El fin del ciclo macrista muestra al gobierno de rodillas ante el FMI, cuyas recetas ajustadoras hundieron a millones de argentinos en la pobreza y la indigencia. Por la disparada del dólar pos Paso, trepan los precios de los alimentos y se agrava la crisis social. La inflación del súper en Santa Fe llegó al 75% anual.

Mientras el gobierno de Mauricio Macri espera ansioso destrabar el último giro del préstamo que contrajo con el Fondo Monetario Internacional, casi como un vaso de agua en el desierto, movimientos sociales gritan en la calle que el “hambre no espera”. La necesidad ante la falta de un plato de comida es cruel y urgente, y deja lejanas a las urnas. El plan de ajuste neoliberal que aplicó Cambiemos y que se profundizó a partir del tutelaje económico del FMI, está directamente relacionado con el trágico resultado actual de un fuerte deterioro en el tejido sociolaboral, bajo un gobierno de derecha que se despide sometiendo a muchísimos más argentinos al hambre y a la miseria.    

De lo creadores de “la oposición pone actores a dormir en la calle”, llegó “el hambre es un eslogan de campaña” y, su segunda parte, “si pasan hambre, tienen los comedores”. El cinismo amarillo se muestra tal cual es en medio de una campaña desesperada. El hambre no llegó a la Argentina con Macri, aunque no se podría decir lo mismo con respecto al FMI. A la luz de los resultados, las políticas de Cambiemos en tándem con el organismo de crédito internacional agudizaron sobremanera la situación de ruina y pusieron al tope de las preocupaciones de la población el miedo a perder el trabajo o la changa y que no te alcance para parar la olla.    

En medio de la corrida cambiaria, caída de reservas del Banco Central, default de la deuda y controles a la compra y venta de dólares, un descalabro financiero que repercute con intensidad en lo económico, el ministro Hernán Lacunza, en su primer viaje oficial al exterior, tratará de convencer en Washington a los directores del Fondo y al gobierno de Estados Unidos de que desembolsen los 5.400 millones de dólares del préstamo total por el récord de 57.000 millones, para un gobierno al que apoyaron hasta financiarle la campaña para la reelección, pero que a la luz de los resultados de las Paso está más cerca de irse que de continuar. Un “no” del FMI podría tensar la cuerda cambiaria.

El equipo económico de Juntos por el Mercado de Cambio reperfila su estrategia. Lacunza se sentará a fin de mes frente al staff fondomonetarista con libreto de haber cumplido las metas fiscales que impuso el propio FMI, en un plan fallido que, como acostumbra, tuvo el propósito de engordar la deuda y hacer más dependiente al país. Las políticas macristas pro-mercado alentadas por el Fondo son las responsables del riesgo hambre que padecen cada vez más argentinos y argentinas que no caminan por la city.  

El gobierno de Macri, que recibió un país con baja deuda, primero sacó todos los controles cambiarios y de entrada y salida de capitales, alentó la especulación financiera, volvió al FMI y tomó megadeuda (Argentina paga más de un millón de pesos por minuto sólo en intereses), para terminar con buena parte de esa megadeuda en default e imponiendo controles cambiarios, conocidos como cepo, a los que tanto aborrecía. Todo sigue igual de mal, aunque el dólar esté “bajo control”.  

¿Y los 57 mil millones de dólares del FMI, dónde están? ¿Mejoraron la vida diaria? ¿Trajeron bienestar? ¿Desaparecieron por arte del mago Sin Dientes? Gran parte de los recursos prestados por el Fondo fueron a parar a la formación de activos en el exterior (fuga de capitales) de grandes empresas. El FMI y el macrismo, imbuidos de austeridad, prometieron mejoras para la población y más bien (o más mal) fue todo lo contrario. El “rescate” del FMI sólo trajo más ahogo.

Las recetas ajustadoras del Fondo aumentaron la pobreza, la indigencia, la vulnerabilidad social, la desindustrialización, el cierre de empresas, el desempleo. El fracaso del modelo fondo-macrista se vio reflejado en el resultado de las Paso, dura derrota electoral para el oficialismo que precipitó la debacle financiera, económica, política y social actual, con efectos negativos inmediatos para los que menos tienen.  

