La desesperación social que cubre a vastos sectores que ya no comen todos los días pone en crisis la necesidad política de que se cumplan los plazos institucionales. Esa tensión entre la democracia formal y el acuciante escenario social tiene mecha corta.

La agenda del hambre corre desde atrás a la política. Los movimientos sociales, algunos sectores de la Iglesia y en particular los intendentes del conurbano bonaerense fueron los primeros en alertar, hace más de dos años, que las políticas criminales del gobierno de Mauricio Macri ya comenzaban a hacer estragos en las barriadas más populares y que ya faltaba el plato de comida en las mesas de los sectores más vulnerables.

Cierta clase media progresista se preguntaba por entonces cómo era posible que no estallara todo por los aires, e incluso algunas opiniones daban cuenta de la “excesiva pasividad” de esos referentes sociales que trabajaban –y siguen haciéndolo– en los territorios.

Con la misma desincronización entre los tiempos de la política y los del estómago, a determinados sectores y a mucha dirigencia le resulta más fácil postular que es necesario que se cumplan los plazos que dicta la Constitución, tanto para que se lleve adelante la elección presidencial como el virtual traspaso de mando en diciembre.

Esa premisa, deseable en términos teóricos, en la presente coyuntura es intervenida por una realidad dolorosa, para nada invisible, y exhibida ya sin pudor por el dispositivo hegemónico de medios que operaron como cómplices y partícipes necesarios del crimen social pergeñado y ejecutado por la administración política más cruel desde la dictadura cívico militar de 1976-1983 a esta parte.

El incremento exponencial de los asistentes a los comedores comunitarios y escolares, los merenderos y las ollas populares es una realidad que excede a la descripción estadística o al análisis sociológico. Personas que se desmayan por efecto de la subalimentación, chicos con alarmantes niveles de desnutrición, ancianas y ancianos enfermos y mal alimentados que se mueren en sus casas, en las que ni siquiera tienen la posibilidad de calentarse a causa de las tarifas prohibitivas del gas o la electricidad son la trágica postal de un tiempo de asesinos sociales, que incluso apañan a otros homicidas para nada virtuales o simbólicos, que son capaces de matar a alguien por llevarse entre sus prendas un pedazo de queso hurtado de la góndola de un hipermercado.

¿Se llega al 27 de octubre en estas condiciones? La pregunta no requiere de respuesta, porque en cualquier caso lo que debe preocupar es cómo se llega, y está claro que será en condiciones de extrema vulnerabilidad social, con la necesidad más urgente, la de la sobrevivencia, apurando la llegada del futuro.

Un Gobierno sin respuestas

Basta con repasar los reclamos con que los movimientos sociales acompañan el pedido de declaración de la emergencia alimentaria para tomar debida nota del acuciante presente de niñas y niños, ancianas y ancianos, en primer lugar, y del resto de las millones de personas en situación de crisis alimentaria y sanitaria.

Desde las organizaciones territoriales se propone fortalecer una canasta básica de primera infancia y de mujeres embarazadas o en período de lactancia, el incremento de la AUH para que se ponga en línea con el valor de una canasta básica total para un menor de 18 años, que durante el primer trimestre de este año ya se estimaba en casi seis mil pesos (5.834, para ser más exactos).

Pero además se plantea que se establezca un aumento en el presupuesto de comedores y huertas escolares y comunitarias, con el objetivo de mejorar la cantidad de raciones y la calidad nutricional de las mismas, y ello acompañado del fomento de la agricultura familiar y social en cada uno de los territorios.

Se pide la actualización de los montos del Programa Pro Bienestar del Pami, que a la fecha están totalmente desactualizados a causa de la inflación, y el aumento de la cobertura de los medicamentos para jubilados y pensionados.

Cuando esta semana se realizaron la movilización y el acampe frente a Desarrollo Social en demanda de estos instrumentos básicos para paliar el hambre y la enfermedad de los eslabones más débiles de la sociedad, la ministra Carolina Stanley no fue capaz de enviar al menos a un funcionario de rango intermedio a recibir o escuchar a los referentes sociales.

Se trata de una administración en retirada, tan insensible como al inicio de una gestión que provocó todas estas calamidades y no tiene pensado dar respuestas que ayuden al menos a morigerarlas. Lo cierto es que los movimientos sociales terminaron levantando el acampe, no sin antes advertir que volverán si no tienen respuesta, y que la nueva protesta sería la semana próxima.

Dos lógicas superpuestas

La perversión del régimen macrista no se circunscribe a su programa de transferencia de recursos de las grandes mayorías a la elite financiera, agroexportadora, de conglomerados energéticos y de extracción minera. Un aspecto de ese entramado de negocios, coronado por las fenomenales deudas externa e interna, está dado por un relato que va mutando de acuerdo a las fases de ese plan criminal.

Lo que comenzó siendo la “pesada herencia”, que pretendió justificar tarifazos, ajustes en los salarios y jubilaciones, desinversión en el área social –pese a la proliferación de planes más “baratos” y el mantenimiento de la AUH– y negociados en todos los estamentos donde tallaran la familia presidencial y los amigos, prosiguió con el verso del “gradualismo”, que consideraron un “error” a causa de no haber dimensionado del todo el “caos” heredado de la gestión kirchnerista.

Foto: Manuel Costa

Todos esos señuelos, destinados a un público propenso a ser presa de ellos, o incluso demandante de tamañas argucias, fueron apuntalados por el sistema de oligopolios mediáticos, que los complementaban con la novela de la “Corrupción K”.

