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Factores de poder internos y externos convergen como máximos responsables de los incendios en un área que suministra el 20 por ciento del oxígeno al planeta. El objetivo: dominar el corazón verde de Sudamérica y partir Brasil.

Aunque no sea perceptible, porque está hábilmente insertado en los movimientos progresistas, es necesario advertir que existe un consolidado dispositivo ecoimperialista camuflado tras nobles intenciones medioambientales y preservacionistas, imponiendo una agenda que se escribe en los despachos de mayor poder de los países centrales, aquellos que forman parte del bloque de poder dominante y de la potencia hegemónica occidental, los EEUU.

En la Amazonia está en peligro un porcentaje dramático de la superficie total de ese biosistema, pero el marco geopolítico es toda Sudamérica.

Peligros que acechan

En un breve pero consistente artículo –“Cuidado con la geopolítica de las quemazones”–, publicado en las redes sociales, el periodista Néstor Gorojovsky advierte: “Los incendios intencionales en campos del reborde sudoeste de la Amazonia son un alerta que no debemos desatender”.

El autor no desaira los aspectos ecológicos y humanitarios, pero los relativiza, en pos de abrir el foco “más allá de (y no tanto por) las cuestiones ambientales básicas y los ataques que significan estas quemazones a las poblaciones más humildes de esa región”.

Gorojovsky intenta dar un contexto geopolítico al fenómeno del que muchos hablan y pocos clarifican: “Ante todo, tengamos en cuenta que forman parte (las cuestiones ambientales y los ataques a la población amazónica) de una lucha para saber quién domina el corazón verde de Sudamérica”.

Acto seguido, recuerda: “Con la formación del eje Buenos Aires-Brasilia-Caracas durante los primeros quince años del siglo XXI, los sudamericanos le dimos un susto enorme al imperialismo y sus aliados locales, que expresan en su conjunto el orden mundial basado en la acumulación de riqueza en las sociedades de capitalismo avanzado con hegemonía de la acumulación de capital financiero”.

Cambió la relación de fuerzas entre los movimientos nacionales y populares y la potencia hegemónica, que volvió a posar su mirada, sus garras y sus instrumentos de dominación en Sudamérica, y los gobiernos neo coloniales de Colombia, Brasil y la Argentina representan un factor de acumulación para el establishment local y una avanzada contra todo ese poder construido con esfuerzo en esos tres lustros de los que habla Gorojovsky.

Así lo describe en su artículo: “La geopolítica sudamericana pasó en ese momento a formar parte de la lucha por el mundo entero. Romper ese eje se convirtió en objetivo no explicitado, pero evidente apenas se observa lo ocurrido a partir de los golpes de Estado contra (Manuel) Zelaya y (Fernando) Lugo”.

Todo ese mapa, a la vez, tiene como marco una disputa global que el periodista describe como “un combate entre el bloque donde la población está dominada por el capital financiero –centrado en EEUU y sus dependencias de Europa Occidental, Japón y el Suroeste del Pacífico– y el bloque donde el capital financiero está sometido a las necesidades de la población –centrado esencialmente en el vasto subcontinente que constituyen por sí mismas China y Rusia–, pero que incluye también importantes áreas del Sudeste asiático y la India, así como Irán y Siria”.

Gorojovsky señala que “el bloque del capital financiero, en América del Sur, se lanzó a romper la unidad de los latinoamericanos y al mismo tiempo a imponer su ley con exclusión del otro bloque, que podríamos llamar popular. En cumplimiento de ambos objetivos se ha lanzado sobre la Amazonia desde dentro mismo del Brasil y, si lo logra, desde Colombia”.

El autor del artículo cifra sus esperanzas en la fortaleza del bloque popular de Venezuela y Bolivia, y anhela que eso ocurra en la Argentina, en función de conseguir un vuelco en favor de ese espacio geopolítico liderado por Moscú y Beijing, al que considera “el único que está dispuesto no sólo a aceptar sino a fomentar la unificación de los latinoamericanos”.

Luego de los profundos avances alcanzados por Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Lula da Silva en aquel sentido de unidad, se “está generando ahora una embestida recolonizadora que pretende encerrar a Sudamérica en un tridente al que por ahora le falta el diente del medio. La Amazonia y la nunca totalmente alejada balcanización del Brasil”, argumenta Gorojovsky.

