El gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro implementó en cinco meses medidas que amenazan los derechos humanos en Brasil, como por ejemplo la flexibilización de la portación de armas, entre otras tantas iniciativas retrógradas. Además impulsó una retórica que pone en riesgo a comunidades indígenas, los militantes sociales y las ONG, según denunció Amnistía Internacional (AI).

“Lamentablemente, la retórica contraria a los derechos humanos se está transformando en política oficial”, señaló en rueda de prensa en Brasilia Jurema Werneck, directora ejecutiva de AI en Brasil.

El informe, titulado “Brasil para el mundo”, expresa una serie de denuncias y preocupaciones de AI tras la llegada al poder en enero de este año de Jair Bolsonaro, un ex capitán del Ejército que a lo largo de su carrera expresó posiciones polémicas como la defensa de la tortura de opositores durante la dictadura militar de Brasil (1964-1985). De hecho, el mandatario señaló que la democracia es una suerte de “dádiva de las Fuerzas Armadas” a la ciudadanía.

Bolsonaro expresa en forma feroz, desembozada, una intolerancia que discrimina y agita la violencia en contra de la comunidad LGTBIQ+, las mujeres, los movimientos feministas, los campesinos, los integrantes de partidos de izquierda y toda forma de construcción colectiva y militancia social.

En concreto, AI apuntó sus críticas en torno a la flexibilización de la tenencia y portación de armas, el paquete de leyes anticrimen del gobierno Bolsonaro pendiente de aprobación, la política de control de narcóticos, y la demarcación de territorios indígenas, entre otros puntos.

Según AI, la flexibilización de la tenencia de armas, impulsada mediante ordenanzas presidenciales, “puede contribuir al aumento del número de homicidios” en un país que ya tiene índices de violencia muy altos.

En 2017, se registraron en Brasil de 64 mil asesinatos, casi 31 por cada 100 mil habitantes. Es el triple del nivel considerado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como de violencia endémica.

La organización internacional denunció asimismo el paquete de leyes anticrimen presentado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, que pretende “legitimar una política de seguridad pública basada en el uso de la fuerza letal”, afirmó Werneck.

El proyecto de Moro alienta el gatillo fácil y la brutalidad policial. Dispone habilitar a jueces a reducir las penas (incluso absolver) a policías que, actuando en legítima defensa, hayan tenido una reacción excesiva debido al “miedo, la sorpresa o una emoción violenta”.

AI advirtió además del peligro que corren las comunidades indígenas, ya que el gobierno se manifiesta contrario a la demarcación de nuevas tierras, en discrepancia con lo establecido por la Constitución brasileña. “Demandamos que el gobierno federal cumpla su deber de proteger a estas poblaciones vulnerables ya en riesgo”, señaló Werneck.

AI pidió una audiencia con Bolsonaro, pero que el presidente respondió que no la recibiría y le aconsejó dirigirse a la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, con quien podría entrevistarse en los próximos días.

La organización solicitó a través de una carta abierta al mandatario revocar las resoluciones que amenazan los derechos y recomendó abrir el diálogo con las organizaciones civiles que defienden estos derechos. Hasta ahora, nada indica que Bolsonaro ofrezca una respuesta sobre estos puntos.

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