La caída a pique de la ejecución de obra pública genera preocupación entre las constructoras. La Cámara del sector reclama a los tres niveles de Estado buscar alternativas para atender la compleja situación económica.

Las delegaciones de Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) divulgaron un comunicado a través del cual piden a la órbita estatal municipal, provincial y nacional, entre otras cuestiones a causa del “recorte de más de 2.500 millones de pesos que sufrirá el Estado santafesino producto de los beneficios fiscales otorgados por el gobierno nacional esta semana”.

En ese marco, crece la preocupación dentro de las empresas constructoras de la provincia de Santa Fe “frente a la falta de recursos del Estado provincial y los municipios –como Rosario– para continuar con el ritmo de obras públicas y podrían correr riesgo unos 2.000 puestos de trabajo”.

Según señala el sector, “el recorte de más de 2.500 millones de pesos que sufrirá el Estado santafesino producto de los beneficios fiscales otorgados por el gobierno nacional esta semana profundizaría la ya de por sí compleja situación”.

Los representantes de las delegaciones de Rosario y de Santa Fe de la CAC se reunieron con los ministros provinciales de Economía, Gonzalo Saglione; de Infraestructura y Transporte, José Garibay; de Obras Públicas, Pedro Morini, y el secretario de Hábitat, Diego Leone, y analizaron los números de las obras públicas.

Un aspecto que apareció en la mesa es el recorte de recursos de Nación a las provincias por distintas vías –subsidios al transporte, fondo sojero– y el no pago, como es el caso de Santa Fe de los 5.800 millones de pesos del convenio bilateral para Caja de Jubilaciones, que debería haber girado en el primer trimestre del año. A Córdoba esos fondos fueron transferidos en 2018.

Esto provoca una creciente deuda flotante que impacta en la actividad, y que se agravó esta semana aún más con la fuerte devaluación del peso.

Los constructores, además, están preocupados por la ejecución de las obras en marcha, y por la baja de las licitaciones, ya que entre el llamado y la efectiva generación de trabajo hay no menos de seis meses.

“Frente a este escenario, el Estado provincial y los representantes del sector de la construcción conciliaron reducir el ritmo de los trabajos, pero eso provoca, de todos modos, un menor flujo no sólo de recursos sino también un incremento de gastos indirectos como las pólizas de seguros, jefe de obras, entre otros. Y de eso se tienen que hacer cargo las empresas”.

Esa ralentización también tiene un impacto directo también sobre la mano de obra. En la actualidad, en el gremio de la construcción (Uocra) trabajan alrededor de 40 mil personas, de las cuales se calcula que 10 mil están vinculados a la obra pública.

“Las estimaciones por la disminución del ritmo de las obras públicas en marcha y la transición en la gestión que dilatará el lanzamiento de nuevas licitaciones podrían provocar en el corto plazo un recorte de 2.000 puestos de trabajo, algo que las empresas resisten llevar adelante por la inversión en capacitación que realizaron en su personal en los últimos años”, sostienen desde la CAC.

Por esta razón, las partes acordaron reunirse a partir de ahora cada dos semanas con la intención de hacer un seguimiento más fino de la situación. También se prevé convocar a la mesa a referentes que designe el gobernador electo Omar Perotti para facilitar una transición en una situación económica compleja.

Además, se considera probable que los constructores pidan a los legisladores nacionales y candidatos a diputados para que colaboren en las gestiones frente al gobierno nacional para que gire los recursos de la provincia, que aliviarían en parte la problemática que atraviesan las empresas y el riesgo laboral que esto conlleva.

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