La Cámara Federal porteña concedió la excarcelación al empresario Gerardo Ferreyra, propietario de Electroingeniería, en la causa impulsada por el polémico juez Claudio Bonadío, abierta a raíz de unas fotocopias de presuntos cuadernos de un ex sargento del Ejército y ex remisero del Ministerio de Planificación Nacional.
La Justicia dispuso que tal beneficio esté sujeto a la caución real que debía fijar Bonadio, quien estableció que el monto sea de 50 millones de pesos, según informó la agencia oficial de noticias Télam.
La decisión fue tomada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la sala I del tribunal de apelaciones, quienes determinaron que no existen riesgos procesales que justifiquen que continúe la detención de Ferreyra; quien tenía concedido el arresto domiciliario con tobillera electrónica por razones de salud desde el 14 de junio.
Este miércoles, en diaĺogo con Radio Con Vos, Ferreyra analizó las causas políticas de su detención y remarcó que también “hay una razón geopolítica”. “Creo que la detención mía, principalmente, se debe a razones geopolíticas. Nosotros no estamos asociados a las represas de Santa Cruz para hacer un proyecto comercial. Es una obra para mejorar el país”, señaló el empresario.
“Mi excarcelación es porque yo no tuve nunca una causa en democracia. Esta es una causa que, en el caso nuestro, no tiene ningún fundamento legal para ser llevada adelante”, destacó el vicepresidente del Grupo Electroingeniería.
Sobre las presiones que denunció para que se acoja a la figura del “arrepentido” y ensucie en la causa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Ferreyra planteó que “entre los empresarios, fui el más extorsionado”. “Los que optaron por la vía del arrepentimiento aceptaron dar un testimonio falso. El objetivo era sacarme de ese proyecto (el de las represas) que ganamos limpiamente”, remarcó.
En su dictamen, los jueces de la Cámara Federal valoraron este miércoles “la carencia de antecedentes penales computables y, fundamentalmente, que en estas actuaciones se halla agotada la investigación, habiendo señalado el propio Ministerio Público Fiscal que no se advierte, en lo inmediato, la necesidad de producción de medidas relevantes que pudieran ser obstaculizadas por el aquí imputado”.
Ferreyra fue detenido el 6 de agosto de 2018, y fue uno de los pocos empresarios que no pidió ser aceptado como imputado colaborador en la causa penal abierta a raíz de las fotocopias de los cuadernos del remisero y ex sargento del Ejército Oscar Centeno, que no se aportaron al expediente ni fueron peritados porque el propio autor los quemó, según su declaró a la Justicia.
En septiembre del año pasado, el vicepresidente de Electroingeniería dejó en claro en una carta por qué no cedía “a las presiones” para acogerse a la figura del arrepentido, con la que otros empresarios consiguieron la libertad luego de acusar de coimeros a los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.
En aquella misiva, Ferreyra ratificaba que no se arrepentía de su actuación al frente de la firma Electroingeniería. “No me arrepiento porque nunca hemos dejado una obra inconclusa, firmado contratos con sobreprecios ni pagado coimas” dijo el empresario ese momento.
«No se verifica en este supuesto, la concurrencia de indicadores de riesgos con suficiente entidad como para sostener que la restricción personal impuesta a Ferreyra sea la única alternativa viable a los fines de garantizar la concreción del derecho», sostuvieron los camaristas en el fallo que le otorgó la excarcelación.
Además de estar al frente de Electroingeniería, Ferreyra fue preso político de la última dictadura cívico militar, durante nueve años.
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