El asesinato de Juan Cruz Vitali por un jefe policial, investigado como gatillo fácil, repite las características de los casos Mafud y Campos-Medina. Y es la consecuencia de prácticas de violencia institucional cotidianas que pasan desapercibidas hasta su naturalización. Enfrentamientos por la espalda y jóvenes varones de barrios populares en la mira.
Cardozo, Casco, Escobar, Campos, Medina, Herrera y Mafud –involuntarios integrantes de una lista más extensa– son apellidos de familias que debieron experimentar las consecuencias letales de la violencia institucional en la región, que la última semana sufrió la familia de Juan Cruz Vitali, en Capitán Bermúdez, cuando un jefe policial mató a tiros al joven de 23 años al ingresar perseguido a la vivienda de un pariente, en otro caso de forcejeo por la espalda en el que la víctima desafía con la nuca a la autoridad estatal armada.
Con resultado menos irreparable, a las pocas horas un menor de 17 años fue detenido y golpeado en la seccional 14ta de Rosario por “zurdo”, según denunció su padre que le dijo una mujer policía cuando lo fue a la buscar a la comisaría.
Aparentemente, había cometido el delito de avistamiento de un cacheo policial a otros dos chicos conocidos del barrio, con el agravante de responderle a los uniformados que no se iría del lugar porque estaba en la vía pública, todo en concurso real. Una corriente soft del marxismo, pero igualmente intolerable para los canas.
“Lo que hacen estos casos es evidenciar prácticas que son cotidianas, sistemáticas y extendidas en el tiempo, que están focalizadas en determinados grupos sociales”, dijo a el eslabón la abogada Eugenia Cozzi, integrante de la Multisectorial contra la violencia institucional y miembros de la cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho de la UNR.
Explicó que “si a veces estos casos aparecen en los medios es porque las víctimas tienen otros recursos, o porque son casos letales”.
La reacción de los familiares asociada al activismo contra la violencia institucional reducen los márgenes de impunidad en estos casos, que sin embargo encuentran cuotas de legitimidad en la circulación de algunos discursos sociales y escasa capacidad de control estatal para prevenirlos.
Esa manera de matar
Eran cerca de las 4.30 de la madrugada del domingo 12 cuando Juan Cruz Vitali (23) se topó con un operativo de alcoholemia mientras conducía su VW Fox color negro por bulevar San Lorenzo entre Maipú y Chacabuco. En Capitán Bermúdez. Iba junto a su novia, habían salido de un boliche.
Según la investigación, con el auto chocó los conos de señalización del operativo y continuó su marcha, perseguido ahora por agentes policiales que acompañaban el procedimiento de tránsito.
Aún no está claro si el joven chocó un vehículo policial o la camioneta oficial intentó detenerlo mediante una colisión. Su auto muestra signos de choque. Los policías comenzaron a dispararle mientras Juan Cruz escapaba. Le dieron en la luneta trasera del auto.
Vitali condujo perseguido por la policía hasta Montevideo al 400 de esa ciudad del Gran Rosario, domicilio de su tío. Bajó del auto e ingresó a la vivienda, detrás suyo iba el jefe de la Agrupación Cuerpos de la Policía de San Lorenzo, comisario Sergio Di Franco. Que una vez en el interior de la vivienda lo mató de un tiro en la cabeza.
Los investigadores encontraron rastros de cuatro disparos en el automóvil del joven. En la casa del tío quedó la marca de un balazo en la heladera y otra en el techo. Según la autopsia preliminar, Vitali murió por una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la cabeza. La munición ingresó por la nuca, de acuerdo a las pericias.
Florencia, la novia de Juan Cruz y testigo directo del crimen, contó que al pasar por el control policial chocaron los conos.
“Con el susto aceleró y apenas doblamos en la esquina lo impacta una chata de la policía del lado de él”, contó la chica a Radio Dos. Luego, amplió, “otro patrullero se puso adelante y sin dar la voz de alto comenzaron a disparar”, por lo que siguieron hasta Montevideo al 400.
La joven relató que su novio “se bajó del auto y salió corriendo”. “A mí me agarraron los policías contra el auto. Yo escuchaba ruido. Nunca me imaginé que le iban a tirar un tiro. Cuando me suelto de la policía estaba desplomado, boca arriba, muerto. Lo mataron de un tiro en la nuca”, contó.
Forcejeo de espalda
El abogado del comisario Di Franco, Paul Krupnic, alegó que su cliente no tuvo intención de matar al joven sino que el disparo en la nuca se produjo como consecuencia de un hecho fortuito, en medio de “un forcejeo” con la víctima.
