La absolución de diez de los once imputados en el juicio por la explosión del edificio conmocionó a los familiares, que aguardaban condenas. Los argumentos previos del Tribunal que adelantaron la decisión. Litoral Gas no tuvo responsabilidad, según el fallo.

“Después de esto, temo que Salta 2141 vuelva a suceder”, dijo Marcela Nisoria, familiar de una de las 22 víctimas fatales de la explosión de la torre central del edificio, tras conocerse el fallo que condenó a cuatro años de prisión al gasista matriculado que trabajaba en el regulador cuando se produjo la fuga que derivó en el estallido –la mañana del 6 de agosto de 2013–, y absolvió a los restantes diez imputados. Litoral Gas no tuvo nada que ver, los administradores del consorcio tampoco.

Si bien técnicamente no fue una causa que haya quedado “impune”, pues hubo una condena, sin embargo ése es el sabor que les quedó a los familiares de las víctimas, a los sobrevivientes y a una parte de la sociedad, una vez conocida la sentencia.

Prefacio

El tribunal, integrado por los jueces Marcela Canavesio, Juan Leiva y Rodolfo Zavala, realizó una lectura aclaratoria previa a la parte resolutiva del fallo, que anticipó su contenido.

La presidenta, Canavesio, señaló que el tribunal analizó “argumentos jurídicos y no de interés social” para adoptar su decisión, atento a lo que los jueces “deben despojarse de sus propios prejuicios o de afirmaciones de alto impacto mediático” para fallar en una causa.

En términos conceptuales no está mal, porque lo contrario es Comodoro Py, donde la verdad jurídica escasea y la operación político-mediática sobreabunda.

Aun así, entre las expectativas sociales por la resolución judicial por un hecho que conmovió a la ciudad con ecos que traspasaron sus fronteras y los límites fácticos de un juicio oral, hay un abanico de posibilidades.

Como para no aparecer desentendidos del dolor de los familiares y las víctimas, el tribunal señaló que la explosión del edificio y sus consecuencias “ha configurado la mayor catástrofe en la historia de nuestra ciudad”, aunque luego determinó en su fallo que fue a causa de la imprudencia de una sola personas, el gasista Carlos García.

“No estamos ajenos a tal conmoción y entendemos el dolor que, aún indescriptible, han sufrido las víctimas directas e indirectas”, leyó Canavesio, un prefacio que puede interpretarse como un intento por atenuar las consecuencias de la resolución que iba a dar a conocer unos minutos después.

Algo similar a lo ocurrido en el juicio oral por la desaparición de Paula Perassi, donde la absolución de todos los acusados en un caso en el que la opinión pública ya había determinado posibles “culpables”, obligó a los jueces a una larga aclaración sobre cuál es su rol social. Lo cual, en principio, no está nada mal, aunque su utilidad para aplacar los ánimos sea discutible.

Qué sí, qué no

En el preludio a la lectura de la sentencia, el tribunal explicó que “el proceso tiene por finalidad desentrañar las causas de lo ocurrido y las conductas que pudieran haber coadyuvado con acciones y omisiones a su causación”.

Añadió que el fallo se funda “conforme a las pruebas producidas y se ajusta a determinar si se desprende la responsabilidad penal o la desvinculación” de los acusados, en este caso, once personas.

También indicó que “puede considerarse tan injusta la absolución de un culpable como la condena de un inocente”. Preparaba el terreno para resolver que de los once imputados, diez quedarían absueltos por “insuficiencia probatoria”.

Algo también similar al juicio de Paula Perassi, cuyo padre, Alberto, acompañó el martes a los familiares de las víctimas de Salta 2141.

Seguidamente, los jueces señalaron que “importa destacar dos cuestiones: A) qué se juzga y B) qué no se juzga”.

Sobre el primer aspecto, Canavesio leyó que “se juzga si la ocurrencia de la tragedia de calle Salta tuvo su génesis como consecuencia de lo hecho por cada uno de los imputados en el contexto de una actividad riesgosa pero legalmente permitida, entonces si sus acciones y omisiones importaron o no la constitución de una supuesta cadena de responsabilidades que derivara o aportara al suceso en estudio”.

