La masacre continúa en Colombia. Los militantes, los líderes sociales, los campesinos, los que integran organismos de derechos humanos, los ex guerrilleros, entre otros, están en serio peligro. Este país sigue las recetas importadas de EEUU para combatir “el narcotráfico y el terrorismo”. A juzgar por los resultados, estas “guerras”, en realidad, tienen otros objetivos muy diferentes. Y Colombia, sin embargo, no suele ocupar la primera plana de los medios hegemónicos que se horrorizan por la situación de los derechos humanos y la violencia en otros puntos del planeta. 

El atentado del pasado 10 de agosto en Caloto, contra integrantes de la Guardia Indígena, que dejó un saldo de tres comuneros muertos y siete heridos, se suma al total de 15 ataques cometidos contra esta comunidad según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Este suceso, y los 97 indígenas asesinados durante el gobierno del actual presidente Iván Duque, dan cuenta de la realidad de los pueblos originarios en Colombia, que en este marco declararon el estado de emergencia.

Para la acompañante del proceso de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Aída Quilcué, se trata de una temática que no sólo incumbe a los pueblos indígenas sino a los distintos sectores sociales del país, quienes deben acompañar su ejercicio de gobernabilidad propia, investigar la sistematicidad de los ataques contra sus líderes y revisar problemáticas como el narcotráfico en el departamento.

Quilcué señala que el vacío que queda tras la muerte de los integrantes de la guardia no solo afecta a sus familias sino al movimiento indígena en general, “nos están tocando en lo más profundo de nuestras cosmovisiones y nuestras raíces”, afirma la dirigente al resaltar que el asesinato de guardias y de los mayores espirituales busca desestabilizar a las comunidades. 

Frente a los atentados, advierte que se trata de “un problema estructural que se deriva de la importancia estratégica que tiene el territorio para muchos actores, entre estos las multinacionales a las que no sólo se les han concedido licencias mineras sino de las que también ha derivado la presencia de grupos residuales que buscan desplazar a las comunidades para que las empresas tengan acceso total al territorio”.

Como respuesta a estos ataques, la integrante del CRIC destaca además que “es necesario ofrecer a las comunidades garantías de protección colectiva, propuestas que ya han sido compartidas con el Gobierno y que pese a ello no se han visto materializadas”. 

Aunque desde el Gobierno atribuyen estos ataques a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como la columna móvil Dagoberto Ramos, también ha circulado a través de redes sociales un panfleto del Cartel de Sinaloa, atribuyéndose el atentado del pasado 10 de agosto. Cabe resaltar que la Guardia indígena junto a la Defensoría del Pueblo viene desde hace un tiempo alertando sobre la presencia de este actor armado en el territorio.

“Los pueblos originarios vienen haciendo control territorial y eso no le gusta a quien tiene interés en nuestros territorios. La resistencia ha sido milenaria y hoy no puede ser la excepción” concluye Quilcué, quien espera que el Estado “no se escude en la autonomía de las autoridades indígenas sobre el territorio para no combatir el problema, pues se trata de un grupo que no sólo actúa en esa región”.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo de Colombia manifestó su “altísima preocupación” por los hechos de violencia en contra de líderes indígenas en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. “Los homicidios, amenazas y atentados contra la guardia indígena en el norte del Cauca obligan a todas las autoridades estatales a volcar su mirada y presencia en esta subregión suroccidental del país”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en un comunicado.

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