Las amenazas son claras: la Otán, desde las Malvinas, por el Sur, y por el Norte “las que vienen desde las diversas bases norteamericanas extendidas desde Colombia hasta Miami y San Diego”, advierte el especialista en política internacional.

Sin pretender ser alarmista, Gorojovsky pone el acento en la región que ocupa el centro informativo en estas últimas semanas: “El objetivo fundamental del tercer diente, el del medio, es separar al Brasil de sí mismo y descoyuntar así el principal componente de la unidad sudamericana. Las proclamas de los neoliberales Emmanuel Macron (Francia) y Leo Vardakar (Irlanda) nos benefician en el sentido de que en nombre de las quemazones detienen el supuesto (pero muerto al nacer) acuerdo UE-Mercosur… pero abren la puerta a la aplicación del «derecho a proteger» en América del Sur”.

Finalmente, Gorojovsky recuerda que ese «derecho» se lo arrogan “en exclusividad las grandes potencias del bloque financiero, y ha tenido efectos devastadores en Yugoslavia, Libia, Siria y buena parte del resto de África”.

Causas varias e inmediatas, intereses únicos y permanentes

En un informe titulado “¿Cómo afectaría al mundo la destrucción de la Amazonía?”, publicado por la cadena Telesur, se cita a la directora de ciencias del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (Ipam, por sus siglas en inglés), Ane Alencar, quien dijo que “los incendios se deben al aumento en la deforestación, provocada por granjeros para obtener tierras de cultivo. A esto se le suma la expansión de infraestructura vial y de la frontera agrícola y ganadera, el aumento de cultivos ilícitos y el tráfico de madera. Un negocio de bandas criminales, así como de gobernantes locales y nacionales”.

El poderosísimo núcleo de poder fazendeiro de Brasil pretende ampliar el área cultivable de soja a niveles suicidas para la Humanidad. De allí que el atroz incendio de las regiones del Amazonas que coinciden con ese mapa de la angurria irracional no sea un drama, como muchos lo califican sino una clásica tragedia griega, en la que desde el principio se espera la destrucción del protagonista, su eliminación, física o simbólica. La Amazonia, en tiempos de globalización financiera y reprimarización extractiva de recursos naturales está destinada a perecer.

Foto: Alan Santos | PR

El frágil e insuficiente límite puesto por el “populismo” de Luiz Inacio Lula Da Silva al corrimiento criminal de esa frontera agrodepredadora, y las perspectivas que surgieron para Brasil tras el descubrimiento de la reserva petrolífera Libra, ubicada en la cuenca marina de Santos –entre los ocho mayores yacimientos del mundo–, están detrás de la maniobra judicial que mantiene entre rejas al ex presidente brasileño.

Pero la caja de Pandora abierta por el primitivo capitán retirado Jair Bolsonaro no se circunscribe tan sólo a haber dado vía libre a los latifundistas para que se abran paso con látigos de fuego hacia la mayor productora de oxígeno del planeta. Su papel más ramplón radica en ser funcional a las estrategias imperiales que desde siempre pusieron su foco en ese gigantesco pulmón planetario.

Se ve por estos días el interés “ambiental”, “ecológico” y “humanitario” de potencias como Francia y países periféricos de Europa, como Irlanda, la interesada indiferencia de España y Alemania, que no se pliegan a ese ímpetu “ecologista” de París y Dublín de oponerse a firmar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur a causa de las “mentiras” de Bolsonaro.

Detrás de todo eso subyace la vieja estrategia imperial de definir a la Amazonia como un área protegida de interés universal, palabra más, palabra menos, pero con el sentido clásico de todo intervencionismo, en desmedro de la soberanía territorial no sólo de Brasil sino del resto de las naciones en que se reparten los siete millones de kilómetros cuadrados que la componen. Brasil y Perú poseen la mayor parte, y los siguen Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, la Guayana Francesa y Surinam, la ex colonia holandesa.

El 9 de abril pasado, la cadena internacional Deutsche Welle despachó un cable que el Instituto de Estrategia publicó con el título “Brasil: Bolsonaro quiere explotar la Amazonia junto a EEUU”, que puso especial énfasis en los dichos del mandatario, quien aseguró en una entrevista su deseo de “explotar” la Amazonia brasileña junto a EEUU, y su intención de “revisar” la demarcación de reservas indígenas.

