En los últimos días, el candidato de la oposición más votado en las Paso, Alberto Fernández, junto a su equipo de colaboradores, le dio relevancia a dos encuentros clave pensando en las primeras medidas de un posible futuro gobierno si se repite o agiganta la diferencia a su favor en las elecciones generales del 27 de octubre. En reunión con los curas villeros, el candidato presidencial del Frente de Todos dijo que la “prioridad” será enfrentar la crisis social y la emergencia alimentaria: achicar la brecha entre ricos y pobres, que, según estadísticas públicas y privadas, se ensanchó durante la administración Cambiemos. El otro encuentro fue con pequeños y medianos empresarios y gremialistas industriales, quienes presentaron sus propuestas direccionadas a volver a encender las máquinas de las fábricas después del apagón neoliberal.

Fernández, en cada entrevista que da, asegura que buscará reactivar el mercado interno, sacar a la economía de la recesión, fomentar políticas de reindustrialización, volver a generar empleo, domesticar la inflación (agenda pyme). Al mismo tiempo, el país deberá hacer frente –y renegociar– una mega deuda externa, en su mayor parte contraída con el Fondo Monetario Internacional. Una cosa no está separada de la otra, pero hay “prioridades”.

La crisis financiera que atraviesa la Argentina repercute de manera negativa sobre la economía real y las condiciones de vida de la mayoría de la población. En un contexto de problemática sociolaboral, el Congreso, empujado por la protesta callejera de los movimientos sociales, finalmente sancionó la ley de emergencia alimentaria, que reforzará partidas para comedores y merenderos.

Atender el hambre, dijo AF, es “urgente” pero no deja de ser un paliativo y no “un objetivo de gobierno”, dando a entender que la cuestión principal pasa por cambiar el modelo económico que inició el macrismo y que, según el candidato opositor, “terminó creando cinco millones de pobres más”. Mientras, al otro lado de la grieta, Miguel Pichetto habla por él (“Kicillof es marxista”) y por Mauricio Macri y repite, en modo campaña, que “en la Argentina no hay hambre” y que todos los reclamos de los piqueteros guerrilleros choriplaneros obedecen a una campaña montada por el Papa Francisco. La rancia intolerancia que chorrea el discurso del senador y candidato a vice por el oficialismo se contrapone a una realidad angustiante de los sectores populares.

Por políticas devastadoras acordadas entre la Casa Rosada y el Fondo, más no el Vaticano, el ajuste macrista recae con mayor peso sobre los que menos tienen. Jubilados y pensionados, por poner un ejemplo, encabezan el injusto ranking de recortes en el gasto público que lleva adelante el gobierno, siguiendo recetas del organismo multilateral de crédito. En la otra punta etaria, según un informe del Centro de Economía Política (Cepa), el 90 por ciento de los niños y niñas que reciben la asignación universal por hijo (poquito más de dos mil pesos mensuales) no llega a cubrir las necesidades básicas alimenticias, con un desfase de por lo menos 30 por ciento.

Achatar ingresos y salarios fue uno de los principales objetivos del macrismo. El poder adquisitivo promedio de un asalariado está como en 2001. De acuerdo al Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, durante la era M los salarios perdieron hasta 30 por ciento de su poder de compra. Si se mide en dólares, incluso, la caída llega hasta el 50 por ciento. En todos los gremios se redujeron ingresos de los trabajadores, que, según el establishment empresarial, el kirchnerismo había dejado demasiado altos y por eso reclamaban licuarlos.

El salario compra mucho menos porque, entre otras cosas, hay alta inflación con recesión. En efecto, la inflación mayorista de agosto, según el Indec, fue del 11,2 por ciento y acumuló casi 63 por ciento en un año. El peso se devaluó fuerte después de las Paso y las empresas quieren dolarizar ganancias, pese a que en el país reina la incertidumbre y el descalabro económico y el consumo se viene a pique. El traslado a precios por el salto que dio el dólar después de las elecciones primarias del 11 de agosto sucedió a velocidad turbo y se nota más en productos de primera necesidad.

