El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, reclamó este martes al Congreso de su país que “no deje morir” el decreto que sancionó en mayo pasado y que flexibiliza la venta y el porte de armas, iniciativa que servirá para “proteger” la vida.
El mandatario de ultraderecha le pidió a los legisladores que “no dejen morir ese decreto en la Cámara de Diputados o en el Senado”, al considerarlo “muy importante para la seguridad”, incluso de los propietarios rurales, que figuran entre muchos de los que podrían llevar armas si el Parlamento respalda esa medida.
En un acto en que el Gobierno anunció una línea de créditos por casi 60.000 millones de dólares para financiar la actividad de pequeños, medios y grandes agricultores, y mientras el Senado discute el polémico decreto sobre armas, el amigo de Macri destacó su decreto para “proteger” la vida, frente a una violencia que cada año causa cerca de 60.000 muertes en el país.
La intención de Bolsonaro puede quedar en la nada esta misma semana, porque el Senado abre el debate sobre un proyecto de la Comisión de Constitución y Justicia que declaró “inconstitucional” el repudiado decreto.
Según esa comisión, el Gobierno no tiene potestad para decidir sobre una materia de esa naturaleza, que sólo podría aprobarse en el Parlamento, lo que será analizado en primera instancia por el pleno del Senado y luego por la Cámara de Diputados, consignó la agencia EFE.
El decreto generó rechazos en varios sectores de la sociedad, incluidos organismos defensores de los derechos humanos, y todavía debe ser analizado en la Corte Suprema de Justicia, ante la que tanto la Fiscalía General como algunos partidos políticos lo denunciaron por su inconstitucionalidad.
Bolsonaro había levantado durante la campaña electoral de 2018 la idea de liberar la portación de armas y de promover la “autodefensa” de la sociedad frente a la delincuencia. Según el decreto, pueden llevar armas los políticos que tengan un cargo electivo, camioneros, periodistas dedicados a casos policiales, abogados, agentes de tránsito y empleados de empresas de transporte de valores, entre otros, además de cazadores y socios de clubes de tiro.
