Entidades gremiales pidieron el archivo de la adhesión santafesina a la nueva ley de ART, una hija del macrismo que reduce derechos a los trabajadores. Empresas que se enriquecen en la bicicleta financiera mientras hay más siniestros. El curioso argumento de Ciciliani.
Un inusual lobby empresario –con una pata de sindicalistas empresarios– se ejerce desde hace al menos tres semanas sobre la Cámara de Diputados de la provincia para que sus miembros den sanción definitiva a la adhesión a la nueva ley nacional de ART que lesiona derechos de los trabajadores y, solo presuntamente, incrementa la rentabilidad patronal por vía de una baja de lo que el sector llama “el costo laboral”. Una norma impulsada y solicitada por el presidente en enclenque ejercicio, Mauricio Macri, al grito de “no se litiga más”. La presión sobre los legisladores también cuenta con el apoyo del gobierno provincial a través de su ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, quien aseguró que “la queremos y necesitamos (a la ley) para que haya menos despidos y menos cierre de empresas”. Curioso argumento que deslinda el creciente desempleo y la disminución de unidades productivas de las políticas neoliberales aplicadas por el Gobierno de Cambiemos para cargar la responsabilidad en la defensa de la salud por parte de los trabajadores.
La nueva ley de riesgos del trabajo fue aprobada por el Congreso de la Nación en 2017, cuando la mirada de Macri aún no llegaba a ver el opaco horizonte que las Paso de 2019 interpusieron en su fantasioso camino. A partir de su sanción, el Gobierno presionó para que las provincias adhieran a la norma, cuya constitucionalidad está en duda y será resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En aquel año, y luego de ganar las elecciones de medio término, el Gobierno se envalentonó con avanzar contra las conquistas laborales mediante una reforma laboral que, finalmente, no prosperó. La implementación en todo el país de la nueva ley de riesgos del trabajo es el último daño que Cambiemos pretende producirle a los trabajadores antes de dejar la Casa Rosada.
Como las mafias son malas y nadie las quiere, Cambiemos gastó el argumento de que la ley venía a terminar con presuntas asociaciones ilícitas conformadas por abogados laboralistas, aquellos que defienden los derechos de los trabajadores.
Conocido es el video del programa de TV Fuego Cruzado en el que un joven Macri empresario y con bigotes afirma que “lo que tenemos que hacer es bajar los costos, y los salarios son un costo más”.
Pues bien, aún en retirada, el objetivo del macrismo sobre el poder adquisitivo del salario –cumplido en buena parte en estos cuatro años de persistentes lluvias para quienes sobreviven de un ingreso fijo– persiste en Santa Fe, donde mediante el lobby en pos de la adhesión a la ley de ART los sectores patronales procuran flexibilizar aún más las condiciones laborales supervivientes al modelo de valorización financiera.
Litigiosidad
Uno de los argumentos patronales –apoyado por sindicatos que poseen sus propias aseguradoras de riesgos del trabajo– es que la nueva ley permitirá bajar la litigiosidad laboral. Esto es, los juicios que por enfermedad o discapacidad inician los trabajadores a sus empleadores.
Falso. En Santa Fe, provincia que no adhirió a la nueva norma impulsada por el macrismo, la litigiosidad bajó de los 15.666 juicios iniciados en 2016 a 11.428 de 2018.
El investigador de la Universidad Nacional de Rosario y médico especializado en asuntos laborales, Jorge Kohen, explicó que “este dato echa por tierra la necesidad y urgencia que tiene Santa Fe para adherir a la reforma de la ley de riesgos de trabajo para combatir la desocupación y garantizar la reactivación económica”.
Los impulsores de la ley que va en contra de las conquistas de los trabajadores muestran que, desde que la Nación sancionó y varias provincias adhirieron a ella, se redujo el número de juicios.
Según un informe de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) entre 2017 y 2018 la litigiosidad cayó un 40 por ciento. Sin embargo, los accidentes laborales sólo se redujeron en 6 puntos. Es decir que no hubo mejores condiciones de higiene y salubridad en los lugares de trabajo, sino menos chances de las víctimas de acceder al Poder Judicial para hacer valer sus derechos.
M’ijo el doctor
El acceso a la justicia –o mejor dicho, su dificultad para arribar a un juzgado laboral– es la principal crítica que los sindicatos y organizaciones de trabajadores realizan a la nueva ley.
La reforma dispone a esas comisiones como instancia administrativa previa, única, obligatoria y excluyente para reclamar por una discapacidad, enfermedad o siniestro laboral.
