La escandalosa maniobra para trastocar el resultado del escrutinio provisorio de las Paso, las carpetas de inteligencia de la AFI que remiten a la última dictadura, la violación a la veda electoral. La lista podría seguir hasta el infinito. Aún perdiendo, Cambiemos hará lo imposible por quedarse en el poder.

Sólo los incautos o los cómplices podrían pensar que el régimen que encabeza Mauricio Macri habría de dejar el poder en los mismos términos que lo han venido haciendo todos los gobiernos que perdieron las elecciones desde 1983 a esta parte.

Basta recordar que entre las primeras medidas de esta administración se cuentan el barrido de un plumazo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el nombramiento de dos ministros de la Corte Suprema por decreto de necesidad y urgencia (DNU) para inferir que se trata de una banda de depredadores que resistirá hasta el final, apelando a cualquier argucia, por grave que esta fuere, para no abandonar la Casa Rosada.

Por estos días la sociedad asiste a una de las maniobras más escandalosas de que se tenga memoria en el actual período democrático, luego de conocerse los términos y los resultados de la contratación de la empresa venezolana Smartmatic para que sea la que se encargue de la carga de telegramas y transmisión de los resultados de los comicios presidenciales.

La revelación al detalle de las carpetas y fichas elaboradas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) casi calcadas de las que producían los servicios de información durante la última dictadura cívico militar que pudo verse en la edición del jueves pasado en el programa ADN emitido por el canal C5N, muestran el alcance de las maniobras y operaciones que Macri y sus secuaces están dispuestos a realizar con tal de perpetuarse en el poder.

Este Gobierno y quienes lo sostienen, adentro y afuera de la Argentina, saben que abandonar el poder conlleva el riesgo de tener que hacer frente a delitos que ya están siendo investigados, y que nada tienen que ver con operativos de venganza o represalias de parte de quienes eventualmente resulten ganadores en octubre, como ya viene abriendo el paraguas más de un funcionario macrista.

Telegramas en el espacio

Las dos pruebas que llevó adelante la firma Smartmatic para chequear el funcionamiento del software que se usará para cargar los telegramas y enviarlos al Correo Central fueron un fiasco.

El primer simulacro de ese sistema de digitalización y transmisión electrónica de los telegramas electorales para llevar adelante el escrutinio provisorio se hizo en forma conjunta por el Correo Argentino y la empresa venezolana. Las fallas de conectividad y las demoras fueron la regla general, ya que se repitieron en la mayoría de las 3 mil escuelas en donde se realizó el ensayo.

La preocupación cundió entre las distintas fuerzas políticas opositoras, en particular el Partido Justicialista (PJ), cuyo apoderado expresó: “El sistema actual ofrece todas las garantías para la alternancia y queremos que se mantenga para evitar cualquier posibilidad de manipulación de los votos”.

Lo hizo antes de ampliar una denuncia que ya había presentado ante la Cámara Electoral, que precisamente este viernes se expidió en forma contundente, al «hacer saber al Correo Oficial de la República Argentina y a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que deberán arbitrar los medios para asegurar –como mínimo– las instancias de fiscalización del recuento provisional de resultados» requeridas por los apoderados de del Frente de Todos, que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y de Consenso Federal, el espacio que lleva como candidato a Roberto Lavagna.

La advertencia fue realizada a través de una resolución firmada por los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, dando lugar al planteo de ambas fuerzas, que alertaron por los graves fallos en el nuevo sistema.

Desde la contratación, luego de una licitación en que se eligió a Smartmatic por ser la más barata –es ostensible que en estos casos la seguridad del software es la prioridad, no su costo–, hasta el incumplimiento de lo que marca la Ley electoral, todo ha sido irregular, y esa falta de transparencia no está vinculada con olvidos u omisiones, sino que sugiere una cuidadosa planificación por parte del oficialismo.

Para citar un elemento irregular, que propende a la manipulación de los datos, los telegramas son escaneados en formato de imagen tiff, pero luego de viajar electrónicamente al Correo, salen de allí con formato modificado, en pdf. Cualquiera sabe que en ese pasamanos se puede alterar el contenido de ese valioso documento, y aunque no modifique el resultado final, permite montar un escenario que eluda las tapas de los diarios del día siguiente a las Paso titulando con una derrota de Macri y sus candidatos en todo el país.

