El juez federal Carlos Vera Barros tiene por estas horas en su despacho una causa que fue planchada durante décadas, estuvo a punto de morir, y resucitó de entre los olvidados y descosidos expedientes que duermen el sueño de los injustos. El caso: el famoso robo a los tribunales de 1984 mediante el cual una patota, aún activa en ese momento, secuestró y desapareció cuantiosa prueba que permitía identificar, con nombre y apellido, a militares y civiles de inteligencia que habían operado en la ciudad durante el terrorismo de Estado. En las últimas semanas hubo varios allanamientos y fueron detenidos tres represores. La confesión de un ex coronel que se mandó en cana por reclamar un ascenso. La pista empresaria.
El asalto al palacio de tribunales
“El 8 de octubre de 1984 un grupo de personas armadas procedió a tomar por asalto el edificio de Tribunales Provinciales de Rosario de calle Balcarce entre Montevideo y Avenida Pellegrini”, recordaron desde la Unidad de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad, que conduce el fiscal federal Adolfo Villate, en un parte de prensa emitido este jueves para dar a conocer los avances en el caso. “Allí –continúa el comunicado–, privaron ilegítimamente de la libertad al personal de custodia policial de dicho edificio, le sustrajeron sus armas reglamentarias, y procedieron también a la sustracción del interior del juzgado de Instrucción de la 10° Nominación de Rosario de la causa Nro. 6/1984 y de los elementos de prueba que se encontraban en relación a ésta secuestrados, tanto en la sede de dicho jugado como en la finca de calle Dorrego 1638 también de ésta ciudad, lugar donde se procedió a privar ilegítimamente de su libertad al personal policial de consigna y a sustraérsele su pistola reglamentaria”.
En su descripción de cómo se sucedieron los acontecimientos, la fiscalía remarcó que días antes de aquel hecho, a solicitud de la delegación Rosario de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), se habían realizado diversos allanamientos “donde se había secuestrado prueba documental incriminatoria para personal militar y policial que había actuado en Rosario en la llamada «lucha contra la subversión», producto de lo cual se había formado el sumario antedicho en el Juzgado de Instrucción interviniente”.
La causa instruida por “Robo calificado-Privación ilegítima de la libertad y Sustracción de documentos” naufragó rápido, a la par del proceso de juzgamiento a los genocidas, que tras el famoso “Juicio a las Juntas” fue abriendo paso a la impunidad de los represores de la última dictadura cívico militar gracias a las leyes de olvido (Punto Final y Obediencia debida) dictadas por el gobierno de Raúl Alfonsín.
La investigación por el robo a los tribunales estuvo paralizada de 1987 a 2012 en el Juzgado de Instrucción de la 14 Nominación. En 2010 el entonces fiscal federal de San Nicolás, Juan Patricio Murray, pidió su reapertura. Luego, entre 2011 y 2018 hubo sucesivos pases y discusiones sobre la competencia territorial del expediente y por turno entre el juzgado San Nicolás y los juzgados N°3 y 4 de Rosario.
Pero apareció un elemento central que motivó la activación de la causa: un reclamo administrativo de fines de los ochenta presentado por Luis Américo Muñoz, donde habla de la “OEI” de 1984, que en lenguaje servilleta quiere decir “Operación Especial de Inteligencia”. El documento, incorporado al expediente, permitió avanzar en los pedidos de indagatorias y las detenciones de su redactor y otros dos camaradas, Víctor Pino Cano y Héctor Fructuoso Funes.
Confesión de parte
De acuerdo al documento hallado por la fiscalía –al que pudo acceder este medio–, el mentado reclamo administrativo de Luis Américo Muñoz resultó ser una “protesta recursiva” ante las autoridades del Ejército, el Ministerio de Defensa, y en última instancia ante el entonces Presidente de la Nación Raúl Alfonsín en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Muñoz pretendía con su pedido que se revisara la clasificación que le otorgara la Junta de Calificaciones de Oficiales de “apto para continuar en su grado”, lo que no le permitía ascender al inmediato superior de Coronel.
En el texto del reclamo, Muñoz realiza una reseña –que hoy resulta autoincriminatoria– de su “actividad profesional” en el Ejército Argentino, y destaca aquellas acciones que, a su criterio, lo hacen merecedor de tener “aptitud para ascender”.
“Dentro del grado de Teniente Primero, y en respuesta a inquietudes de superación constante, cursé la Escuela de Inteligencia, obteniendo un sobresaliente resultado (Promedio de egreso: 90.571)”, puede leerse en el texto redactado a fines de los ochenta por Muñoz e incorporado a la investigación de la fiscalía como prueba documental. “Esta especial capacitación habría de permitir que prestara un señalado servicio a la Fuerza, especialmente durante los años en que ésta, como institución fundamental de la República y de la Nación misma, se viera atacada por el flagelo subversivo”, remarca el militar protestón, que luego hace un repaso de su recorrido por distintas áreas de inteligencia del Ejército hasta llegar al Destacamento 121 de Rosario.