Les otorga 60 días hábiles prorrogables para determinar, si se trata de una enfermedad laboral, cuál es el grado de discapacidad y la indemnización.
Si el trabajador no está conforme con la decisión de la Comisión Médica tendrá sólo 45 días para acceder a la vía judicial (la ley de Contrato de Trabajo establece un período de dos años). Y de hacerlo, en el caso de que la Comisión hubiera dictaminado una indemnización insuficiente, el camino judicial será “suspensivo” de la disposición administrativa.
Eso significa que si el trabajador o trabajadora quiere reclamar una diferencia en su favor, por considerar insuficiente la indemnización establecida por médicos (¡sí, por médicos!), no podrá percibirla hasta que finalice el proceso judicial.
La Corte Suprema declaró inconstitucional la obligatoriedad de las comisiones médicas, para darle carácter voluntario. Macri las dotó de todo el poder para reemplazar en los hechos a los juzgados laborales, contrariando aquél fallo.
La Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, que se opone a la adhesión, señaló que las comisiones médicas “carecen de idoneidad para investigar los accidentes y enfermedades del trabajo, las condiciones y medioambiente, y la relación entre estos y las enfermedades”.
Explicó que “están compuestas exclusivamente por médicos, que sólo están capacitados para determinar enfermedades y grados de incapacidad. No los integran ingenieros o técnicos en seguridad en el trabajo, ni otros especialistas, ni se prevén las inspecciones a los lugares de trabajo”.
Sigue los laboralistas rosarinos: “Los médicos que las integran no son funcionarios públicos, careciendo por lo tanto de estabilidad y sus gastos son financiados parcialmente por las ART, por lo que no ofrecen garantías de la debida imparcialidad”. Un caso de doctor Cureta.
En pala
Como expusieron múltiples voces durante la audiencia pública que se realizó esta semana en la Cámara de Diputados santafesina sobre el asunto, el sistema de riesgos del trabajo debería establecer su eje en la prevención de los siniestros en el ámbito laboral. Es decir, mejorar las condiciones de trabajo, higiene y seguridad para evitar accidentes.
No es lo que ocurre. Según el “Informe Provisorio de Accidentabilidad Laboral” de la SRT para 2018 hubo 669 muertes laborales. Casi dos muertes por día. Los siniestros no letales treparon a casi 1.500 por cada jornada.
La creación del sistema de ART desvirtuó la idea de la prevención. Las empresas contratan el seguro como modo de desligarse del costo de pagar empleados y empleadas accidentadas. Pero las ART suelen hacerlas corresponsables de esos siniestros, por lo que pagan dos veces.
¿Cómo se sostienen las ART? Según quedó expresado en la audiencia de Diputados, la relación entre los ingresos por cuota que pagan las patronales y los egresos por accidentes, incapacidades e indemnizaciones es negativa para las empresas del sistema.
¿Por qué no quiebran? Porque el dinero que absorben en concepto de cuota lo timbean y les reporta una enorme rentabilidad.
El economista Sergio Arelovich definió con claridad, en un trabajo que recoge la CTA de los Trabajadores de Santa Fe, que “las ART son empresas financieras antes que compañías dedicadas a asegurar riesgos del trabajo”.
Sus activos son esencialmente financieros, tienen ingresos por participar de la especulación con títulos, acciones, moneda extranjera. Bicicleta financiera. Y el dinero recaudado no tiene por destino disminuir la siniestralidad, sino incrementar la ganancia especulativa.
Un artículo de la CTA santafesina señala que “en su reciente estudio de julio de 2019, el especialista mostró que entre diciembre de 2017 y el mismo mes de 2018, se incrementó en un 129 por ciento el resultado financiero de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. En 2018 el saldo positivo entre las pérdidas y las ganancias por la actividad especulativa fue de 5.805 millones de pesos. Es decir, 15.904.109 (quince millones novecientos cuatro mil ciento nueve) de pesos por día, 662.671 por hora”.
La carga que supone el seguro de riesgos del trabajo para los empleadores no es equitativa. Las Pymes, que abonan por pocos empleados, llegan a pagar hasta tres veces más por cada uno que las grandes empresas, que lo hacen hasta por 5 mil trabajadores y trabajadoras.
Durante la audiencia en Diputados, la CTA de los Trabajadores y otras organizaciones gremiales pidieron el archivo del expediente que tuvo media sanción en el Senado, entre gallos y medianoche.
Además de los argumentos antes expuestos, señalaron que tras el resultado de las Paso que dejaron tambaleando a Macri, avanzar en este tipo de normas flexibilizadoras de los derechos laborales contraría el voto de casi el 70 por ciento de los argentinos.
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