Entre las medidas que el tribunal electoral le requirió al Correo y a la Dirección Nacional Electoral es que dispongan «un mecanismo de acreditación previa de los fiscales partidarios autorizados a presenciar el escaneo y transmisión desde los establecimientos de votación».

Es que la Ley obligaba al Gobierno a entregar a los partidos o alianzas copias del software con 30 días de antelación a las Paso, y a la fecha eso no ocurrió. “Se deberá garantizar a las agrupaciones políticas contendientes una herramienta o acceso que les permita efectuar un seguimiento en tiempo real de los telegramas correspondientes a cada distrito, conociendo el estado de carga de los mismos, los datos cargados al sistema y la posibilidad de visualización de la imagen escaneada de cada uno».

También deberá permitir la verificación de la puesta en cero de la base de datos del sistema de totalización de resultados, y en ese sentido, la resolución establece que «es indispensable que la Dirección Nacional Electoral y el Correo Oficial prevean, documenten e informen dicho procedimiento, que deberá ser público y con posibilidad de participación de los representantes partidarios con aptitud técnica específica (fiscales informáticos o tecnológicos)».

Además, la Cámara Electoral puso en conocimiento a los juzgados federales con competencia electoral y a los partidos que «no existe impedimento alguno para que los fiscales partidarios acreditados en cada mesa de votación obtengan fotografías de la documentación de escrutinio de mesa, siempre que ello no altere, dificulte o demore el normal funcionamiento de la mesa de votación».

Lo cierto es que se está en presencia de un escenario que permite una alteración temporal de los datos que surjan de las urnas el próximo 11 de agosto, algo verdaderamente inédito en 36 años de democracia.

El show de inauguraciones de Mauricio

El Presidente, desde que comenzó la campaña, no paró de violar la veda electoral, lo cual llevó a la Justicia a reclamarle al mandatario que pare de inaugurar obras, aunque nada dijo sobre el uso, por ejemplo, del helicóptero presidencial para realizar un acto proselitista en pleno barrio de Belgrano en Buenos Aires.

El maratón de inauguraciones –algunas por segunda o tercera vez– que viene llevando adelante Macri en todo el país no se detiene, y esa actividad ilegal fue abordada mediante un comunicado de la Fiscalía Federal con competencia electoral, que delimitó en forma directa los alcances de la campaña que puede hacer el mandatario de cara a las Paso.

El fiscal Jorge Di Lello remarcó que se le “recuerda al Poder Ejecutivo Nacional la plena vigencia de la prohibición de la inauguración de obras públicas, conforme lo prevé el artículo 64 «quater» del Código Nacional electoral”.

En el mensaje también se aclaró expresamente que Macri no puede usar la comunicación de las obras y trabajos hechos durante su administración para hacer campaña por su reelección, “sin perjuicio del artículo 33 de la Constitución Nacional en cuanto establece la publicidad de los actos de gobierno”, que es el argumento usado por el macrismo para justificar la violación de la veda.

El comunicado fue dirigido también a la ciudadanía “en su conjunto”, para recordar «la vigencia de lo dispuestos el 28 de marzo del corriente año en la acordada número 13 de la Cámara Nacional Electoral, respecto del Poder Ejecutivo Nacional, en orden al escrutinio provisorio, la labor de las autoridades de mesa, la confección de actas y telegramas, la entrega de copias a los fiscales y el resguardo de todos los elementos y urnas hasta ser entregados al personal del correo para su remisión, oportunamente a la Justicia Nacional Electoral, que llevará adelante el escrutinio definitivo”.

Pero además, Macri tuvo el tupé de usar el helicóptero presidencial para asistir a un encuentro con vecinos en una cancha del club Belgrano Athletic, junto al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su funcionario Diego Santilli.

El uso irregular de la aeronave no es nuevo. Como se recordará, en una ocasión Macri usó el helicóptero presidencial para visitar a un peluquero en Córdoba, con el que filmó un clip que luego divulgó a través de las redes sociales.