La fiscal Graciela Argüelles había acusado por el delito de estrago culposo agravado por las muertes al gasista García, a su ayudante Pablo Miño, a dos inspectores, un jefe de mantenimiento y la gerenta técnica de Litoral Gas, y a tres miembros de la administración del consorcio del edificio siniestrado, al señalarlos como eslabones de una cadena de negligencias e impericias que permitieron, cada uno con su responsabilidad, provocar la tragedia.

El tribunal aclaró algo obvio: que, a pesar del número de víctimas fatales y heridos, “se juzga un delito imprudente, no intencional o doloso”. Es decir, no se trataba de un juicio por homicidios sino por un delito cuya pena es mucho menor por considerarse menos grave: estrago culposo.

Los familiares tenían claro ese panorama ya que hace seis años que surcan los tribunales en busca de “justicia” y conocían el tenor de la imputación, que se mantiene desde los procesamientos a los acusados, dictado en el mismo año de la explosión.

“Se discute quién o quiénes, violando su deber de cuidado, produjo o produjeron un estrago que causara peligro de muerte de personas”, siguió el prefacio.

Foto: Andrés Macera

Al enumerar lo que “no” se juzgaba en el proceso oral, el tribunal dio la pauta de que los empleados rasos y jerárquicos de Litoral Gas no serían alcanzados por una condena.

“No concierte juzgar lo que desborda este ámbito del juicio, la imposibilidad de judicialización de la política en materia de servicios públicos”, adelantó el tribunal, dejando de lado una cuestión central del siniestro.

Y explicó que “carece de jurisdicción para pronunciarse sobre la reiterada mención a comportamientos de personas jurídicas, como Litoral Gas y o el Enargás, que no han sido traídas a juicio”.

Es decir, aclaró que juzgaba un caso concreto, el de la explosión de la torre central del edificio, sin entrar en análisis de la prestación del servicio que Litoral Gas realiza en la región desde la privatización de Gas del Estado, durante el menemismo.

El perejil 

Entonces, lo que restaba era lo que finalmente ocurrió: cargar la responsabilidad sobre el gasista García, quien manipuló la válvula de corte del edificio de Salta 2141 la trágica mañana.

Fue condenado a cuatro años de reclusión por estrago culposo agravado. La fiscal había solicitado cinco años para los nueve imputados.

Si bien aún no se conocen los fundamentos de la sentencia, los jueces desecharon la teoría del caso postulada por la Fiscalía, que consideró que existió una cadena de negligencias que hicieron posible la explosión.

Como contó el eslabón en su edición anterior, la falta de presión en los departamentos hizo que una vecina llamara a Litoral Gas el 25 de julio de 2013 y la empresa interrumpiera el suministro. Un gasista, José Luis Allala, realizó reparaciones al día siguiente y la empresa rehabilitó la conexión, sin la presencia del matriculado –como indica la normativa– y sin que éste presentara un formulario con las tareas realizadas.

Luego la administración del consorcio envió mail en los que iban reduciendo las exigencias sobre los controles a realizar una vez que se cambiara el regulador –donde radicaba el problema de presión– y convalidó que en vez de colocar dos de 50, como exigía Litoral Gas, se instalara uno de 100 porque era más barato.

También se analizó durante el juicio la presunta falta de control de Litoral Gas sobre la válvula de corte que manipuló el gasista y las demoras para interrumpir el servicio luego de la explosión, con el fin de detener el incendio posterior del edificio.

“Cayó un perejil, los que tienen poder ¿dónde están?”, se quejó tras la sentencia mayormente absolutoria Adrián Gianángelo, cuya hermana de 21 años murió en lo que el tribunal consideró “la peor catástrofe” que sufrió Rosario.

Jorge Magaz, padre de otra víctima fatal, Estefanía, señaló que “el resultado de esto es una vergüenza, quienes dieron muerte por negligencias y desidia tienen como resultado cero, es vergonzoso”.

Nisoria, por su parte, señaló: “Más allá de buscar a los responsables de esta tragedia, lo que buscábamos era un cambio en el servicio de gas en Rosario, para que sea seguro”.

“Después de esto temo que Salta 2141 vuelva a suceder, porque ya hemos tenido muchísimos indicio de casos de pérdidas de gas que tardan mucho en llegar”, continuó.

Y concluyó: “Pensábamos que este fallo iba a permitir cambiar la forma de operar de la empresa y que los rosarinos podíamos contar con un servicio seguro”. No parece seguro.

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