Tras un encuentro con familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reafirmó su compromiso de encontrar a los estudiantes “lo más pronto posible”.

“Nos reunimos con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Reafirmamos nuestro compromiso de encontrarlos lo más pronto posible. Estamos aplicándonos a fondo. Es un asunto entrañable, de justicia y humanismo”, señaló el mandatario a través de Twitter.

Desde la asunción de AMLO, el 1 de diciembre de 2018, soplan vientos de cambio en México. La lucha contra la corrupción, la impunidad y la violencia estatal y paraestatal está entre los muchos desafíos que viene encarando para lidiar con la pesada herencia que encontró tras tantos años de neoliberalismo.

Como una de sus primeras medidas de gobierno, AMLO dispuso la reapertura de la causa, estableciendo una Comisión Especial destinada a esclarecer el caso. Sin embargo, al día de la fecha no se presentaron nuevas pruebas. La hipótesis más firme sigue señalando que los estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre por policías del municipio de Iguala, quienes los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron para después tirar sus restos a un río cercano a la zona.

El sábado 31 de agosto, la justicia mexicana, a pocos días de cumplirse cinco años de la masacre, como una verdadera provocación, liberó a Gildardo López Astudillo, uno de los principales sospechosos de participar en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Astudillo se encontraba detenido desde septiembre de 2015.

A punto de cumplirse cinco años de la tragedia, no hay un solo condenado, y los familiares de las víctimas exigen que no se paralice la causa.

La liberación del sospechoso puso en duda el futuro de los procesos contra los otros acusados, entre los que se encuentran los presuntos autores intelectuales. La decisión de la Justicia es una más de las maniobras que caracterizaron a la fiscalía del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, encargada de las pesquisas casi desde el principio, y señalada por aplicar tortura a detenidos, como método en los interrogatorios.

En este marco, el presidente se comprometió con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa a entablar un diálogo con el jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que el Ejército mexicano libere toda la información que disponga sobre su participación en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Así lo dijo en conferencia de prensa Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes que sufrieron desaparición forzada a manos de diversas autoridades policiacas, luego de una reunión con el mandatario el miércoles 11 de septiembre en Palacio Nacional, en la que también participaron integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa que se creó en enero de este año.

Según el abogado, ante los reclamos de los familiares por la falta de resultados a diez meses de que arrancara el nuevo gobierno, AMLO también se comprometió a otros dos “acuerdos fundamentales”. Uno, que él personalmente encabezará reuniones con los padres de los jóvenes cada dos meses, en las que también participarán integrantes del gabinete presidencial.

“En esas reuniones se irá vigilando todo el proceso para medir avances, corregir errores, y para que los padres puedan ir señalando cuáles son las instituciones que están obstaculizando la investigación del caso”, explicó el abogado. Y dos, que el presidente también mediará para que los padres de los 43 se reúnan con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz, “para que le expongan todas sus preocupaciones e inconformidades relativas a las investigaciones”. De hecho, uno de los principales reclamos al presidente, contó el abogado Vidulfo Rosales, estuvo centrado en la lentitud y en la “falta de compromiso” de la nueva Fiscalía para atender este caso. Y como ejemplo, pusieron que la Fiscalía tardó casi seis meses en designar al fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo.

“No se ve compromiso de algunas instituciones del Estado mexicano que deberían caminar parejo a la Comisión para la Verdad y la Justicia, concretamente es el caso de la Fiscalía General de la República”, señaló Vidulfo Rosales.

A pesar de los reclamos y las exigencias de los padres de los normalistas, estos dijeron en conferencia de prensa que la reunión con el presidente “fue muy buena” y agradecieron que el nuevo gobierno federal muestre predisposición a continuar investigando hasta dar con el paradero de los 43 normalistas.

“La actitud de López Obrador, al menos en sus palabras, es la de seguir hacia adelante para saber toda la verdad de dónde están nuestros muchachos. Eso nos da esperanza, aunque también nos desespera mucho la lentitud con la que se está trabajando en el caso”, apuntó Emiliano Navarrete, padre del joven desaparecido José Ángel Navarrete González, quien agregó que el presidente también les mostró su preocupación porque pase el tiempo “y aún no hayan respuestas claras”.

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