La fiscal del caso, Melina Serena, sostuvo al realizar la acusación que el crimen “no fue fortuito o accidental” sino que el jefe de la Agrupación Cuerpos de San Lorenzo “fue más allá de sus deberes”.
Di Franco quedó detenido con prisión preventiva por 60 días, mientras se sustancia el legajo investigativo. Otros dos policías que intervinieron en la persecución permanecen en libertad, bajo investigación para determinar si tuvieron –o no– responsabilidad penal en el homicidio.
El juez penal de San Lorenzo, Juan Carlos Tutau, aceptó la imputación de la fiscal que encuadró el hecho en el delito de homicidio doblemente agravado por ser el acusado personal policial y por el uso de arma de fuego.
El asesinato de Vitali encuentra coincidencias con otros casos de gatillo fácil, los que tuvieron como víctimas a Iván Mafud y a David Campos y Emanuel Medina, en cuanto en los tres existe una persecución policial por motivos nimios que concluye con el homicidio de los perseguidos.
A diferencia de esos otros dos hechos, en el de Juan Cruz la Policía no quiso o no pudo construir una coartada más contundente que la del forcejeo por la espalda.
Mafud (26) conducía un Fiat Marea la madrugada el 8 de septiembre de 2014 cuando un patrullero del Comando Radioeléctrico comenzó a perseguirlo. Durante el juicio oral se conoció que el joven sufría una adicción a la cocaína y esa noche, minutos antes de cruzarse con la policía, habría comprado droga y mantenido una pelea con su pareja, con la que tenía cuatro hijos.
El automóvil en el que circulaba no tenía la chapa patente trasera. La versión policial indicó que se inició la persecución para identificar el vehículo y a su conductor y que durante la misma se produjo un tiroteo, que fue repelido. Lo siguieron varios móviles policiales por 25 minutos y a lo largo de 54 kilómetros hasta matarlo en las afueras de Rosario.
Según la sentencia, sólo se pudo probar que la víctima murió por un tiro en la cabeza disparado con el arma de un policía. En el auto de Mafud apareció una pistola calibre 22, que para la Fiscalía fue “plantada”. También plantaron los miembros de la fuerza de seguridad la versión de que lo acompañaban otras dos personas que escaparon corriendo a campo traviesa. Todo falso.
Cuatro policías fueron condenados el año pasado por ese crimen y otros once resultaron absueltos por carencia de pruebas y por el beneficio de la duda.
Tiroteo sin armas
Alejandro Emanuel Medina tenía 32 años y David Ezequiel Campos 28 cuando la noche del jueves 22 de junio de 2017 fueron a un boliche. David quería festejar el campeonato de Boca y tenía con qué: había cobrado el aguinaldo. Pasaron a buscar a dos chicas, comieron en una pizzería, tomaron cervezas.
Cerca de las 7 de la mañana dejaron a las chicas en su domicilio, en el VW Up cero kilómetro que Campos había sacado en cuota. Como había bebido demasiado, le dejó el volante a su amigo Emanuel. Y decidieron estirar la salida con unas vueltas más en el auto, escuchando música a un volumen alto.
Poco después de las 10.30 pasaron a una velocidad superior a la permitida por Grandoli y Gutiérrez, donde había dos policías motorizados. Volvieron a circular por el lugar un rato después y los agentes se sintieron “provocados”.
Comenzó una larga persecución que, como en el caso de Mafud, fue incorporando móviles y personal policiales con el correr de los minutos. Como los amigos no se detenían, los uniformados les dispararon durante el largo trayecto que terminó en Callao al 5700, cuando chocaron contra un árbol.
Según la investigación del fiscal Adrián Spelta, allí fueron acribillados. El cuerpo de Emanuel tenía nueve orificios de bala y el de David cuatro, consignó la autopsia. Un policía remató a Campos al ver que su cuerpo todavía emitía espasmos.
Cuando llegó al lugar el jefe de tercios, Hugo Baroni, y vio el desastre hecho por sus subordinados, intentó perfeccionar el delito con un plan para engañar al fiscal mediante una histórica fantástica plasmada en el acta del procedimiento.
Un policía le puso un arma en la mano a Campos y disparó cuatro veces contra una zanja. El dermotest –para determinar si quedaron rastros de pólvora en una persona– dio positivo para David y el fiscal Spelta compró, por unos días, la versión policial. Una pericia determinó que el arma –plantada– no estaba apta para el disparo. Sí la que le pusieron a Medina, pero el dermotest resultó negativo. Por ese caso de gatillo fácil hay un policía imputado como autor y 17 por encubrimiento.