La inflación mayorista estiró diferencias con el índice de precios al consumidor (inflación minorista) durante el mes pasado, que según el Indec fue del 4 por ciento. En este sentido, especialistas anticiparon más inflación para los próximos meses y un recalentamiento global en las góndolas para septiembre, mes para el que ya se estima una inflación superior al 6 por ciento, mientras que el aumento general de precios para todo 2019 llegaría al 55 por ciento. El programa IVA cero y el plan Precios Esenciales no estarían siendo del todo efectivos, menos el congelamiento derretido para el precio de los combustibles.

Otro punto clave para revertir la debacle será retomar un modelo industrializador, después del sistemático cierre de empresas ocurrido durante el macrismo. Somos subcampeones en básquet, tras el gran Mundial que hizo en China el seleccionado nacional dirigido por Sergio Hernández, pero campeones en industricidio. Hace cuatro trimestres que la Argentina presenta la mayor caída de la actividad fabril a nivel global. Industriales pymes proponen salir del pozo estimulando el consumo y la producción, para así dinamizar el mercado interno.

Cámaras empresarias pymes y gremios industriales coinciden en describir un panorama desolador. La actividad sigue en caída libre. La producción manufacturera lleva quince meses seguidos de retrocesos. Por su lado, la Unión Industrial Argentina (UIA), parte de su conducción decepcionada con Macri, advirtió que la devaluación y la alta tasa de interés, que alentó la especulación financiera por sobre la producción y encareció el crédito, terminaron por enterrar señales de recuperación en el sector y anticipó que el retroceso se profundizará. La contracción más fuerte se da en el sector automotor, que también pide ser declarado en emergencia.

Semejante deterioro fue acompañado por un sostenido proceso de destrucción de empleo fabril y precarización del trabajo. En rigor, la desocupación nacional aumentó al 10,6 por ciento en el segundo trimestre de este año, según datos del Indec. Se trata de un incremento de un punto porcentual en la medición interanual, esto es, más de 250.000 nuevos desempleados en un año.

Las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, sienten el frenazo en el consumo popular, afectadas por la pérdida de poder adquisitivo del salario, tarifazos, incremento de costos y la entrada indiscriminada al país de productos importados. “Macri deja tierra arrasada”, se ataja el candidato del Frente de Todxs, mientras escucha reclamos de casi todos los sectores económicos.

El dólar se fue de 45 a 60 pesos después de las Paso y el sacudón llegó rapidito al consumidor. La Justicia investiga si la megadevaluación fue propiciada por Macri, que se despachó con un discurso rencoroso y vengativo horas después de la paliza en las urnas. La lujuria verde parece haber sido consentida por el propio presidente de la Nación para asustar a los votantes y culpar al más votado en las primarias. Macri dijo que el dólar se vaya a donde se tenga que ir, generó pánico financiero y retó a los argentinos para que aprendan a votar, gilunes.

La actual crisis financiera se visibiliza también en el goteo de reservas, en menos de dos meses una caída de casi 20 mil millones de dólares, y la quita de depósitos de los bancos por parte de los ahorristas, unos 10.000 millones de dólares en el último mes, mientras la tensión cambiaria está latente. El modelo estalla, la situación económica y social, que en definitiva llevó al oficialismo a una dura derrota en las Paso, empeoró y se reperfila como para agravarse antes de los comicios del 27 de octubre.

El economista Santiago Fraschina opinó que “es sentido común que el FMI no le dé 5.400 millones de dólares a un gobierno que no puede definir políticas económicas. Si no viene el desembolso va a haber más incertidumbre, se va a profundizar el retiro de depósitos del sistema financiero y caerán las reservas del Banco Central”.

Por su lado, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, admitió que “hubo inconsistencias en el programa económico”, al presentar proyecciones del Presupuesto 2020, donde la deuda tiene prioridad. Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) dio cuenta que el próximo gobierno deberá afrontar vencimientos de deuda por más de 200 mil millones de dólares: 170 mil en moneda extranjera, más de 50.000 con el FMI.

Más allá del problema de la deuda y la relación con el Fondo, problemones para el que se ponga la banda presidencial, es prioridad que la definición económica del nuevo gobierno apunte fuerte a los de abajo y a la denominada clase media, para empezar a emparejar otra vez el partido.

 

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