En la última etapa, tras la estrepitosa derrota en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), Macri puso en valor otro engaño tan vil como ingenioso, aunque para nada original: los “mercados” le soltaron la mano a la Argentina –no a él– porque venció el “populismo” que, como ya se sabe, perturba todo, desde la cotización del dólar hasta la inflación, desde el valor de las acciones hasta el riesgo país.

Pero existe una sanata que precede por mucho a Macri y su banda de asaltantes: “El peronismo, si es oposición, no deja gobernar”. De nada vale que la historia argentina demuestre en forma inobjetable que todos los default se produjeron con gobiernos liberales, desde 1957 hasta la fecha. El peronismo tuvo un Rodrigazo, pero jamás una gestión peronista entró en cesación de pagos, ni siquiera cuando Adolfo Rodríguez Saá la declaró, pero la paternidad de ese engendro, sin necesidad de muestra de ADN, le correspondía a Fernando de la Rúa.

Así las cosas, el Frente de Todos, esperado ganador, pero por un margen que pocos previeron, se encuentra entre la espada y la pared: si apura los tiempos en que reinan el hambre y la miseria, será acusado de golpista, de poner palos en la rueda, de adelantar su ingreso al Gobierno sólo para saciar su angurria de poder.

Ese discurso gorila y soberbio explica la moderación, la actitud responsable de Alberto Fernández, de su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, y de casi todos los actores que acompañan al peronismo unificado, y aún de aquellos que abrevan en otras vertientes, pero que enfrentan al macrismo, como el espacio de Roberto Lavagna.

Nadie quiere ser acusado de golpista. Lo prueba el discurso de la máxima dirigencia del movimiento obrero organizado, blanco habitual del cipayaje gorila en cuanto a quiénes son los responsables del caos actual.

Un ejemplo de ellos es el secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, quien el jueves ratificó que el movimiento obrero no realizará medidas de fuerza para evitar ser calificados de “golpistas”.

El propio Fernández, el miércoles de esta semana que se está yendo, sostuvo, desde España: “El Presidente sabe que cuenta con mi ayuda para que termine su mandato. Debe terminarlo y no debe estar puesto en duda”.

En el medio del chantaje del Gobierno, que presiona al peronismo para que lo acompañe en su salto al precipicio están los operadores del establishment mediático, que fogonean dos escenarios: uno que pretende crear una cuña entre Alberto y Cristina, y otra que instala la peligrosidad del retorno del peronismo a la Casa Rosada.

El delincuente periodístico Alfredo Leuco, el miércoles 28 de agosto, se despachó en el programa de Marcelo Longobardi en Radio Mitre, luego del acting de Macri en el balcón de la casa de gobierno frente a su público geronte: “Dicen que hubo dos elementos que sacaron de quicio a Cristina. Primero lo que tiene que ver con una movilización en apoyo al gobierno de Macri, es un tema cultural del peronismo, se sienten dueños de la calle, creen que la calle es de ellos igual que la patria. Eso lo consideran amenazante”.

Para dar sustento al primer ítem mencionado, el calvo ex secretario de prensa del Movimiento Todos por la Patria vomitó: “El otro elemento que ha complicado muchísimo a Cristina y compañía es esto que ellos denominan cierto desvío ideológico de Alberto Fernández. No es gratis para Zannini, para Máximo Kirchner, para Larroque, para Cristina, que Alberto Fernández haya hablado con tanta familiaridad de Héctor Magnetto, que haya estado presente en una actividad a favor de la democracia y del desarrollo junto al presidente Macri y de Fernando Cardoso”.

Con esa maniobra de pinzas se enfrenta el movimiento nacional y popular camino a las presidenciales de octubre. Por un lado, el estigma del peronismo antidemocrático, decretado por los bombardeadores de Plaza de Mayo, los partidos proveedores de embajadores, gobernadores e intendentes a cuanta dictadura llegó a apoderarse del sillón de Rivadavia, los que mataron peones en el sur, esclavizaron trabajadores rurales en La Forestal, salieron a cazar peronistas como comandos civiles en la Fusiladora, pusieron bombas en los subterráneos y realizaron tantas otras actividades republicanas a lo largo de la historia argentina.

Por el otro, el chantaje a que se somete al próximo Gobierno instándolo a no sacar los pies del plato preparado para la gula oligárquica, condicionando todo programa restaurador de derechos arrebatados por una piara de jabalíes rabiosos y ladrones que en el final de su latrocinio le echan la culpa a los despojos que quedan tras su hedionda depredación.

No ayuda mucho la tardía reacción de una porción genuflexa de la clase política, como es el caso del gobernador saliente Miguel Lifschitz, quien advirtió que “se necesitan acciones urgentes, no sólo en lo alimentario sino también en salud”, porque –por fin se dio cuenta– “el país está entrando en una espiral muy negativa y crítica”.

El seguidor de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, luego de cuatro años de silencioso servilismo, de fotos y abrazos, de sonrisas ante el baile del desorejado de Cardenal Newman, salió la última semana a indicar, con el dedo en alto y la vergüenza ausente: “Aparece como urgente la necesidad de realizar acciones concretas para atender la demanda social, la situación grave en la han caído millones de argentinos que no están accediendo a los elementos básicos”.

Un referente que no quiso ser mencionado para que no se confunda su intención de aportar al triunfo del peronismo en octubre próximo, confió su parecer a este semanario: “Nadie sabe si llegamos, quisiéramos llegar, pero no escuchando el ruido de las pancitas de las pibas y los pibes que cada atardecer llegan a los comedores con sus padres atrás, llenos de vergüenza. Los que tienen que tener vergüenza son los que provocaron esto”.

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