¿Cuánto falta para que se declare la nulidad del sistema democrático por falta de pruebas que acrediten su existencia? Sin debido proceso, sin Estado de derecho, sin garantías de defensa, la tan meneada República es sólo ficción.

Hay esperanzas, de todos modos, de que el devenir de las cosas y los hechos se independicen de la infame voluntad de una clase que se devora a sí misma, que en su afán de codicia llega a imputar a sus pares, que deben ir a declarar ante fiscales y jueces que son considerados por ellos poco menos que esbirros.

De hecho, el plan para esta semana era la foto de Cristina Fernández de Kirchner sentada en el banquillo de los acusados, en primera fila, con gesto adusto, incómoda ante la primera de tantas condenas que el sistema político, mediático y judicial pretende propinarle: el de los flashes, los paneos de las cámaras de TV, las primeras planas de diarios de papel y digitales, los comentarios de cronistas judiciales que hagan babear a los oyentes de las emisoras envenenadoras de almas.

El colmo del ridículo lo protagonizó el portal de noticias de Daniel Hadad, Infobae, que un día antes de la primera audiencia pretendió anticipar cómo habían de estar ubicados cada uno de los actores en la enorme sala de Comodoro Py. Así, publicó una infografía en la que ni siquiera se acertó el lugar exacto donde estuvieron los jueces y lectores de la acusación. En primera fila del banquillo de acusados anunciaron que estaría CFK, y a su derecha, uno al lado del otro, Julio De Vido, José López –el de los bolsos–, Abel Fatala y Carlos Kirchner. No acertaron ni el Siempre Sale del Quini 6.

Nada de ello ocurrió. Ni siquiera el absurdo capítulo del juicio oral por la denominada “Causa Obra Pública” pudo comenzar cuando quiso el Gobierno. La propia Cristina se anticipó, y a las 7 de la mañana del martes publicó en las redes sociales un descargo que debería avergonzar a cualquiera excepto a los desvergonzados que integran el régimen depredador que manda en la Argentina.

CFK afirmó –no es novedad– que se trata de “un nuevo acto de persecución” con el “único objetivo” de colocarla “en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”, y definió al proceso judicial como “una nueva cortina de humo”.

Antes de que el país sintonizara radios, canales de aire y cable, o siguiera por streaming su llegada a los Tribunales Federales de Retiro, la flamante precandidata a vicepresidenta redujo a cenizas las argucias destinadas a infantes que contiene el expediente judicial por presunta corrupción en la contratación de obra pública.

“En unas horas comenzará en Comodoro Py un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”, sostuvo la líder de Unidad Ciudadana, quien prosiguió: “Igualmente, una vez más y como siempre lo he hecho, volveré a ir. Sí, pese a todo volveré a ir. No como otros, que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías”.

Así, Cristina hizo sonar el teléfono del fiscal federal Carlos Stornelli, quien a esta altura no puede siquiera murmurar que no conoce al falso abogado, operador judicial, agente clandestino de inteligencia y extorsionador Marcelo D’Alessio.

Precisamente alrededor del tema del espionaje ilegal, dos horas más tarde del mensaje de CFK, se hizo pública una gravísima confirmación que la empresa telefónica Movistar documentó ante el juez Alejo Ramos Padilla: el celular con el que D’Alessio intercambiaba mensajes pertenece a la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, complicando la situación de la funcionaria macrista en la causa por espionaje ilegal que lleva adelante el magistrado en el juzgado federal de Dolores.

La verdad en juego

Cristina había referido en su twitter: “Los juicios deben buscar la verdad. Pero aquí no parece que esto vaya a ocurrir. Mientras a mi defensa le impiden contar con las pruebas más elementales, se incorpora la declaración de la diputada Paula Oliveto –alias Pau– y un libro de Daniel Santoro, ambos imputados en la causa D’Alessio”.

El chiquero en que el macrismo transformó lo que ya era un lodazal en Comodoro Py, amenaza destruir cualquier lazo que ligue a la sociedad con la administración de Justicia. Porque el mismo porcentaje de ciudadanas y ciudadanos –no menos de un 25 por ciento– que piensa volver a votarlo a pesar de los estragos de toda índole que ha cometido este Gobierno en casi cuatro años, quiere ver a CFK presa, haya o no pruebas en su contra.