“Debo hacer notar que dadas las características de dichos acontecimientos, configurados doctrinariamente como OPERACIONES ESPECIALES, voy a limitarme solamente a mencionarlos en su ubicación temporal como marco de referencia de la oportunidad en que se produjeron, brindando un breve contexto de los mismos”, dice en su reclamo Muñoz. Para luego agregar un dato interesante: “No obstante, si se me ordena, puedo hacer un relato pormenorizado de las operaciones en que participé directa y activamente cumpliendo órdenes de la superioridad”. Y por si fuera poco, añade: “Asimismo informo que dispongo de elementos probatorios que avalan lo expresado precedentemente”.
El reclamo del militar se refiere primero a la descripción de una Operación Especial de Inteligencia realizada en 1983, previa a las elecciones, que a todas luces alude al secuestro y posterior asesinato de los dirigentes peronistas montoneros Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereir Rossi. Vale decir que ese documento fue utilizado en el juicio realizado oportunamente y que sirvió, junto a otras pruebas, para condenar a Muñoz a la pena de prisión perpetua.
“Segunda Operación Especial (año 1984)”, prosigue el documento redactado por Muñoz. Y continúa: “Aquí la operación también consistió en un gran despliegue de efectivos y medios, pero en esta oportunidad la finalidad fue disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos, para llevar ante los estrados judiciales a personal militar civil de la Fuerza, como así también personal policial”. “Debo señalar que este operativo cumplió ampliamente con su cometido”, subraya para más datos.
Para más precisión sobre las operaciones en las que participó, Muñoz introduce en su reclamo “reflexiones finales” para invocar “razones de equidad” que conmuevan a sus superiores y así lograr su ansiado ascenso. La cita es larga, pero tiene gran valor periodístico: “Si bien mi actividad de muchos años en la especialidad de inteligencia me sometió a numerosas situaciones de alto riesgo; las dos operaciones que he esbozado configuran las más delicadas de toda mi carrera por cuanto: 1) Fueron realizadas en forma casi inmediatamente previa a la elección de un gobierno constitucional en el primer caso (1983), y durante el primer año de ejercicio de dicho gobierno, en el segundo caso. Dada su gran envergadura, las dos Operaciones Especiales fueron ampliamente publicitadas por todos los medios de comunicación masivos, con una gran repercusión. Esta situación puso en serio peligro mi integridad personal, incluyendo a mi familia. B. Sin desmerecer a camaradas que han tenido el honor de acceder al grado de Coronel y que al igual que yo han ejercido jefaturas de unidades, o bien han representado o representan actualmente a la Fuerza en el exterior; o también aquellos que desde sus oficinas de trabajo contribuyen a la administración y conducción del Ejército; por una elemental razón de autoestima no puedo dejar de señalar que: 1) Mi actuación en el grado de Teniente Coronel no puede dejar de ser evaluada en detalle, teniendo en cuenta que tuve el honor y oportunidad que me dio la superioridad, de participar en dos operaciones donde hubo que poner en juego una real y verdadera vocación de servicio. 2) La segunda Operación Especial (1984), concretada con éxito, permitió disminuir el hostigamiento de la subversión enancada en las organizaciones de derechos humanos; y por ende llevar tranquilidad a los hogares de muchos camaradas. Por todo lo expuesto precedentemente solicito ser reconsiderado por el Señor Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en relación a mi ascenso al grado inmediato superior”.
Las imputaciones
Hasta el momento, y como se dijo, son tres los detenidos en el marco de la causa: Víctor Pino Cano, Héctor Fructuoso Funes y Luis Américo Muñoz.
Según el pedido de indagatoria al que accedió este medio, la detención de Víctor Pino Cano, se realizó en su “carácter de Comandante del Cuerpo de Ejército II con sede en la ciudad de Rosario, con el grado de General de Brigada”, por “haber ordenado a través de la respectiva cadena de comando a la Jefatura del Destacamento de Inteligencia 121, que a través de la dirección de su comandancia y de los medios materiales y humanos dependientes de dicha Unidad, ejecutara –con gran despliegue de efectivos y medios– una “Operación Especial de Inteligencia” (OEI) el día 8 de Octubre de 1984 en horas de la madrugada, aproximadamente a la hora 01.45”.