A esa fuerza de seguridad el Ministerio provincial quiere confiarle el uso de las picanitas cool tipo Taser (ver aparte).
Un sistema
La Multisectorial contra la violencia institucional de Rosario repudió el crimen de Juan Cruz Vitali. “Exigimos una investigación pronta, integral, eficaz y efectiva, conforme lo exigen obligaciones constitucionales y la aplicación estricta de estándares internacionales en la materia”, planteó la organización a través de un comunicado.
“Resulta de extrema gravedad que suceda este hecho en circunstancias similares al caso Campos-Medina, que no hace más que subrayar y confirmar la preocupante situación que nuestra provincia padece en materia de violencia institucional”, agregó.
Una de las abogadas que integra la Multisectorial, Eugenia Cozzi, dijo que “lo que hacen estos casos es evidenciar prácticas que son cotidianas, sistemáticas y extendidas en el tiempo, que están focalizadas en determinados grupos sociales”.
Los casos letales, como el de Vitali, llegan a los medios, que permiten su visibilización. Los “verdugueos” policiales como el que sufrió el adolescente en la comisaría 14ta –de frecuencia diaria– suelen pasar desapercibidos.
Cozzi señaló que “ese tipo de prácticas son cotidianas y hasta naturalizadas por las propias víctimas: que la Policía te pare, te moleste, te saque las sustancias que puedas tener, son relatos cotidianos”.
Ocurre que, puntualiza la abogada, “no aparecen problematizados y denunciados” por lo que “es difícil tener registros”. Sin embargo, esos hechos menos dramáticos constituyen “los escenarios donde esos casos más graves ocurren”.
Cozzi aclaró que la naturalización del “verdugueo” policial a los varones jóvenes de barrios populares –segmento etario y social sobre el que se focalizan esas prácticas violentas desde el Estado– por parte de las propias víctimas está ligado a la idea de la dificultad para modificar esos escenarios, y por la percepción de los riesgos que implica denunciarlos.
Esas prácticas violentas se legitiman, también, en los discursos que las avalan cuando las víctimas son de zonas periféricas de la ciudad y preferentemente empobrecidas. Aún en los enunciados de los familiares de las víctimas se encuentran vestigios del discurso hegemónico sobre los legítimamente matables, integrado al sentido común impuesto por la parte decente de la sociedad.
“Nadie va a decir nada de mi sobrino porque era un chico sano, no era un falopero, no era un drogadicto, no era un delincuente, como están diciendo. No se escapó porque tenía droga en el auto, se escapó por miedo de la policía porque era un nene”, sostuvo cruzada por el dolor una tía de Vitali, como si el consumo de drogas habilitara un crimen espantoso.
Activar, es la tarea
A diferencia de otros países de la región, como Brasil, el nuestro posee un fuerte activismo en materia de Derechos Humanos que permite reducir las chances de impunidad de los casos más resonantes de violencia institucional, dice Cozzi.
“Argentina se caracteriza porque la violencia policial es fuertemente problematizada, está en agenda y aparece aún en los contextos políticos” como el actual.
Para la abogada, “el legado de los organismos de Derechos Humanos y sus denuncias en contextos democráticos” generan una base que opera como dique a la impunidad.
Reconoce que “hay dificultades en otras prácticas violentas (cuyo efectos no resultan letales) que solo aparecen visibilizadas cuando la víctima no es habitual o tiene recursos” para volverla públicamente trascendente.
“El policía sabe que si dispara y mata tiene problemas, aun cuando la respuesta policial busque consagrar la impunidad”, abundó en diálogo con este semanario.
Para Cozzi, “esto está ligado al fuerte activismo” de sectores de la sociedad civil, que quedó plasmado en el caso del joven Vitali. “Lo que aparece es un rápido activismo de los familiares, ligado a una serie de activismos de San Lorenzo como el de los padres de Paula Perassi, que no es por un caso de violencia institucional”, señaló.
“Lo interesante de pensar –siguió– es cómo el caso rápidamente se inscribe en caso de violencia institucional y se liga a otro que es distinto (el de los padres de Perassi) pero que también reclama justicia”.
Además, afirmó que el Estado debe activar “mecanismos de control que restrinjan esos espacios de mayor discrecionalidad” de las agencias de seguridad, paralelamente con el debate acerca de cómo el Estado “piensa las herramientas de la policía para sancionar el delito, cómo se problematizan o no las prácticas policiales y sus vínculos con los mercados ilegales” y qué “paradigma de seguridad se emplea para combatir el delito y el narcotráfico”.
El actual, de batalla abierta a los narcos, evidenció sus límites en los países de la región en que se pusieron en práctica.