De nada vale que se explique que nadie –cuando aquí se afirma nadie, es nadie– auditó la totalidad de las 51 obras públicas que serían la razón de la presunta corrupción que justifica el juicio que comenzó esta semana. De nada sirve alegar que cuando cinco de esas obras fueron auditadas por el mismo gobierno de Macri el resultado fue que no se hallaron irregularidades. No ya delitos, ni siquiera un sobreprecio menor.

Foto: Centro de Información Judicial

Cristina está injustamente procesada y en el banquillo, pero libre. Julio De Vido, su ex ministro de Planificación Federal, está preso hace más de un año por este mismo mamarracho jurídico. El empresario Lázaro Báez también, pero hace más de tres años.

Como recuerda la senadora nacional y ex presidenta, la causa surge de una denuncia realizada por el gobierno de Macri “sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en Santa Cruz”, que ni siquiera es original, “sino un refrito de denuncias desde el año 2008, armadas por diputados de la Coalición Cívica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la Justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito”.

A millones de personas que han sido intoxicadas por TN, Clarín, La Nación, Infobae, canal América, Perfil, Radio Mitre, La Capital, Radio Dos, Canal 3, y el casi infinito dispositivo de medios hegemónicos, los tiene sin cuidado que –como bien recuerda CFK– sean “licitaciones de obras públicas viales realizadas por un órgano provincial que depende del Ministerio de Economía y de la Gobernación de la provincia” patagónica.

Cuando Cristina afirma, sin que sea materia opinable, apoyada en hechos incontrastables: “Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras”, del otro lado hay millones de personas a las que eso les resbala. Alguien está siendo acusado de algo que no pudo cometer aunque quisiera, pero no hay razón que lo haga ver. El odio inoculado y el preexistente anulan cualquier posibilidad de razonamiento.

No parece ponderarse, casi día a día, que se esté comprobando que varias causas, sino todas, de las que Macri y su piara de marranos se valen para perseguir al gobierno que desde la muerte de Juan Perón alcanzó mayor inclusión social, hayan sido amañadas con testigos falsos, arrepentidos guionados, pruebas obtenidas bajo coacción, escuchas ilegales que anularían todo lo actuado.

Una consigna debe cumplirse aunque el costo sea bañarse en el estiércol producido por esos cerdos que ocupan cargos en la Casa Rosada desde diciembre de 2015: “La Chorra tiene que ir presa”. Nada importa más para ese segmento.

“Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial. Las «pruebas» por las que fui acusada son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional y las Decisiones Administrativas dictadas por los jefes de Gabinete”.

No parece una defensa frágil. No lo es. La lógica del juicio que comenzó el martes debería llevar al banquillo a los diputados y senadores que aprobaron esos presupuestos. De tal naturaleza es el absurdo de esta causa.

Que el corazón testimonial del proceso sea la utilización de la “«declaración» del «arrepentido» coucheado (Leonardo) Fariña”, como lo calificó Cristina, habla a las claras de que la democracia, el Estado de derecho, el debido proceso, son inconciliables con la dirigencia política, empresarial, periodística y judicial que conduce por ahora los destinos del país.

Con la “verdad” en manos de un sujeto como Daniel Santoro, que se saca fotos en su propia casa, disfrazado y acompañado por un agente de inteligencia extorsionador y sus respectivas esposas, y después dice que apenas lo conoce, la sociedad corre peligro, incluso la que le compra los libros y lo admira.

Porque ese tipo en cualquier momento deberá declarar por qué publicó centenares de artículos que, como mínimo, ayudaron a que determinadas personas se quebraran y accedieran a un chantaje para declarar de tal o cual forma.

Que esos personajes –los Majul, Lanata, Leuco y demás sicarios de la palabra– sean quienes cumplen la misión de ser los custodios de la “verdad”, interpela a todo el andamiaje institucional de la Argentina, que debe decidir si deja en esas manos el destino de toda una nación.

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