En su escrito –y otra vez la cita se extiende–, la fiscalía detalla que la operación consistió en: “1) Haber amenazado de muerte con armas de fuego a la custodia policial del edificio de los Tribunales Provinciales de la ciudad de Rosario, sito en calle Balcarce entre Montevideo y Av. Pellegrini. Dicha custodia se encontraba a cargo en la oportunidad del Sargento Demetrio FLORES y el Agente Juan José AGUIRRE, pertenecientes a la dotación de la Unidad Regional II Rosario de la Policía de la Provincia de Santa Fe. 2) Haber reducido a los mismos, procediendo a la sustracción de sus armas reglamentarias, pistolas marca Browning calibre 9 mm., Nros. 33.513 y 28.443 respectivamente, primera con tres cargadores y 39 proyectiles y la segunda con un cargador y 13 proyectiles, todos ellos calibre 9 mm. 3) Haber maniatado al personal policial antes consignado, privándolo de su libertad en forma ilegítima, quedando éstos en esas condiciones, encerrados, en la guardia del edificio de Tribunales, hasta que fueron liberados por personal que trabajaba en dicho edificio y que comenzó a hacer su ingreso alrededor a la hora 05.00 del 8 de Octubre de 1984. 4) Haber sustraído la casi totalidad del material secuestrado en los distintos allanamientos relacionados con las denuncias radicadas por la Delegación Rosario de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), y que dieran lugar a la formación en el Juzgado de Instrucción de la 10° Nominación de Rosario, a cargo en aquel momento del Dr. Francisco Martínez Fermoselle, Secretaría del Dr. Francisco Martín, en relación con el Expte. Nro. 6/84 del Registro de dicho Juzgado caratulado “FECED, Agustín y otros s/ Privación Ilegítima de la Libertad, Homicidios y otros”, como asimismo haber sustraído la mentada causa judicial en tres cuerpos y expedientes acumulados. Dichos elementos se encontraban en el interior del Juzgado mencionado ubicado en el edificio de Tribunales Provinciales. Para ello se forzaron las cerraduras de la puerta de ingreso al Juzgado, la puerta de ingreso al despacho asignado al Juez, el cajón central del escritorio de éste y las puertas de dos armarios”.
La detención de Funes fue solicitada por su carácter de “Jefe de Inteligencia (G2) e integrante del Estado Mayor del Comando del Cuerpo de Ejército II con sede en la ciudad de Rosario, con el grado de Coronel, y por “haber preparado los planes y órdenes para la reunión de información, procesamiento de dicha información para transformarla en inteligencia en forma personal o por intermedio del personal a sus órdenes y en cumplimiento de las mismas, haber intervenido en la adquisición de los «blancos» a ejecutar, y haber suministrado todo ello al General de División Víctor Pino Cano en su carácter de Comandante, y el haber planeado y ejecutado por órdenes del mismo en coordinación con el Jefe de Operaciones (G3) del Comando respectivo, por intermedio de la Jefatura y personal del Destacamento de Inteligencia 121, con gran despliegue de efectivos y medios, la Operación Especial de Inteligencia llevada adelante el día 8 de Octubre de 1984 en horas de la madrugada aproximadamente a la hora 01.45”. Luego la denuncia repite la descripción del hecho.
En el caso de Luis Américo Muñoz, la fiscalía lo acusa “en su carácter de Segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de la ciudad de Rosario, elemento o Unidad dependiente del Comando de Cuerpo de Ejército II, con el grado de Teniente Coronel”, por “haber ejecutado las órdenes recibidas a través de su cadena de mandos y con personal asignado, con gran despliegue de efectivos y medios la Operación Especial de Inteligencia llevada adelante el día 8 de Octubre de 1984 en horas de la madrugada aproximadamente a la hora 01.45”. Y la fiscalía vuelve a repetir la descripción del hecho.
El objetivo, la impunidad
Para la fiscalía, la finalidad del robo a los tribunales, o la “Operación Especial de Inteligencia”, está más que clara. Fue “obtener impunidad respecto de los delitos de lesa humanidad cometidos en ésta jurisdicción en el período de terrorismo de Estado respecto del personal de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad que se encontraba identificado en el material que había sido secuestrado por el Juzgado de Instrucción de la 10° Nominación de Rosario a pedido de la Conadep”.
En el pedido de indagatoria a los imputados, se indica que “el plan sistemático de eliminación de personas perpetrado por el aparato estatal llevado adelante durante la última dictadura cívico militar no abarcó solamente delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad, violación, sustitución y ocultamiento de identidad de menores, robos, torturas y desaparición forzada de personas”. Y se destaca: “De la misma forma en que fueron ocultados los cuerpos de cientos de desaparecidos y ocultos los lugares de detención de los detenidos, los ejecutores del mentado plan cometieron toda otra gama de delitos conexos a fin de garantizar su impunidad (podemos mencionar entre ellos los enterramientos clandestinos, la negación o falsa información otorgada a los familiares, las falsificaciones de actas policiales y/o de procedimientos, comunicados oficiales dando cuenta de enfrentamientos fraguados, ocultamiento de documentos y su destrucción, como el caso que aquí se trata)”.
Servicios y empresarios
Años atrás se dio cuenta en el eslabón, en varias notas del periodista y ahora diputado provincial Carlos del Frade, sobre el escandaloso e impune robo a los tribunales. Entre las fuentes citadas por Del Frade se destacaban las de un dirigente sindical telefónico, Alfredo Di Patto, único testigo del hecho; y la de Manuel Blando, ex miembro de la Conadep local y dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre.
“No solamente se robó el edificio de tribunales, sino la casa de Dorrego 1638, donde se habían encontrado agendas con los nombres de colaboradores, identidades de los servicios civiles y carpetas donde figuraban el cuadro de situación y otros datos de diferentes empresas vinculadas con la represión”, remarcaba Del Frade en una de aquellas notas.
