Organizaciones de derechos humanos rechazaron la utilización de armas de descarga eléctrica y pidieron explicaciones al Gobierno de la provincia. “Son instrumentos de tortura y una medida de profundización del aparato represivo”, denunciaron.

“Lo vamos a evaluar, no nos parece mal, ni nada que pueda traer una complejidad”, fueron las palabras del ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El sujeto tácito de la oración eran las polémicas pistolas Taser. Ese día, martes de la semana pasada, se había publicado en el Boletín Oficial Nacional que el gobierno de Mauricio Macri incorporaba ese armamento para las fuerzas de seguridad federal, a pesar de los reclamos de las organizaciones de derechos humanos que en Buenos Aires habían realizado numerosos planteos contra su uso en el país. En Rosario se alzó de inmediato la voz de repudio de la agrupación Hijos. Luego hizo lo propio el Foro contra la Impunidad de la capital provincial. Finalmente la Multisectorial contra la Violencia Institucional presentó un pedido de informes dirigido a Pullaro. “Queremos saber bajo qué diagnóstico y con qué criterios analizan implementar estas armas que son consideradas instrumentos de torturas”, exigieron las organizaciones.

Taser es en realidad el nombre comercial de las armas de electroshock más conocidas del mercado de la seguridad. Son armamento diseñado para “incapacitar a una persona o animal mediante descargas eléctricas que imitan las señales nerviosas y confunde a los músculos motores, principalmente brazos y piernas, inmovilizando al objetivo temporalmente”.

Las pistolas Taser, de origen norteamericano, han sido objeto de numerosas polémicas y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas dictaminó su uso provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura y, en algunos casos, puede incluso causar la muerte, por lo que puso en dudas su autocalificación de “no letales”.

Repudios

“Lamentamos la rápida adhesión del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro a una nueva medida de profundización del aparato represivo impulsada por su par Nacional Patricia Bullrich, como es la incorporación de las pistolas Taser”, plantearon desde la agrupación Hijos Rosario al día siguiente de las declaraciones del funcionario provincial.

La organización defensora de los derechos humanos repudió el anuncio del gobierno nacional en el que se da cuenta de la implementación de las armas eléctricas, y adelantó que realizará “un pedido de informes a Pullaro” para que detalle las razones por las que “evalúan replicar la iniciativa de Bullrich en Santa Fe”.

Para Hijos, “la incorporación de las Taser, consideradas instrumentos de tortura por la Naciones Unidas, es un paso más en la profundización del aparato represivo que lleva adelante el gobierno nacional para sostener su modelo económico que genera cada vez más hambre, pobreza, desocupación y por consiguiente, más protesta social”.

“El gobierno de Mauricio Macri pretende por un lado desviar la atención pública para que dejemos de hablar de la profunda crisis económica que vivimos en el país, y por otro lado seguir alimentando el aparato represivo con el cual puesta a contener el descontento social”, consideraron desde Hijos.

A través de un comunicado, Hijos destacó un análisis realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), en el que se critican con dureza los criterios que el reglamento anunciado por el gobierno nacional establece. “Son tan imprecisos que en los hechos habilitan cualquier uso”.

“Por ejemplo, el inciso c) del artículo 2 las autoriza para «impedir la comisión de un delito de acción pública», o sea siempre, porque ese es el trabajo de la policía. El inciso a) del mismo artículo las permite para inmovilizar ante un «peligro inminente», que no se describe de ningún modo. Así, el reglamento potencia los riesgos de letalidad y tortura, en lugar de disminuirlos como afirmaron las autoridades”, refirieron desde Hijos citando al Cels.

En su análisis, el Cels recuerda que el “Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que intervino en casos contra Nueva Zelanda (2009) y contra Gran Bretaña (2013), en los que desalentó su uso y lo consideró prohibido salvo que se trate de «situaciones extremas y limitadas (aquellas en las que exista una amenaza real e inmediata para la vida o riesgo de lesiones graves)» y «únicamente en sustitución de las armas letales»”.

“Queremos saber bajo qué diagnóstico y con qué criterios el ministro Pullaro evalúa implementar este sistema”, remarcaron desde Hijos Rosario.

Rechazo en Santa Fe

Desde el Foro contra la impunidad de Santa Fe, integrado por Madres, Hijos y sindicatos de la CTA y la CGT compararon a las Taser con la “picana eléctrica” y también dijeron “no a las armas eléctricas de represión, tortura y muerte”.

“Las Taser arrojan dos dardos con sus respectivos cables que impactan a las personas con descarga eléctrica de 50.000 voltios. Al instante producen la paralización de los músculos y la persona cae inerte con fuertes riesgos de traumatismo de cráneo y, en algunos casos, de paro cardíaco. El riesgo también se potencia cuando el impacto y la descarga se producen en la cabeza, por daños cerebrales y cardiovasculares», señalaron desde el Foro. Y mencionaron que en Estados Unidos, entre el año 2000 y 2007 “se produjeron cerca de 1000 muertes a causa del uso de estas armas”.

«En el caso de Santa Fe, de no mediar una resolución en contra por parte del gobernador Lifschitz, las Taser entrarán por vía de las fuerzas federales que operan en nuestro territorio. Además, el ministro Pullaro ya mostró su entusiasmo para que también las utilice su Policía provincial”, se quejaron las organizaciones.

“En defensa de los derechos humanos de la sociedad toda y contra la represión de la protesta social, nos pronunciamos en contra del uso de estas armas en la provincia de Santa Fe, y en todo el país, convencidos de que la seguridad no se garantiza violando los derechos humanos, sino garantizando su vigencia para todo el pueblo”, añadió el comunicado del Foro, en el que se anunció además un pedido de audiencia al gobernador para tratar el tema.

Pedido de informes

El viernes pasado, retomando ejes planteados en un documento sobre el mismo tema elaborado por el Cels, la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario presentó un pedido de informes dirigido al ministro Pullaro en los que requiere las razones que lo llevaron a manifestarse a favor del uso de las armas eléctricas.

Entre otros puntos, la entidad integrada por familiares de víctimas de violencia institucional y organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, solicitan conocer “el diagnóstico que justificaría la decisión de utilizar las pistolas “Taser” en el ámbito de la provincia”. “¿Cuál es el registro estadístico de casos de uso de la fuerza en ese contexto en los años 2017, 2018 y 2019 que justificaría la decisión de adoptar las Taser?”, preguntan en su escrito desde la Multisectorial.

Foto: Andrés Macera

Las entidades requirieron también conocer “la normativa que reglamenta su uso”, de “qué manera evaluarán y controlarán el uso de las Taser una vez que sean entregadas a los efectivos” y “acceder al protocolo de actuación que funcionará como normativa para su utilización”.

“Queremos conocer si está informado sobre los informes del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que intervino en casos contra Nueva Zelanda (2009) y contra Gran Bretaña (2013), en los que desalentó su uso y lo consideró prohibido salvo que se trate de «situaciones extremas y limitadas (aquellas en las que exista una amenaza real e inmediata para la vida o riesgo de lesiones graves)» y «únicamente en sustitución de las armas letales»”, concluye el pedido de informes.

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