La disparada de precios aceleró la inflación. El Indec midió 4 por ciento en agosto. Por su parte, el Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Umet estimó una inflación en agosto del 4,3 por ciento y de más de 5 por ciento para septiembre a raíz del traslado de la devaluación pos Paso a las góndolas, en medio de una caída del consumo, contracción salarial, desempleo y pobreza en alza. Este informe consideró probable que la inflación acumulada durante 2019 supere en todo el país el 48 por ciento registrado el año pasado (podría llegar al 55 por ciento), convirtiéndose así en la más alta desde 1991, cifra que a la vez duplica el índice inflacionario que dejó el anterior gobierno.

En la provincia de Santa Fe, la inflación medida con el índice supermercados fue de casi el 10 por ciento en agosto (9,6) en comparación con el mes de julio y acumula en el último año una suba del 75 por ciento, según un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso).

“La realidad santafesina, en línea a la nacional, se vio impactada por la brutal depreciación del peso luego de las Paso. Los aumentos de precios en supermercados pasaron de un modesto desaceleramiento de junio y julio, a un incremento sustancial en agosto. Y la inflación no fue más alta porque esta vez el gobierno impuso IVA cero en varios productos de la canasta básica, aunque no bastó para contrarrestar los aumentos de precios por la devaluación”, señalaron desde la regional Santa Fe del Ceso.  

Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) reveló que unos cinco millones de argentinos y argentinas comen poco o mal: la cifra duplica a la de cuatro años atrás, situación agravada por la brusca suba de precios de alimentos de la canasta básica, sobre todo después de la embalada inflacionaria, que, como se dijo y se repite, afectó principalmente a sectores de bajos recursos. Pero el gobierno de Macri tiene sus prioridades: en otro informe, la Undav alertó que por cada peso destinado a la asignación universal por hijo el gobierno destina tres al pago de intereses de la deuda externa, que se multiplicó en la era M.

Macri, en campaña, pide a empresarios que paguen el bono salarial, mientras las pymes, en alerta, dicen que no da, que venden poco, que tienen la mitad de las máquinas apagadas, que están en niveles productivos comparados con los de 2002. El candidato de la oposición más votado en las Paso, Alberto Fernández, juntó a gobernadores, dirigentes de la Unión Industrial y de la CGT para consensuar las primeras medidas de su hipotético futuro gobierno, que consistirá en reactivar el mercado interno, el consumo, el empleo, la actividad fabril, en síntesis, recuperar la economía. Los intentos de acuerdos multisectoriales invariablemente aparecen en momentos de caos.  

Pero hay un tema más urgente todavía: la emergencia alimentaria, en un país rico que se ve mucho más desigual. En el Fondo de la olla se rasca una pesada herencia de deuda y hambre, sazonada con recesión económica. Más allá, un fuego esperanzador revive for ever.

Urgencias

La Cámara de Diputados aprobó la declaración de emergencia alimentaria nacional y todo hace suponer que el Senado le dará fuerza de ley en breve. No hubo decreto presidencial en este tema, y hasta hubo resistencia oficial para aprobar el proyecto opositor que busca reforzar las partidas para comedores y merenderos. El Congreso escuchó la voz de la calle, donde los movimientos populares, en varias ciudades del país, pusieron el reclamo al tope de la agenda. En medio del conflicto social in crescendo asoma un horizonte, que trasciende el debate legislativo sobre la cuestión acuciante. Para eso es primordial torcer el rumbo económico de ajuste y hambre.

En el final del gobierno de la “pobreza cero” se multiplican los reclamos de emergencia alimentaria y nutricional, que no es más que pedirle al Estado que asuma la responsabilidad política de atender una necesidad básica. En Buenos Aires, organizaciones sociales fueron a los shoppings y acamparon frente a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para visibilizar la urgencia. La demanda de los caídos del mapa retumba en el espacio público.

En Rosario, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Somos Barrio de Pie, Pueblos Originarios en Lucha, Movimiento Popular Libertador San Martín y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) encabezaron los reclamos frente a la oficina céntrica de Ansés, con acompañamiento de vastos sectores de la población.

Con la declaración de la emergencia alimentaria, las organizaciones sociales esperan un “incremento de la asistencia, apertura de más comedores y merenderos, aumento de la tarjeta única de ciudadanía y reapertura de la inscripción en el programa de trabajo Salario Social Complementario. Para Eduardo Delmonte, de la CCC, “la aprobación de esta ley tiene una gran implicancia política, porque se reconoce que la situación no se aguanta más y que el hambre es una realidad en la Argentina”.

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