La suma de 5 mil pesos para trabajadores del sector privado, de pago dudoso, en cuotas y a cuenta de paritarias, está lejos de compensar el recorte salarial. Para atender sólo la inflación post Paso, debería ser mínimo de 15 mil pesos, según datos del Cepa.

Uno de los principales objetivos de la política económica neoliberal de Cambiemos, apadrinada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), fue hachar salarios e ingresos de la población. Con las elecciones generales del 27 de octubre pisándole los talones, con la dura derrota en las Paso a cuestas, el macrismo primero consintió que en el país que gobierna desde 2015 hay una creciente inseguridad alimentaria, una ley ganada en la calle por movimientos populares en un contexto de mayor desigualdad social. Y al mismo tiempo intenta con desesperación emparchar el enorme agujero negro que deja el feroz ajuste sobre trabajadores y trabajadoras.

Se estima que en la era M la pérdida de poder adquisitivo del salario real, en otros retrocesos, fue en promedio del 20 por ciento. Así, para que un bono compense y le permita al trabajador recuperar poder adquisitivo comparado con 2015, el pago de la ayuda salarial debería ser de 250 mil pesos, según dimensionó la consultora Synthesis. Sólo para suavizar el rebrote inflacionario ocurrido después de las Paso del 11 de agosto pasado, con fuerte suba de precios en productos de primera necesidad, la inyección monetaria debería alcanzar al menos los 15 mil pesos, de acuerdo a cálculos que hicieron desde Centro de Economía Política de la Argentina (Cepa).

El anuncio del bono que no es bono tuvo un contexto. Las perspectivas de inflación, que ya venían altas, se modificaron sensiblemente a partir de la brusca devaluación de mediados de agosto pasado: proyecciones públicas y privadas la ubican en 55 por ciento para todo el año, incluso algunos por encima del 60 por ciento, todo depende de la tensión cambiaria.

“El efecto del incremento en las expectativas inflacionarias (de 40 a 55 por ciento, según el Banco Central) implica que si se quisiera equiparar el poder de compra habría que adosar en septiembre de 2019 la suma de 14.480 pesos. Es decir, la pérdida derivada de la inflación adicional de 15 puntos para sólo cuatro meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) alcanza dicho monto”, indicaron desde el Cepa, para remarcar, no obstante, que “la equiparación de poder adquisitivo que podría realizarse con una suma fija por única vez no revertiría la tendencia descendente que experimentan los salarios” durante la gestión Cambiemos.

Si bien el gobierno de Macri impostó una celebración tras el acuerdo entre cámaras patronales agrupadas en la Unión Industrial Argentina (UIA) y gremialistas de la CGT por una “recomposición” salarial de 5 mil pesos para empleados del ámbito privado a cuenta de futuros aumentos en paritarias, a diferencia de lo ocurrido en el sector público nacional, hubo muchos empresarios, sobre todo pequeños y medianos, que pusieron sus reparos y dieron a entender que no existen condiciones favorables para poder cumplir con su pago en tiempo y forma. Aunque “entienden la necesidad de intentar recuperar el deteriorado mercado interno”, según un comunicado de prensa firmado por varias pymes, algunas en “estado de emergencia”, otras en “estado terminal”. 

Macri deja una herencia de 23 mil pymes cerradas y 145 mil empleos industriales menos, situación que reconfigura al bono en curita para una herida profunda.

La movida del gobierno de impulsar un plus salarial, en medio de la campaña, busca rédito en el cuarto oscuro: intenta garantizar paz social cuando falta un mes para los comicios generales, aunque la medida no tendrán un impacto notorio en una economía recesiva ni dará el shock productivo que necesita, porque apenas responde a una coyuntura plagada de urgencias, en medio de una crisis en expansión.

La “ayuda” persigue el propósito de, por un lado, atenuar el impacto inflacionario pos Paso, sobre todo en alimentos, y por otro poner algo de dinero en los bolsillos más castigados rumbo al 27 de octubre venidero. Al oficializar el pago de la “asignación no remunerativa”, Cambiemos reconoció que la medida está relacionada a la hecatombe económica-financiera que atraviesa la Argentina, situación que el oficialismo intenta ligar al resultado de las Paso y a la “incertidumbre electoral”, cuando en realidad es todo fruto de su experimento neoliberal, las mismas recetas ajustadoras que ya tuvieron una primera reprobación generalizada en las urnas de las elecciones primarias.