Precisamente, una de las primeras medidas que tomó Bolsonaro al asumir fue disponer que la delimitación de las reservas indígenas fuera responsabilidad del Ministerio de Agricultura, que es el que representa y defiende los intereses de los grandes propietarios rurales.

La periodista, escritora y documentalista brasileña Eliane Brum explica este proceso con claridad meridiana en una columna publicada por el diario El País, de España, titulada “Bolsonaro quiere entregar la Amazonia”, casi dos meses antes de la asunción de Bolsonaro.

La especialista adolece del problema de casi todos los ambientalistas, para quienes incluso aquellos gobiernos que dieron pasos significativos al lograr una sociedad más igualitaria, reduciendo el hambre y la pobreza, son evaluados a través de una escala muy rígida, pero su crítica a Bolsonaro es inatacable.

Brum desarrolla y analiza las intenciones de quienes llevaron al poder al actual mandatario de su país: “Bolsonaro puede pregonar que no se ha comprometido con ningún partido, pero es sólo una fanfarronada más. Los hechos muestran que gran parte del éxito de su candidatura se lo debe a dos grandes «partidos» no formales y poderosos, que actúan fuera y dentro del Congreso: los ruralistas y los evangélicos. Tendrá que pagarles la cuenta. Y, por su perfil, la pagará con gusto. La cuenta de los ruralistas es la Amazonia”.

Orgas políticamente correctas, progresistas y coso

El intervencionismo imperial es engañoso, no va de frente. Las grandes y justas causas, como la ecología, los derechos civiles individuales, de género, la libertad en estado sospechosamente puro, y las catástrofes sociales que no parecen tener otro origen que el “populismo” preocupan, y mucho, a organizaciones que se encargan de promover agendas curiosamente funcionales al bloque de poder dominante.

Una de esas organizaciones es Change.org. El blogger especialista en redes sociales e informática Nico Varonas publicó en el sitio NeoTeo un informe titulado “El lado «oscuro» de Change.org”, en el que la define como “una excelente y muy moderna herramienta de lucha social en donde se pueden crear peticiones sobre diferentes tópicos para que sean firmadas vía internet, dándole visibilidad a problemáticas individuales o colectivas que de otra manera no se conocerían”.

Al mismo tiempo, advierte que “al ser una herramienta hija pródiga de los tiempos del Big Data, Change.org tiene un costado lucrativo que hay que transparentar para cimentar nuestra confianza en ella, especialmente porque se trata de nuestra privacidad”.

Hace ya seis años, en la web de la revista española La Marea, en el artículo “¿Change.org o en la boca del lobo?”, Jorge Izquierdo ilustraba con precisión qué tipo de organización constituye esa plataforma de peticiones, y daba cuenta de que “es un sitio web operado por Change.org Inc., una corporación estadounidense con fines lucrativos… constituida en el estado de Delaware (uno de los tres estados norteamericanos, junto a Wyoming y Nevada, que de facto permiten una exención de impuestos para sociedades limitadas)”.

Organizaciones como Amnistía Internacional –y otras 300 más, según la propia Change.org– pagan por alojar y poder patrocinar sus peticiones y campañas, pero más allá de los dineros que pueden ir a parar a sus arcas, el problema es el tipo de participación que postula, la manipulación de que puede ser objeto una petición masiva y las consecuencias en términos políticos de todo ese entramado.

En el caso de los incendios en la Amazonia, en estos días surgió una denominada “Petición Amazonia”, que plantea un abogado, Gabriel Santos, quien –dice Change.org– “pide al Gobierno de Brasil y a todos los de Sudamérica que colaboren para detener el incendio del Amazonas. ¿Lo apoyás con tu firma?”.

Entre otros conceptos atribuidos a Gabriel, Change.org manifiesta que el abogado en cuestión “creó esta petición dirigida a Gobierno Federal de Brasil y consiguió 1.640.087 firmas”, invita a rubricar la misma, y reclama “a las autoridades que inicien una investigación a fondo sobre las causas del aumento de las quemas en esta región de Brasil y que apunten los culpables”. ¿A qué autoridades se refiere Gabriel? La genérica petición dirigida al Gobierno Federal de Brasil no especifica área alguna. Es más, en otro párrafo el peticionante señala: “¡Estoy aquí porque necesitamos pedir a todos los niveles del Gobierno de Brasil y Suramérica que actúen y nos ayuden a poner fin a los incendios de la selva amazónica!”.