En esta oportunidad, un periodista, Lalo Zanoni, le dio la captura, y difundió un video de Macri bajando del helicóptero para luego charlar con los vecinos, información que no fue divulgada por Presidencia sino precisamente “por el equipo de prensa Juntos por el Cambio, es decir que se trató de una actividad de campaña”, tal como publicó la web La Polìtica OnLine (LPO).

Lo más insólito es que el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis reconoció el hecho, pero lo justificó argumentando razones de “seguridad”.

El funcionario explicó: “En la campaña 2017, como varios sábados de los últimos años, (Macri) utilizó aviones y helicópteros privados para sus actividades de campaña. Así lo hará en esta campaña también”, manifestó sin que se le moviera un músculo de la cara.

Tras cartón, sin preocuparse por mejorar o empeorar la anterior explicación, De Andreis señaló que «por recomendaciones de seguridad debe utilizar el medio más seguro», y admitió que el día citado, «en el trayecto de la Residencia de Olivos a Casa Rosada para realizar su tarea diaria al frente del Poder Ejecutivo, el Presidente bajó en el barrio de Belgrano a una charla con vecinos».

El ex vicepresidente Amado Boudou, cabe recordar, fue duramente cuestionado por el macrismo y los medios hegemónicos por usar un helicóptero de Gendarmería durante la campaña electoral de 2011, tal como lo publicó en su momento el diario digital Perfil: “El vicepresidente Amado Boudou usó un helicóptero de Gendarmería destinado a asistencia social para la campaña electoral de 2011. Al parecer el vice no solo se sube a aviones presidenciales o helicópteros de empresas privadas, sino que también le gusta llegar a los actos proselitistas con aeronaves de dicha fuerza de seguridad”. Es más, Boudou luego fue procesado, y la causa aún está abierta.

La doble vara impidió que el uso del aparato oficial por parte de Macri fuera tapa varios días en los diarios que lo blindan cada mañana desde mucho antes de asumir.

Un negocio aquí, un negociado allá

El mismo día en que se publicó que la declaración jurada de Macri registra un incremento patrimonial del 51 por ciento en el último año, llevando esa fortuna personal a 152 millones de pesos, la ex directora de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Vialidad Nacional, Julieta Lucila Ripoli, detalló al diario Página 12 el escándalo de la renegociación de los peajes, en un artículo titulado “Macri estuvo en todos lados, todo el negocio confluyó en su persona”.

Ese negociado, el que habilitó la prórroga de las concesiones por 500 millones de dólares, fue direccionado en beneficio de las empresas de la familia del Presidente, asegura Ripoli, quien espera ser citada como testigo de la causa que investiga el juez federal Rodolfo Canicoba Corral a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau.

La imputación de la Justicia no se circunscribe sólo al presidente Mauricio Macri, también al ex director de Vialidad Javier Iguacel y al ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

Como reveló Página 12, “499 millones de dólares reconocidos por el Estado. Casi 20 millones por la venta de las acciones. Renegociación de un contrato con múltiples privilegios sin llamado a licitación ni autorización del Congreso. El negocio, que fue redondo para las empresas concesionarias de la Panamericana y el Acceso Oeste, sólo pudo ser posible gracias al copamiento de todas las dependencias de Vialidad Nacional –un ente autárquico– por parte del Poder Ejecutivo. No sólo fueron desplazados todos los funcionarios de carrera del organismo sino que, más grave aún, los cargos fueron copados en su mayoría por empresarios o ex abogados de Ausol, la firma del presidente Macri”.

El 11 de agosto, el Presidente y su cohorte de socios, patrocinantes, funcionarios y malhechores varios, saben que no se juega tan sólo una primaria para oficializar candidatos, ni en octubre quién seguirá ocupando el despacho más importante de la Casa Rosada. Probablemente esté en riesgo su libertad ambulatoria, y eso lo tiene entre nervioso y desesperado. Se nota mucho, pero el chiquero que está dejando detrás suyo corresponde más a un ladrón de poca monta que al pillo de fina estampa que algunos esperaban.

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Un comentario

  1. Adhemar Principiano

    04/08/2019 en 18:37

    El fraude electoral prospera, porque hay complicidad. seran aquellos que luego haran uso y abuso de victimas.

    Responder

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