A través del presente informe, el director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec) muestra la incidencia del ajuste impuesto por el FMI en la provisión de energía eléctrica.

Al mes de abril, 10 cooperativas mantenían una deuda con Cammesa por 5.064 millones, un incremento del 56 por ciento en relación a la deuda de diciembre de 2018. De esas 10 más endeudadas, 6 (60 por ciento) pertenecían a la provincia de Chubut.

Desde Oetec, se advirtió también que, por la falta de acceso a la red y el tarifazo, casi el 40 por ciento de la ciudad de Trelew se había visto obligada a volcarse a la garrafa. Asimismo, y en materia de consumo residencial de electricidad, al primer semestre los valores son prácticamente similares a los de 2015, es decir, cuatro años atrás.

Para rematar el empobrecimiento masivo del pueblo chubutense, la corporación Cammesa en manos de un economista graduado en EEUU comienza ahora a restringir el suministro de un servicio público esencial, de un derecho social fundamental no solamente para una vida digna, sino para la supervivencia en una región como la patagónica.

La razón: una deuda imposible de ser saldada y que se dice cayó en manos de fondos de inversión extranjeros. Lógicamente, no aparecen aquí subsidios del Estado como si aparecieron para salvar a las distribuidoras eléctricas de la deuda con Cammesa y a las distribuidoras del gas y en más de una oportunidad de la monstruosa deuda en la que incurrieron con productoras consecuencia de la dolarización tarifaria y la mega-devaluación.

Quienes prometieron un supuesto federalismo y una supuesta justicia tarifaria para los usuarios y las usuarias más allá de Edenor y Edesur; quienes prometieron una revolución energética para la población y cada vez más luz y gas en los hogares argentinos, ordenan restringir el servicio público de electricidad a cooperativas cuyos clientes no pueden pagar la luz, se pasan del gas a la garrafa (o directamente no tienen gas) y a duras penas pueden llegar a fin de mes (en el mejor de los casos). Aquí el caos energético y la estafa tarifaria del neoliberalismo. Aquí el resultado de la mercantilización del sistema energético nacional.

Fuente: Diario El Patagónico, 20 de julio de 2019.

Se lee de la nota: “Pasadas las 18 horas de ayer, Rawson redujo su potencia energética en un 5 por ciento, lo que traerá complicaciones en la comunidad, que deberá racionalizar el uso de la electricidad, a riesgo de sufrir cortes de luz permanentes y problemas con los aparatos por la baja tensión».

La corporación Cammesa, una de las responsables del colapso del 16 de junio, ordenó a Transpa, la transportista para las provincias patagónicas, comience la restricción del suministro a la Cooperativa de Rawson, advirtiendo a las demás que deberán reducirlo en un 10 por ciento. 

No da tregua el neoliberalismo al pueblo argentino. Le tiene sin cuidado el empobrecimiento masivo de la ciudadanía y que afecta sin excepción a las 24 jurisdicciones. En Chubut, la incorporación de nuevos usuarios residenciales cayó un 14 por ciento durante los últimos tres años. Es la peor expansión de la red domiciliaria para esta provincia desde 2004.

Fuente: Elaboración Oetec en base al Enargas, Datos Operativos.

Asimismo, casi el 40 por ciento de los habitantes de Trelew se abastece con gas envasado sea por la falta histórica de acceso a la red o por los altos costos que tienen las tarifas. Eso, sin contar las exigentes medidas de seguridad impuestas por Camuzzi para restablecer el servicio en aquellos casos donde fue cortado, muy a pesar de estar vigente la medida cautelar de alcance nacional dispuesta por el Juez Ramos Padilla (ver bibliografía). 

Fuente: Diario El Chubut (29 de abril de 2019).

Si bien la situación se agudiza en Trelew, el fenómeno se repite a lo largo y ancho de la provincia a razón de la falta histórica de acceso a la red. En Esquel, según se relata en la nota «un montón de barrios están funcionando con los cilindros de propano de 45 kilogramos, y esos cilindros pasan todos el orden de los 2.500 pesos cada uno. En Río Mayo y Río Senguer, tienen esa problemática. Un cilindro de gas en invierno está durando aproximadamente una semana, es decir, que va a consumir 4 cilindros al mes». (1)

Pero nada de esto importa al neoliberalismo. Al FMI y al régimen de Cambiemos les tiene sin cuidado que los hogares argentinos hayan cerrado 2018 consumiendo 0,3 por ciento menos de electricidad que en 2016, esto es, dos años atrás. Menos que menos que al primer semestre de 2019, el consumo residencial se haya desplomado 7,6 por ciento, ubicándose 2,2 por ciento por debajo de los valores de 2015. En el caso específico de Chubut, la demanda residencial de 2019, primeros seis meses, apenas está por encima de la de 2015 (1,3 por ciento), es decir, cuatro años atrás. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cammesa, Junio de 2019.

La Secretaría de Energía y el FMI ordenan reducir el costo del despacho sea como sea. De hecho y como oportunamente informamos, en ello una de las razones del colapso del SADI de mediados de junio. Ahora, el binomio de la tragedia ordena se restringa un servicio público esencial, y que hace a la supervivencia de la ciudadanía, sobre todo en invierno y en la región patagónica. La deuda impagable de las distribuidoras con Cammesa, resultado de la estafa del tarifazo, parece ser está en manos de fondos de inversión que, en perfecto trabajo de pinzas con el Ejecutivo y la corporación Cammesa, extorsiona a las cooperativas endeudadas que carecen de toda posibilidad de resolver su estatus de «morosidad crónica». 

El dispositivo cultural del neoliberalismo consiguió imponer, como indicador determinante para un diagnóstico de «crisis energética», a los «cortes de luz». Pero que Cammesa restrinja el suministro a la ciudadanía chubutense no es indicador de crisis energética. Sí lo era, en cambio, cuando el pueblo de Chubut consumía cada vez más electricidad y cuando su red domiciliaria de gas crecía como nunca en su historia.

(1) El Gobierno de Mariano Arcioni hace unos meses envió a la Legislatura un proyecto elaborado junto con la Fechcoop para que el Estado absorba la deuda millonaria, y que luego las prestatarias deberían devolverla. El proyecto no tiene consenso entre los legisladores de la oposición.

(*) Director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo

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