“¿Cuántas horas hay en una semana de 5 días?” “¿Las maestras y maestros se enojan con ustedes?” “¿Alguien de tu familia recibe Asignación Universal por Hijo u algún otro programa social?” Algunas de las preguntas que formaron parte de las primeras pruebas estandarizadas Aprender, realizadas en 2016 en todo el país.
Ni la semana tiene 5 días, ni la AUH es un programa social ni “enojarse” es un valor necesariamente negativo o positivo en sí mismo en una clase. Sin embargo, el mayor problema de estos operativos de evaluación nacional aplicados desde 2016 por el gobierno de Cambiemos es el carácter punitivista y de negocio que tienen; además de haberlas convertido en su principal estandarte de campaña: cada vez que pueden alardean de que “ahora se mide”, “ahora hay transparencia”, “ahora hay resultados” de lo que pasa en educación.
Aprender, se presentó en el primer año de gestión de Cambiemos. En la página oficial se explica que tiene como objetivo “obtener y generar información oportuna y de calidad para conocer mejor los logros alcanzados y los desafíos pendientes en torno a los aprendizajes de los estudiantes para contribuir a procesos de mejora educativa continua”.
Desde el presidente Macri hasta el funcionario de menor rango repiten todo el tiempo que “antes” no se evaluaba. Primera mentira. El capítulo III de la ley nacional de educación 26.206, aprobada en 2006, se refiere a la Información y Evaluación del Sistema Educativo (artículo 94) y donde se fija la responsabilidad del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología “en el desarrollo e implementación de una política de información y evaluación continua y periódica del sistema educativo para la toma de decisiones tendiente al mejoramiento de la calidad de la educación, la justicia social en la asignación de recursos, la transparencia y la participación social”. En el marco de esta normativa es que hasta diciembre de 2015 se aplicaban los Operativos Nacionales de Evaluación –ONE– tanto para escuelas primarias como secundarias.
Apenas conocido el operativo Aprender la docencia argentina y las y los estudiantes expresaron su rechazo y salieron a repudiarlo públicamente. No en pocas escuelas de todo el país, además de manifestarse en contra, se negaron a ser parte de estas pruebas. Desde la Ctera denunciaron desde el inicio que estos exámenes concebían a la evaluación como un fin en sí mismo y con características punitivistas. Los cuestionamientos también se centraron en aspectos pedagógicos, al señalar que las pruebas estandarizadas desconocen el contexto donde las chicas y chicos aprenden, la integración de los contenidos, además de desconocer que la evaluación es parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje.
Con el correr de la gestión de gobierno de Cambiemos, se afianzó esa idea –advertida por la Ctera– de que la evaluación es para estas políticas “la solución a todos los problemas y como la posibilidad de alcanzar ‘la calidad educativa’”. “Desde nuestra organización sindical sostenemos que la perspectiva de la evaluación que este Ministerio intenta imponer, como «rendición de cuentas» se reduce a controlar, medir y rankear, para justificar los ajustes en educación, bajar la inversión estatal y reducir el presupuesto educativo. Todo ello con la clara intención de abonar el terreno para la privatización educativa y responder así a los intereses de las empresas que pretenden lucrar con la educación”, advertían desde Ctera en marzo de 2017.
Los señalamientos de la Ctera no fueron ni falaces ni descabellados. En el informe “El presupuesto educativo entre 2016 y 2019: Degradación del financiamiento y debilitamiento de las políticas nacionales”, realizado por varias universidades nacionales (puede leerse completo en aulaabierta.unahur.edu.ar) se ofrecen datos concretos del ajuste en educación en estos años en distintas áreas. También que “la partida para evaluaciones educativas es una de las pocas que exhibe un importante incremento, tanto nominal como real entre 2016 y 2019. Esto se explica por la decisión de realizar costosas evaluaciones estandarizadas censales”.
Junto a la aplicación del operativo Aprender se multiplicaron las ONG, fundaciones y expertas/os educativos que pusieron mano a los resultados para ofrecer sus servicios educativos. Una versión de cabotaje de lo que ya se sabe hacen las grandes empresas –mayormente editoriales– con las Pruebas Pisa que impulsa la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) a nivel mundial. No por vocación ni amor a la enseñanza, claro.