La petición conmueve a millones de personas, pero también –no huelga decirlo– resulta funcional a un poder que con especiales intereses en inmiscuirse en los asuntos internos de otros países con la excusa de que sus autoridades no lo hacen o lo hacen en forma ineficaz… y con casi dos millones de firmas que los avalan.

El accionar de Change.org exhibe otras acechanzas para el público que peticiona masivamente. En un artículo publicado por la web El Disenso el 25 abril de 2018, se reveló que Aisha Lebron, directora de Change.org Argentina, fue nombrada en el Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo a una Decisión Administrativa firmada por la ministra del área, Carolina Stanley, y el jefe de Gabinete Marcos Peña.

Así, la directora de Change.org Argentina se transformó en la nueva “Coordinadora de Acompañamiento a los Actores de la Economía Social de la Dirección de Seguimiento y Abordaje Territorial”.

Mariana Escalada y Agustín Ronconi, autores de la nota y editores de El Disenso, señalaron que “desde Change.org han surgido propuestas muy convenientes al «Cambio», como fue el caso de la juntada de firmas a favor del voto electrónico, que luego fueron entregadas a diputados del PRO en el Congreso”.

El Disenso hizo particular foco en que Change.org obtiene numerosos y variados datos de sus asociados:

  • Su nombre.
  • Su dirección postal.
  • Su número de teléfono.
  • Su dirección de correo electrónico, o autenticación distinta al correo electrónico si usted usa un dispositivo móvil.
  • La imagen de su perfil.
  • Otra información que envíe usted voluntariamente (por ejemplo: fotos).
  • El número de identificación único de su dispositivo móvil si accede a nuestros servicios a través de una aplicación móvil.
  • La identificación de su cuenta de medio de comunicación social y la información compartida con nosotros a través de su cuenta de medio de comunicación social.
  • Sus actividades específicas en la plataforma de Change.org –por ejemplo, peticiones que usted ha iniciado o firmado, peticiones patrocinadas que usted ha firmado, o campañas que ha compartido o promocionado.

Una data que no termina allí, porque El Disenso señala que “al autorizar la aplicación de Facebook, por ejemplo, se le da acceso hasta al servicio de chat, algo que Change.org lo menciona al pasar cuando indica que «Ten en cuenta que la opción para compartir a través de Facebook requerirá acceso a la función Chat, ya que lo compartido a través de Facebook es enviado como mensaje/chat»”.

Pasando en limpio, la directora de Change.org en Argentina, que como indica El Disenso “se encargó de hacer crecer una de las plataformas que más datos personales recopilan en el país”, desde abril de 2018 trabaja para Macri y analiza la sensible y extensa base de datos con centenares de miles de trabajadores de la Economía Social y Popular que perciben el Salario Social Complementario (SSC) que sale del ministerio conducido por Stanley.

Como es más conocido, el caso de Greenpeace, la organización defensora del medio ambiente más famosa del mundo, en pocos párrafos se puede dejar constancia de que muchas organizaciones no son sólo lo que muestran.

Greenpeace recibe donaciones de grandes magnates del petróleo, uno de los sectores contra los que dice luchar. El sitio Libertad Digital publicó en mayo de 2010 que “el caso más llamativo es el de los Rockefeller –accionistas y fundadores de petroleras como Exxon Mobil–. (cuya) fundación ha financiado a Greenpeace con más de un millón de dólares”.

Otra fuente, Desde el Exilio, publicó: “A lo largo de varios años, la Turner Foundation ha financiado a Greenpeace. Pero ¿qué o quién es esta fundación?. Fue creada por Robert Edward Turner en 1990. Ted Turner es uno de los grandes magnates de la comunicación en EEUU, dueño de conocidas cadenas de TV como CNN, TNT y AOL Time Warner, entre otras muchas”.

Desde el Exilio agrega a la General Motors como uno de los conglomerados que financia a Greenpeace: “Este grupo fabrica sus vehículos bajo las siguientes marcas: Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, GM Daewoo, Holden, Opel, Vauxhall o el ecológico y nada contaminante Hummer”. Y otro “auspiciante” de la organización ecoimperialista es, por ejemplo la petrolera Getty Oil, ahora en manos de la rusa Lukoil.

Como en el caso de Change.org, nada es casual. El fundador, en Rosario, del Taller Ecologista, y quien fuera director Político y de Campañas de Greenpeace Argentina, Cali Villalonga, hoy es diputado nacional del macrismo. No se equivocan nunca.

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