El llamado bono no se trata de suma fija, ni pago extraordinario, ya que esos 5 mil pesos serán absorbidos por las próximas paritarias de cada sindicato. Su carácter será no remunerativo, lo que permite a empleadores aliviar cargas patronales, como pago de jubilación y obra social. Según el gobierno, el bono se podrá pagar “en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes”, mientras que “la suma se compensará en próximas revisiones salariales”. El anuncio, de igual manera, deja afuera a unos cinco millones de empleados formales de todo el país, entre ellos del sector agrario, casas particulares y también obreros de la construcción.

“El bono tiene el mismo valor nominal que hace un año, cuando la inflación interanual acumula 55 por ciento. El bono sólo cubre a asalariados registrados en relación de dependencia: quedan afuera los trabajadores no registrados y desocupados (aunque este último universo estaría siendo considerado para su incorporación). Desde el sector empresario y particularmente entre las pymes consideraron en cada una de las declaraciones de imposible cumplimiento dada la dificultosa situación por la que atraviesan”, se describió en el informe del Cepa.

Más allá de la limosna después de la megadevaluación, el salario, como se mencionó al comienzo de esta nota, fue una de las principales variables de ajuste del macrismo. Pero, el salario real no es sólo poder de compra: incide sobre la actividad económica, sobre la distribución del ingreso y también altera la agenda política y sindical, según consideraron desde el Cepa.

“Si se analiza desde la evolución del PBI, dado que el consumo representa el 65 por ciento del crecimiento del mismo, un retroceso en el poder adquisitivo sin dudas impacta negativamente en la evolución del mismo. A la vez, la pérdida de poder adquisitivo va acompañada de un proceso regresivo de distribución del ingreso. De hecho, según datos de Cifra-CTA, se pasó de una participación de los trabajadores en el ingreso de 53,2 en 2015 a 47,4 por ciento en 2019”, señaló el reporte.

Para luego concluir: “El hecho afecta la agenda sindical y social. Tanto los despidos como la pérdida de poder adquisitivo concentran la atención de la agenda laboral y quedan a un lado reivindicaciones más complejas asociadas a la tercerización laboral o formas de precarización menos visibles”.

El default laboral que dejará el macrismo contiene suba del desempleo y en los niveles de precarización, consumo planchado, cierre de fábricas a diario y contracción en el poder de compra del salario. “El poder adquisitivo de los asalariados registrados perdió aproximadamente 17 por ciento, mientras que el salario mínimo vital y móvil cayó 33 por ciento”, indicaron desde la consultora Synthesis.

En el mismo sentido, completaron: “El haber mínimo jubilatorio y la asignación universal por hijo (AUH) cayeron 20,5 y 6,3 por ciento, respectivamente. Los jubilados que cobran la mínima y aquellos beneficiarios de la AUH deberían cobrar un bono de más de 60 mil y casi 9 mil pesos para recuperar poder de compra”.

La consultora dirigida por el ex titular del Banco Central durante el kirchnerismo Alejandro Vanoli, planteó que “el resultado de las elecciones Paso de agosto quebró la calma cambiaria y con el nuevo salto del dólar, cercano al 25 por ciento, la inflación se aceleró y superará las estimaciones anteriores”. 

Así, desde que asumió Cambiemos, “los asalariados fueron uno de los sectores más perjudicados por la política económica del gobierno”.

Para Synthesis, en los últimos cuatro años predominó “la lógica empresarial de que los salarios forman parte del costo a reducir” y no constituyen “un elemento de fomento a la demanda interna”, por lo cual era “necesario reducirlos”.

Lógica fomentada por políticas neoliberales de Macri y el FMI que terminó por convertirse en un búmeran para el oficialismo y no hizo más que agrandar la brecha entre ricos y pobres en términos de ingresos, con el consecuente impacto negativo en el tejido sociolaboral. El modelo Cambiemos deja un país con más desocupados, hambreados y empobrecidos. Y eso de bueno, más allá del bono, no tiene nada.

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