y examinado y valorado la prueba traída por los acusadores, estamos en condiciones de decir que a lo largo de las jornadas de audiencia no lo han logrado”.

“No logró el Estado a través de sus fiscales ni tampoco la actividad de los representantes de la querella, probar con la certeza necesaria en esta etapa que las personas acusadas son culpables de los delitos que se le achacaron”, señala el fallo.

Y le reprocha a la Fiscalía montar su acusación sobre versiones y dichos que, aún siendo verosímiles, no tuvieron apoyatura probatoria.

Lo hace así: “Todos escuchamos aquí la versión de los acusadores de lo que supuestamente habría sucedido con Paula, versión de los hechos que NO SURGIÓ (mayúsculas en el original) de investigaciones estatales, sino de una serie de datos y comentarios recolectados desde el dolor por su ausencia, armados por el imaginario popular que se fue alimentado con el tiempo y el clamor social”.

Sigue la sentencia: “Y si esos comentarios y dichos tuvieron algún atisbo de verdad, los acusadores no lograron concatenarlos, agruparlos y apoyarlos para que tales dichos se convirtieran en prueba sólida con solvencia jurídica para que desde la lógica, la experiencia y el sentido común se logre la certeza necesaria para una condena como la que se solicitó, obligación –ésta– indiscutida del MPA y en su caso los querellantes para llevar personas a juicio y lograr su condena”.

Otra vez los jueces volvieron sobre la tarea del fiscal, que juzgaron sin metáforas. “(Este tribunal) No tiene dudas que la decisión tomada es la correcta y ajustada a derecho, ante la desprolija, controvertida, cuestionada e insuficiente actividad probatoria desplegada en el debate, no dejando otra posibilidad legal y jurídica de decidir”. Casi piden perdón por absolver a los nueve acusados.

Foto: Andrés Macera

En defensa propia

El fiscal Trotta se defendió de las críticas del tribunal, bajo el paraguas de que la mejor defensa es un buen ataque: “Es un acto de injusticia”, opinó sobre la sentencia absolutoria que dejó en libertad al empresario Gabriel Strumia, a su esposa Roxana Michl, a su empleado Antonio Díaz y a la partera Mirta Rusñisky; acusados de privación ilegítima de la libertad agravada y aborto sin consentimiento seguido de muerte”.

Strumia era amante de Paula Perassi y, según la teoría del caso de la Fiscalía, al quedar embarazada el empresario de San Lorenzo la obligó, junto a su esposa y con la ayuda de su asistente Díaz, a practicarse un aborto realizado por Rusñisky en el que la mujer murió.

“La Fiscalía no está conforme con el fallo, a lo largo de estos años consideramos que había elementos, entendemos que los hechos están probados. Justamente lo difícil para avanzar se debió a una actividad policial que hizo que todos estos años no se pueda avanzar en investigar y en la localización del cuerpo”, se lamentó Trotta, quien criticó especialmente el fallo por haber dejado libres a los policías, acusados de encubrimiento.

Sus palabras contienen casi una confesión que le brinda razón al tribunal: lo difícil se debió a que los policías eran encubridores.

En un sentido similar se expresó el abogado querellante, Adrián Ruiz, quien también termina casi por admitir la orfandad probatoria. “Justamente no hay prueba porque faltó investigación, porque los propios investigadores estaban en el banquillo de los acusados”. Para el letrado, “si se corrompen los investigadores, todo crimen puede ser perfecto”. Si fue así, ¿era posible otra decisión del tribunal? ¿Debería haber condenado a los acusados sin pruebas?

Vale aclarar que las preguntas planteadas, al igual que el resultado del fallo, no implican la inocencia de Strumia & Cía o la inexistencia del encubrimiento policial, sino que abre un interrogante sobre la capacidad fiscal para evitar la impunidad que al final consiguieron los acusados. Porque no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho. Y los posibles desaparecedores de Paula –y sus presuntos cómplices de uniforme– gozan desde el jueves de esa garantía.

Foto: Andrés Macera

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Un comentario

  1. Avatar

    Juan Quintero

    05/05/2019 en 22:38

    Otro hubiese sido el fallo, de haberse implementado el juicio por jurados, según el proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fé en el año 2009, en lugar de los inmaculados tecnócratas en leyes alejados de la realidad cotidiana y de la gente.

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